Tras 600 días en el cargo, una serie de legisladores de la Cámara Baja han preferido “ocultar” sus patrimonios sin aparente razón.
Ser legislador es una posición con múltiples beneficios, pero con reglas a seguir para poder acceder a ellos o mantenerlos. Y Una de ellas es la presentación de la declaración jurada de patrimonio (DJP), una acción obligatoria por Ley que deben cumplir tanto al inicio como al término de su mandato.
Sin embargo, cuatro diputados han optado por hacer caso omiso a lo que dice la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, y mantener ocultos sus bienes, empresas, cuentas de banco, deudas, entre otros detalles que deben incluir en el documento a presentar.
Específicamente, los diputados Geraldo Antonio Concepción Vargas, Dulce Mercedes Quiñones y José Miguel Cabrera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Lourdes Josefina Aybar Dionisio, de la Fuerza del Pueblo, dejaron vencer el plazo de 30 días que otorga la Ley para presentar su declaración jurada.
Los cuatro aparecen en la última actualización del “Listado de funcionarios electos identificados que no han presentado su DJP” publicado por la Cámara de Cuentas.
Pero estos cuatro no son los únicos, al menos del actual tren legislativo, ya que unos seis legisladores de la Cámara Baja que fueron reelegidos para el período 2020-2024 no han querido actualizar su DJP.
En ese renglón aparecen los diputados Sergio Moya, José Francisco Santana Suriel y José Luis Rodríguez Hiciano, del PRM; Lupe Núñez y Víctor Valdemar del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Héctor Darío Féliz (Pirrin) del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Más allá de que estos son diputados que actualmente se encuentran en actividad, la lista mostrada por la Cámara de Cuentas incluye también 92 nombres de legisladores que antes ocuparon el puesto y al salir no cumplieron con la Ley 311-14.
¿Qué ocultan?
¿Qué razones tienen estos diputados para no presentar su declaración jurada o que no quieren mostrar?
Aunque no existen las declaraciones juradas de los primeros cuatro legisladores mencionados, colocando sus nombres en buscadores digitales se pueden encontrar distintas vinculaciones.
El sitio web Open Corporate, que contiene la base de datos abierta más grande de compañías en el mundo, indica que bajo el nombre del diputado Geraldo Antonio Concepción Vargas hay registrado una compañía de nombre “Fundación Luz y Cielo Funluci”, información que está confirmada en los registros de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi).
También aparece el nombre de la diputada Lourdes Aybar, junto al de su esposo y también exlegislador Elías Rafael Serulle, con una empresa de nombre “Evolution Global Team”.
Lourdes Aybar, quien sustituyó a su esposo en el pasado período legislativo luego de que él fue nombrado como embajador de Turquía, tampoco presentó su declaración jurada, por lo que tiene varios años en falta.
A nombre de la legisladora Dulce Mercedes Quiñones aparece vinculada una empresa que, según indica el sitio web, ya no está activa y que se llamaba “SERFIR”.
En el caso del diputado José Miguel Cabrera, una antigua biografía de él que guardan los archivos de la Cámara de Diputados, indica que es fundador de tres empresas: Promotora e inmobiliaria Lazula y una compañía minera de nombre Diconcisa.
Por otro lado, los diputados Sergio Moya y Héctor Darío Féliz, que están pendientes de renovar sus declaraciones juradas, guardan vinculaciones con la justicia.
ACUSACIÓN
En el caso de Moya, conocido como “Gory” fue acusado en julio de 1998 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de lavar unos 300 millones de dólares junto a otras 14 personas, pero dos años después fue descargado por “insuficiencia de pruebas”.
Mientras que Pirrín fue involucrado en la Operación Falcón por supuestamente usar su condición de legislador para ayudar a Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna y señalado como uno de los principales encartados en el caso.
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