Los Centros de Retención vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de la Policía Nacional han ocupado los principales titulares de los medios de comunicación en los últimos días.
Esto se produjo luego del incidente ocurrido en el antiguo canódromo “El Coco” en donde agentes agredieron a los reporteros del equipo de la oficina del Defensor del Pueblo.
El atropello se produjo cuando, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se aprestaba a ingresar al interior del canódromo para inspeccionar el funcionamiento del mismo, luego de que ciudadanos denunciaran que se cometen allí irregularidades en los procesos al momento que el usuario iba a sacar su vehículo del centro ubicado en plena avenida Monumental en el Distrito Nacional.
Esas denuncias no solo se quedan allí, pues en Santo Domingo Norte, justo en la calle Las Flores se encuentra el Centro de Retención Vehicular Villa Mella, sobre el cual también pesan denuncias de irregularidades.
“Eso ahí es un abuso, tú ves que ponen a los pobres motoristas a dar más de seis viajes; a veces los devuelven hasta por una copia, que ellos mismos pueden sacar de ahí, pero lo que les gusta es jugar con el tiempo del otro”, expresó a Luis Manuel, cuya casa queda precisamente al frente del canódromo de Santo Domingo Norte.
Mediante una visita realizadas por reporteros de este medio, se pudo notar que dentro del mismo hay carros que parecieran “tener años” dentro, debido al deterioro que presentan, pero también se observaron motores y vehículos en buen “estado” y que parecieran recién llevados al lugar.
“Yo espero que ustedes le den duro a eso; esa gente tiene una mafia ahí y quitan los motores por quitarlos. Tú ves que agarran un motorista, con todo y sus papeles y se lo quieren llevar, ni le preguntan ni nada, simplemente lo montan y así no debe de ser. Yo lo puedo entender cuando estén en falta o algo por estilo, pero en muchas ocasiones no es así y salen los pobres conductores afectados”, narró Manuel Solano, quien es motoconchista y se acercó a los reporteros al ver que se encontraban haciendo fotografías del lugar, por dentro de las verjas ya que el mismo se encontraba bajo llave sin nadie autorizado a recibir a los miembros de la prensa.
De acuerdo con un documento obtenido por este medio de parte de la Digesett, hasta el 13 de abril, unos 33,585 vehículos se encontraban retenidos; esos se distribuían en 31,292 motocicletas y 2,293 “vehículos”.
Tanto el canódromo de Santo Domingo Norte, como el del Distrito Nacional, son solo dos de los centros de retenciones vehiculares que existen en el país; en el Canódromo el Coco hay 22,552 vehículos retenidos, divididos en 21,085 motocicletas y 1,467 vehículos, mientras que en el de Villa Mella hay 5,226 retenciones, a distribuir en 5,128 motocicletas y 98 vehículos.
También aparecen el “CRV Chatarra”, el cual según una investigación de este diario es un espacio que tiene la Digesett donde únicamente depositan vehículos que son considerados inservibles por el tiempo que se mantuvieron retenidos sin ser reclamados. Allí hay 3,074 motocicletas y 585 carros apilados, ocupando un espacio a la espera de una decisión sobre qué hacer con estos, responsabilidad que recae sobre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
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Otros centros de retención
También se encuentran los centros de la Independencia, Oriental y Marbella, que entre todos suman 2,005 motocicletas y 143 vehículos retenidos. En una visita por el localizado en la Independencia se encuentran carros y motores en mucho mejor estado en contraste con los demás canódromos.
Los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo y la prensa fueron agredidos por miembros de la Digesett, cuando trataban de realizar una inspección ante las denuncias de la forma en que está siendo administrado el Canódromo. En el hecho, los agentes del Canódromo secuestraron la cámara fotográfica y un celular de este diario, además de destruir el equipo de CDN.
Tanto la cámara y el celular fueron retornados a la redacción al día siguiente, sin embargo, el celular había sido “reseteado”, borrándoles todos los documentos que contenían, incluyendo las fotografías y videos del accidente. El presidente Luis Abinader anunció que habría consecuencias contra los actuantes del hecho.
La Digesett comunicó ese mismo lunes la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien fungía como la comandante del departamento del Centro de Retención Vehícular y se designó en su lugar al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue enfático en señalar que esa no debe de ser “la medida definitiva”.
Obispo sugiere su desmantelamiento
El obispo de la diócesis La Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, sugirió que el Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de la Policía Nacional, instalado en el antiguo Canódromo El Coco, sea desmantelado tras el incidente ocurrido alrededor del mediodía del pasado lunes, en donde agentes de la entidad agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y reporteros del LISTÍN DIARIO y CDN.
“Tenemos que detenernos a analizar el incidente del Defensor del Pueblo y las autoridades de la DIGESTT, el canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad”, manifestó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.
Se recuerda que la Digesett comunicó ese mismo lunes la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien fungía como la comandante del departamento de Centros de Retención Vehícular y se designó en su lugar al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue enfático en señalar que esa no debe de ser “la medida definitiva”.
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