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Recientemente, el president e Joe Biden presentó una reforma fiscal para recaudar 2,5 billones de dólares en un plazo de 15 años, básicamente para inversión pública (carreteras, trenes, puentes).
El gobierno debe hacer lo mismo y presentar una propuesta de reforma fiscal y sus aliadas, las reformas eléctrica y laboral, que abarque un periodo mínimo de 7 años.
Esas reformas deben contemplar metas de ingresos y de gastos en el largo plazo que garanticen la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. Además, fijar topes al endeudamiento y al déficit (ley de responsabilidad fiscal), eliminar la doble tributación y reducir las enormes pérdidas en el sector eléctrico.
Un pacto que genere confianza en los agentes económicos, en las agencias de riesgo y en el sistema financiero internacional. Porque seguiremos dependiendo en el futuro del mercado de bonos en el que ya estamos inmersos.
¿Qué ventaja tienen un pacto fiscal de largo plazo? Si en el 2022 aun no existen las condiciones para aumentar impuestos y reducir el gasto fiscal (exenciones), entonces arrancamos en el 2023 y gradualmente se establecen metas para ir aumentando los ingresos y mejorando la calidad del gasto, sin causar revuelo ni traumas.
¿Cuál es el mejor escenario para discutir ese pacto? El Consejo Económico y Social, donde en adición al pacto fiscal se llegue a un acuerdo para modificar el Código Laboral y resolver el gran hoyo financiero del sector eléctrico. Estos dos últimos temas han estado en archivo muerto por años y es hora de enfrentar sus efectos nocivos. Efectos que maltratan las finanzas publica, el empleo formal, el crédito y el nivel de salario. Este pacto (convertido en ley) debe tener metas precisas por año.
Si se trata del gasto, que porcentaje del PIB debe reducirse anualmente y que partidas deben afectarse. O donde aumentar otras (por ejemplo, salud, subsidios a los pobres e inversión pública). Lo mismo con los nuevos impuestos y el desmonte de muchas exenciones, responsables de la alta evasión fiscal.
En fin, estas tres reformas deben ser un medio de romper con viejas tradiciones de injusticias, privilegios y robo al fisco, lo que raya en la insolencia y el abuso. Un nuevo paradigma que nos impulsaría hacia una era de crecimiento más justo y equitativo, menos informal y más competitivo y atractivo a la inversión privada.
Gobernar con transparencia es un paso gigantesco, pero garantizando la sostenibilidad fiscal.
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