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La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, considera que la permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción.
“Constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo por un plazo determinado”, dijo la exjueza antes de citar el Banco Central, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo como ejemplos contrarios.
La alternativa que propuso la magistrada durante la rendición de cuentas de lo que va de su gestión es la institucionalización del cargo y los procesos para ocuparlo.
En su discurso, Germán Brito afirmó que no se subordinarán a ningún órgano infraconstitucional, ni permitirá el control administrativo aunque siempre actúen en el marco de la cooperación horizontal entre los poderes y los órganos del Estado. De lo contrario, comprometería la autonomía que nos la Constitución.
Según la magistrada, aunque la autonomía que la Constitución atribuye al Ministerio Público es complementada por una Ley Orgánica que no deja espacio para instrucciones o interferencias del Poder Ejecutivo, esto no significa que no deba mantener relaciones de coordinación con otros órganos e instituciones del Estado, ya que estas acciones e interrelaciones son necesarias.
Lo anterior se debe, y en palabras de Germán Brito, a que la efectividad de la persecución penal está interconectada a las funciones de investigación, análisis forense o control de las finanzas públicas y privadas que ejercen otras instituciones.
“De ahí que la independencia funcional del Ministerio Público no nos exime del deber de cooperación institucional para el logro de objetivos comunes en beneficio de la sociedad dominicana”, puntualizó.
La magistrada afirmó que mientras esté dirigiendo la Procuraduría General de la República abogará por la transformación institucional de esa institución, “comprometidos a cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación institucional”.
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