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Encerrados en una celda de 27 pies de largo y 7 de ancho, sin ventilación ni ventanas, con temperaturas que ascendían los 40 grados y donde para dormir se turnaban con el fin de recibir una leve corriente de aire que entraba por los barrotes de la puerta, así describió Miguel José Moya sus noches encarcelado junto a siete de los involucrados en un presunto caso de corrupción denominado "Operación Medusa".
“Es una experiencia de confinamiento muy dramática, estás allí con 7 personas de personalidad distinta, carácter distinto y maneras de reaccionar a ese ambiente de manera distinta”, dijo José Moya durante una entrevista al programa radial matutino El Sol de la Mañana, transmitido por Zol 106.5.
Con optimismo, José Moya agradeció la experiencia y narra que logró que uno a uno los que le acompañaban en la celda aceptaran la realidad que estaban viviendo, incluyendo al exprocurador Rodríguez, el único con quien había tenido contacto con anterioridad.
“Que entendiera que usted está preso y estar preso significa que debemos someternos a las limitaciones de esta situación con dignidad, aceptación y tomar lo que ofrece esta experiencia”, agregó.
Un poco más de dos semanas estuvieron detenidos en la cárcel preventiva del último piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el exprocurador Jean Alain Rodríguez junto a Rafael Antonio Mercedes Marte, exencargado de Contabilidad de la PGR; Alfredo Alexander Solano Augusto, quien fungió como director financiero y encargado de proyectos.
También estaban allí Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, quien fue director administrativo; Jenny Marte Peña, era encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.
Miguel José Moya, quien era el de mayor edad de los involucrados, le fue dictado garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Según la jueza Kenya Romero, esta decisión fue tomada por este ser una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.
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