La solicitud de allanamiento a residencias y oficinas de Jean Alain Rodríguez y otras 17 personas vinculadas con el exprocurador detalla las motivaciones para levantar contra ellos un expediente por corrupción.
En esa solicitud, Jean Alain es acusado de firmar múltiples solicitudes de pagos, en su cargo como procurador general de la República, a la compañía DIO, SRL, quien era representada por su exasesor y coimputado en la Operación Medusa, Miguel José Moya.
Además, es señalado de usar los fondos de la PGR para pagar sueldos a los “enlaces comunitarios” del movimiento político Renovación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El ministerio público aseveró que este movimiento hacía uso de los vehículos incautados por la PGR para actividades políticas.
También es acusado de aprobar los procesos de compras que supuestamente estaban amañados.
Las autoridades igualmente indicaron que, a menos de siete días de cesar sus funciones de procurador, Rodríguez se colisionó con Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martin Rosa Llanes para la emisión de un cheque de 34,522 ,364.30 pesos incurriendo en supresión y suplantación de del contrato original de acuerdo a custodia y operación de bien inmueble, el 31 de octubre de 2019.
Miguel José de Moya: exasesor de Rodríguez, investigado por contratos valorados en 50 millones de pesos con la PGR a través de la empresa DIO, SRL, para para impartir cursos de estrategia comunicacional.
DIO, SRL participaba en licitaciones amañadas, ya que el único participante era la entidad representada por Moya.
Jonnathan Joel Rodríguez Imbert: exdirector administrativo y financiero de la PGR que representó a la institución en los trámites con DIO, SRL, a beneficio suyo y de Rodríguez, Mercede Marte, Solano Augusto, Canó Sacco y Forteza Ibarra, a fin de defraudar al Estado.
Alfredo Alexander Solano Augusto: exsubdirector de financiero de la PGR que también solicitó en varias ocasiones pagos a DIO, SRL y recibió beneficios por parte de las compañías escogidas en procesos de compra.
Rafael Stefano Canó Sacco: exdirector de gabinete acusado de influir de manera irregular en la escogencia de proveedores en licitaciones de la PGR y recibir dinero de compañías que ganaron licitaciones.
Rafael Antonio Mercede Marte: encargado del departamento de contabilidad, que tenía el trabajo de contabilizar y recoger dinero en efectivo para ser depositados en la oficina de Rodríguez Imbert.
Johannatan Loanders Medina Reyes: director de la división de compras, quien de acuerdo con los investigadores recibió prebendas de las empresas que ganaron licitaciones amañadas.
Amelia Isabel Escaño: titular del departamento de compras y contrataciones que supuestamente recibió dinero de compañías que ganaron procesos de compras fraudulentos.
Jenny Marte Peña: encargada de proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, fue señalada como una de las beneficiadas de la compañía que ganó esa licitación.
Altagracia Guillén Calzado: es acusada de beneficiarse de las maniobras irregulares realizadas con los bienes enviados al almacén de la PGR, particularmente con materiales de construcción, que utilizó para arreglar su propia vivienda.
Alejandro Forteza Ibarra: director de tecnología de la información que, de acuerdo con los fiscales, emitía certificaciones falsas que afirmaban la llegada de equipos al almacén de la Procuraduría.
Alejandro Martin Rosa Llanes: exdirector de la unidad de custodia y administración de bienes incautados por el Ministerio Público, acusado de ser uno de los funcionarios que conspiró con Jean Alain para la emisión de un cheque irregular con un valor superior a los 34 millones de pesos.
Pieza Clave
Rainiery Elizabeth Medina Sánchez: era la responsable del almacén de la PGR y tenía la labor de verificar que las compañías que presentaban ofertas en licitaciones que no eran las agraciadas por el grupo fuesen descalificadas del proceso. Daba falsa entrada a productos que no llegaban al almacén.
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