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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddy Alcántara, afirmó que las muertes por bebidas alcohólicas adulteradas se han reducido drásticamente tras la realización de operativos en diferentes provincias y al cierre de decenas de negocios que comercializaban estas bebidas ilegales.
“Seguimos enfrentando la situación de las bebidas alcohólicas adulteradas y hemos tenido éxito con las medidas que se han tomado en el Gabinete de Salud que coordina la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, por instrucciones del presidente, Luis Abinader”, dijo Alcántara.
El funcionario explicó que la letalidad por ingesta de alcohol falsificado ha disminuido considerablemente, y puso de ejemplo que desde el mes de marzo hasta principio de mayo murieron cerca de 150 personas en diferentes puntos del país por tomar esta bebida adulterada, igual que otras 400 tuvieron que ser ingresadas en hospitales.
Precisó que a la fecha Pro Consumidor ha cerrado alrededor de 50 establecimientos por la venta de esta bebida, y “ha realizado un camino procesal, donde todos los datos de los comercios clausurados han sido enviados a la Procuraduría General de la República, para que ellos inicien el proceso de investigación y apliquen las sanciones correspondientes por ese delito que ha causado tantas pérdidas humanas”.
Subida de precios
Sobre las alzas de los productos en el mercado dijo que la entidad de defensa al consumidor es un ente nacional de vigilancia de mercado que regula los productos que se comercializan, para que los mismos cumplan con los estándares de calidad establecidos por las normativas y no afecten la salud e intereses económicos de los consumidores.
“Hay gente que se confunde y cree que Pro Consumidor tiene que ver con el tema de los precios y aquí existe libre mercado y los únicos productos controlados son totalmente a través de una normativa especial como son el azúcar y el combustible”, sostuvo.
El funcionario explicó que Pro Consumidor si puede actuar en efecto para tratar de evitar que se produzcan especulaciones que generen alzas en los precios cuando no existen acontecimientos que obliguen a que se produzcan ese incremento.
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