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Por décadas los gobiernos han intentado ponerle freno a la corrupción que afecta el país desarrollando distintas medidas, incluyendo la creación de leyes, sin obtener muchos resultados en ese sentido.
Sin embargo, ha sido notorio en los últimos ocho meses la lucha que está librando la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), y la Unidad de Persecución para tratar de recuperar los bienes sustraídos al Estado por medio de la corrupción.
En sus intentos, ambas entidades han realizado decenas de allanamientos en operaciones que se iniciaron desde diciembre pasado, donde han apresados a una veintena de funcionarios a los que se acusa de dilapidar al menos RD$13,500 millones, según la documentación presentada por el Ministerio Público.
Entre esas operaciones que tienen como objetivo recuperar los fondos del Estado se encuentran la “Operación Anti-Pulpo”, la cual incluyó unos 38 allanamientos en todo el país, arrestando a 10 personas, a las que el Ministerio Público acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones.
En los allanamientos, realizados en diciembre pasado, fueron apresados Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán.
También Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz completan el grupo de diez.
A este proceso le siguió la “Operación Coral”, realizada en mayo pasado y donde están implicados principalmente altos oficiales militares, encabezados por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
Implicados en el caso
Por el caso guardan prisión preventiva por un año el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez De Aza, la pasatora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, quienes según el Ministerio Público integraban un entramado militar-religioso que se encargó de manejar y distraer más de tres mil millones de pesos. En el caso del mayor Raúl Girón Jiménez, este guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el Ministerio Público.
Días después la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), y la Unidad de Persecución ejecutaron la Operación 13, cuyo principal acusado era el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, a quien señalan como el cabecilla de una mafia que estafó al Estado con más de 500 millones de pesos, así como a cientos de banqueros a nivel nacional e internacional, con un sorteo fraudulento realizado el pasado primero de mayo.
Por el caso guardan prisión preventiva en Najayo, además de Dicent los imputados William Rosario y Eladio Batista, mientras que Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, cumplen arresto domiciliario y la colocación de brazalete electrónico.
La última de la lista, hasta el momento, es la “Operación Medusa”, donde las autoridades estiman que se han malversado más de 6 mil millones de pesos, siendo esta la cifra más alta dentro de los cuatro procesos que se han realizado.
El principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien se encuentra detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego que fuera arrestada la tarde del pasado martes cuando se presentó a la sede de la institución luego de haberle allanado varias propiedades.
Anoche la fiscal Mirna Ortiz, en representación del Ministerio Público, depositó la solicitud de medida de coerción, donde solicita un año de prisión preventiva contra Rodríguez y varios de sus colaboradores cercanos.
Por el caso se encuentran detenidos además del exprocurador, Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.
Altagracia Guillén Calzado, que fungía como subdirectora administrativa, Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución y Miguel José Moya, asesor de Jean Alain en la PGR.
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