A muchas personas que invadieron el Capitolio federal el 6 de enero ahora les están pesando en sus sentencias los mensajes, fotos y videos que difundieron en redes sociales antes, durante y después de la insurrección y que los incriminaron en tribunales.
Este mes, la jueza federal Amy Jackson leyó en voz alta algunos de los mensajes que Russell Peterson, de Pensilvania, publicó sobre el asalto al Capitolio antes de sentenciarlo a 30 días de cárcel. “En términos generales me divertí, risa”, escribió Peterson en Facebook.
La jueza señaló a Peterson que ese texto hacía “extraordinariamente difícil” que le tuviera clemencia.
“La partícula ‘risa’ se me quedó en la garganta porque, espero que entienda, nada de lo que sucedió el 6 de enero fue chistoso”, señaló Jackson. “Nadie que se encerró en una sala y se escondió bajo una mesa durante horas, se estaba riendo”.
Entre las principales conclusiones del Departamento de Justicia sobre los elementos acusadores en torno a la insurrección figura el papel que tuvieron las redes sociales, porque gran parte de las pruebas más contundentes las aportaron los insurrectos con sus propias palabras y sus propios videos.
Los agentes del FBI han identificado a numerosos alborotadores a partir de las publicaciones y los registros solicitados con citación a las plataformas de las redes sociales. Los fiscales utilizaron los contenidos para consolidar los casos. Los jueces citan ahora las palabras e imágenes de los mismos acusados como factores determinantes para que les impongan sentencias más severas.
Hasta el viernes, más de 50 personas estaban sentenciadas por delitos federales relacionados con la insurrección. En al menos 28 casos, los fiscales apoyaron sus solicitudes a favor de sentencias más estrictas en las publicaciones de los acusados en redes sociales, según una revisión que hizo The Associated Press de expedientes judiciales.
Muchas personas insurrectas utilizaron las redes sociales para festejar los actos de violencia o diseminar un discurso de odio. Otras para propalar desinformación, fomentar teorías conspirativas infundadas o restar importancia a sus acciones. Los fiscales también imputaron a un reducido número de acusados haber intentado destruir evidencia borrando las publicaciones.
Aproximadamente 700 personas están acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios. Unas 150 se han declarado culpables. Más de 20 acusados fueron sentenciados a diversos períodos de cárcel o al tiempo mismo que han estado tras las rejas. Más de una docena fueron condenadas a prisión domiciliaria.
Las declaraciones de los alborotadores, en persona o en las redes sociales, no son el único elemento considerado por fiscales y jueces. El Departamento de Justicia dijo en sus memorandos de sentencia que los acusados también deben ser juzgados en relación a si participaron en algún acto de violencia o dañaron propiedad, si destruyeron evidencia, por el tiempo que pasaron dentro del Capitolio, por el lugar donde se encontraron dentro y si mostraron un remordimiento sincero.
Los fiscales recomendaron libertad condicional para la propietaria de una estética en Indiana, Dona Sue Bissey, pero la jueza Tanya Chutkan la sentenció a dos semanas de cárcel por su participación en el asalto al Capitolio. La jueza subrayó que Bissey publicó una toma de pantalla de un tuit que decía: “Esta es la Primera ocasión que el Capitolio federal es vulnerado desde que los británicos lo atacaron en 1814”.
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