Mientras el Estado ignore cuál es el tamaño, el valor y la condición legal del conjunto de sus bienes materiales, y esa información no esté registrada y al acceso de todos los dominicanos para vigilar que nadie la asalte para su provecho personal o de grupos, la lucha contra la corrupción será incierta y se quedará en el nivel testimonial.
Pero resulta que millones de dominicanos se movilizaron de forma sostenida en la Marcha Verde durante los años 2017 y 2018 para reclamar castigo a la corrupción y ese clamor fue canalizado electoralmente por la candidatura presidencial de Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que lo llevó al poder en agosto de 2020.
Dando respuesta a ese reclamo popular fue que el gobierno de Abinader nombró a la magistrada Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República y durante su juramentación la arengó a actuar con independencia de todos los poderes para aplicar la ley.
Las alocuciones mensuales del gobernante señalarían claramente a quienes debía perseguir el ministerio público: a la “asociación de malhechores” que identificó en los líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que fueron funcionarios públicos y a la Cámara de Cuentas que señaló como la cómplice de los corruptos y a la que le sugirió que renunciaran.
Es conocido por todo el país que hace un año comenzaron los allanamientos y la prisión de exfuncionarios del PLD y la Cámara de Cuentas fue objeto de un allanamiento mientras sus miembros eran llamados a interrogatorios por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Lo he escrito ya: perseguir a los probables corruptos de ayer, ignorar a los de hoy para que los persiga un gobierno distinto, sin blindar el patrimonio estatal, es un ejercicio similar al afán del perro que gira en círculo tratando de morderse la cola mientras está de pie.
Un esfuerzo comprometido contra la corrupción precisa de una persecución sólida, sostenida en investigaciones que generen un expediente con capacidad probatoria ante un tribunal de justicia, no una condena anticipada en la opinión pública mediante filtración expedita de informaciones a medios de comunicación desde el ministerio público, cuando el proceso está en fase secreta.
La persecución es la respuesta del Estado a quienes se robaron parte del erario, pero para detener la corrupción lo fundamental es cerrar las brechas por donde entran los funcionarios ladrones y sus cómplices a desfalcar lo del pueblo dominicano. Eso se logra con un buen inventario de todos los bienes, un ministerio fuerte que se ocupe de salvaguardarlos y la eterna vigilancia ciudadana para evitar que los corruptos obren impunemente.
Aprovechar el Censo
El 28 de septiembre pasado el presidente Abinader emitió el Decreto 607-21, con el que declaró “de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, procesamiento y difusión del X Censo Nacional de Población y Vivienda”.
Ninguna otra oportunidad es mejor que el censo para diseñar un buen levantamiento de los bienes del Estado, cuantificarlos al valor del mercado, registrarlos por municipios, provincias y a nivel nacional, para que tanto el gobierno como los ciudadanos, sepan qué hay, cuánto vale y dónde está localizado cada bien mueble e inmueble.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de inmediato informó que actualizó el proyecto que fue diseñado para el 2020 y que hubo de ser pospuesto por la pandemia del Covid-19, pero que se hará en 2022 para obtener “la información demográfica y socioeconómica de todos sus habitantes y hogares, además de las características de las viviendas que ocupan, para cada uno de los ámbitos políticos y administrativos, centros poblados o localidades”.
Con el decreto, el mandatario creó la Comisión Nacional Censal, encabezada por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, la que tendrá la responsabilidad de colaborar con la ONE en el levantamiento del X Censo de Población y Vivienda.
Esa comisión y la experiencia de Ceara Hatton, constituyen una preciosa oportunidad para que Abinader le solicite la elaboración de un cuestionario especial para obtener la información relativa al patrimonio estatal, que no dudo de que con los adelantos tecnológicos de hoy y de mañana, se puede lograr un exitoso registro de los bienes públicos.
¿Qué tan difícil puede ser que quien vaya a levantar los datos de Constanza verifique que allí está el hotel Nueva Suiza, el número de sus habitaciones, su condición, se hagan fotografías aéreas y terrestres para que luego en el procesamiento se determine su valor de mercado y posteriormente se registre y se coloque en la internet con un mapa interactivo con toda esa información?
Lo mismo con todos los terrenos de los emporios estatales y propiedad de los cabildos, con los equipos de todo tipo, desde el sacapuntas de una oficina hasta los vehículos en avanzado estado de deterioro que se pueden vender para salvamento o como chatarra.
Estoy convencido de que cuando el Estado sepa realmente lo que tiene como bienes y ponga esa información al alcance y la vigilancia de los ciudadanos, robar el patrimonio será más difícil y los mafiosos tendrían que pensarlo mejor antes de hacerlo si a esa situación se agrega una persecución tenaz, sistemática y con consecuencias a quienes se apropien de la riqueza pública.
Es un ministerio
Naturalmente, de poco serviría saber qué tiene el Estado y dónde está, si para su conservación, aprovechamiento y rendimiento colectivo no se crea una autoridad revestida de poder que disponga de técnicos, equipos, métodos y recursos suficientes para garantizar que esos bienes se utilizan eficazmente para promover el desarrollo del país. No es verdad que con la condición actual de Bienes Nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene una sobrecarga de funciones orientadas a otros aspectos del Estado, se puede contar con poder para hacer una efectiva gerencia y cuidar el patrimonio estatal.
Aquí recordamos a ministros de pasados gobiernos que mandaban camiones militares a buscar los mejores novillos a los ingenios y muy pocos funcionarios medios de la División de Boyada del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se atrevían a resistirse a entregar esos animales del Estado a esos funcionarios que los llevaban para sus fincas particulares.
Eso no debía suceder si los bienes públicos los custodia el propuesto Ministerio del Patrimonio Estatal, con un poder tan amplio como fuere necesario para garantizar, en todos los ámbitos, que nadie se robe particularmente lo que corresponde a todos.
Un ministerio tan importante como ese debe ser definido por una ley que establezca claramente que desde el ministro hasta el más simple peón, estarán obligados a proteger los bienes públicos y cualquier robo o canibalización, será considerado suficiente para encausarlo en los tribunales por acción u omisión.
Que continúe la lucha contra la corrupción en forma de persecución, pero si el Estado no crea condiciones para prevenirla, es innegable la complicidad y cualquier hombre honesto tiene derecho a pensar que los funcionarios están más cómodos persiguiendo a los corruptos que evitando que ellos roben.
Eso equivale a que un Estado prefiera que la gente se enferme para luego curarla, en lugar de vacunarla, darle educación sanitaria y consejos para preservar la salud.
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