Mientras el gobierno asume cientos de millones de pesos en una suerte de subsidio para tratar de contrarrestar el efecto que provoca los consecutivos aumentos en los precios del petróleo en los mercados mundiales, no se ha podido frenar la carrera alcista en los alimentos, las medicinas, los materiales de construcción y muchos artículos.
Las alzas de productos de alto consumo, como el pan, el arroz, los plátanos, huevos, las carnes de pollo y cerdo así como otros productos alimenticios procesados, como la leche, los jugos, embutidos, el pan han aumentado de precios desde principios de año. Otros artículos, como las medicinas, el cemento, la varilla y la generalidad de los artículos de construcción también han experimentado alzas.
Los aumentos de precios es uno de los principales componentes de inconformidad, protestas y explosiones sociales, y la República Dominicana tiene una experiencia no tan lejana, como fue la poblada de 1984, cuando el gobierno provocó aumentos violentos en la generalidad de los alimentos y otros productos, a consecuencia de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, sin que fuera socializado.
El acuerdo con el FMI impuso severos recortes de asistencia social y subsidios lo que disparó los precios, entre ellos de los alimentos. La poblada fue conjurada por las fuerzas militares y policiales luego de tres días de violencia callejera que cobró un saldo de 127 muertos, oficialmente, pero que otros sectores situaron sobre los doscientos así como graves daños a la propiedad pública y privada, principalmente en la Capital.
Hoy, el gobierno ha anunciado algunas medidas para tratar de frenar las alzas que atribuyen principalmente al aumento en los precios de petróleo y las materias primas en los mercados internacionales. El presupuesto nacional para 2021 fijó como nivel de los precios del petróleo alrededor de los 45 dólares el barril, pero la última semana sobrepasó los 65 dólares. Estas alzas se atribuyen principalmente a las heladas de una semana en Texas, Estados Unidos, la última escalada en las hostilidades en el Medio Oriente y los niveles de producción por parte de las naciones que rigen sus precios y producción en el marco de las decisiones de la OPEP.
El aumento de precios en las materias primas que importa el país para su producción nacional, son un efecto directo de la contracción económica mundial que provocó la pandemia del coronavirus a lo largo del 2020. El gobierno dominicano, sin embargo, no dispone de recursos suficientes para cargar con subsidios de los precios de los ‘comodites’, dado lo que significa para la economía nacional asumir las alzas en el petróleo y los combustibles, así como en los programas sociales de subsidios a consecuencia de los estragos de la pandemia y los altos e ilimitados costos en el sector sanitario, como la compra de vacunas y los programas de inmunización así como la asistencia directa a los afectados por el Covid-19.
Una de las medidas tomadas por el gobierno y que ha tenido efecto positivo es la postergación de aumentos en los precios del transporte público, que han sido anunciados por diferentes sindicatos en las últimas semanas, pero que se han aplazado tras conversaciones con las autoridades. Los precios del pasaje del transporte público tiene una incidencia vital sobre la capacidad de gastos de la clase trabajadora y el presupuesto familiar.
Intermediarios y especulación
Complejos componentes, que nacen en los precios de los combustibles y los insumos, transitan el camino empedrado de los intermediarios a lo que se agrega la especulación, el agiotismo y la falta de controles de las autoridades.
No hay forma de explicar que un plátano se compre a cuatro y cinco pesos de las manos del productor y llegue a 30, 35 y hasta 40 pesos al consumidor. Lo mismo ocurre con los precios del arroz, los huevos, productos agrícolas en general, la carne de pollo y de cerdo. Se alega que los costos de los insumos han aumentado por la subida de los fletes que los navieros informan se incrementaron hasta seis veces en relación a su costo regular.
Lo mismo pasa con las medicinas, los materiales de construcción, mientras los panaderos –usuarios aseguran que muchos no suben el precio pero bajan el tamaño del pan- juegan con el movimiento especulativo que se hace norma de costumbre en estos días de crisis sanitaria y económica.
En un desayuno con ejecutivos de medios de comunicación en Palacio, encabezado por el presidente Luis Abinader y los ministros de Industria y Comercio y Administrativo de la Presidencia y de Economía, Víctor –Ito- Bisonó, José Ignacio Paliza y Miguel Ceara Hatton, el gobierno admite las alzas de precios de alimentos y otros productos y recarga el motivo a los aumentos en los precios del petróleo y las materias primas en los mercados mundiales. Las alzas que se registran en el país desde enero, habían sido negadas por las autoridades, atribuyéndolas entonces a especulación y hasta presiones de corte político.
El ministro Bisonó, es quien ha dado la cara al informar de la congelación de los precios de los combustibles, de la posibilidad de dar facilidades para que los constructores privados puedan hacer importaciones de sus insumos –cemento, varillas, materiales eléctricos y otros propios de la construcción- así como programas de ventas a precios reducidos de alimentos a través de programas, como los que desarrolla el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE.
‘Control de precios’
Los comerciantes, de su lado, abogan por el establecimiento de controles y/o de ‘congelación’ de los precios de los artículos de ‘primera necesidad’, como los alimentos y las medicinas, así como materiales de construcción. “Todos los productos industrializados han subido de precio y nosotros le hacemos un llamado a estos sectores a que piensen en los más desprotegidos”, dijo Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, FDC, al tiempo de sugerir que procede “una congelación de precios de los artículos de primera necesidad”. Indica que “se especula con el precio de alimentos procesados” citando los embutidos, aceites, leches, jugos, entre otros. Otros grupos de comerciantes abogan por el restablecimiento de mecanismos de ‘control de precios’, como regía mediante la ley 13, del 27 de abril de 1963, que se mantuvo en vigencia hasta la promulgación de la Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario, que eliminó el control de precios y estableció un sistema de mercado abierto, regido por la oferta y la demanda. Esta ley, la 358-05, de julio del 2005, creó el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), una entidad descentralizada, que opera bajo la dirección de un Consejo y bajo la sombrilla del Ministerio de Industria y Comercio, está encargada de dirimir, entre otras situaciones, las diferencias entre los comercios y los consumidores y si bien orienta a la población sobre situaciones relacionadas con los precios de los artículos en venta, entre otras facultades, no tiene autoridad para imponer precios ni ‘congelar’ los mismos. “Estamos haciendo todos los esfuerzos por revertir la situación con medidas directas, como ya estamos haciendo por ejemplo con los precios de los combustibles y acciones para que los alimentos y otros productos vitales no sufran alteraciones de precios sin razón”, comentó el ministro Bisonó.
Situación externa
El gobierno ha asumido el impacto del alza del petróleo, con un subsidio que supera los 500 millones de pesos, mientras mantiene frenado la tasa de cambio, un componente explosivo para la economía si se dispara al alza. Para el economista Antonio Ciriaco Cruz, “hay situaciones que los países como los nuestros no controlan, como son las importaciones de materias primas y servicios que son altos y cuando los precios se alteran en el exterior tienen un efecto directo en nuestra economía”.
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