Con el propósito de “solucionar” el déficit energético que imperaba en el país, el Gobierno dominicano firmó en agosto de 1998, durante la primera gestión de Leonel Fernández, el contrato para instalar la planta energética Cogentrix en San Pedro de Macorís.
La estación generadora manejada por la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (CESPM) prometió suplir al territorio nacional de manera ininterrumpida con su aporte de 300 megavatios distribuidos en tres unidades.
El entonces vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, signó en nombre del país un contrato “pago fijo por capacidad” por 20 años, donde el Estado se comprometía a pagar millones de pesos mensualmente a la compañía incluso si la planta mantenía sus unidades apagadas o fuera de operación.
Desde su instalación hasta 2014 Cogentrix le costó al país aproximadamente US$806.4 millones, sin siquiera estar operando, lo que triplicó su inversión inicial de US$263.1 millones. De acuerdo con lo establecido en el contrato, estas grandes sumas eran pagadas por conceptos de “capacidad, compensación de combustible, operación, mantenimiento y arranque en frío”. En otras palabras, el inversionista estaba asegurando el retorno de su inversión y la rentabilidad esperada mientras el Estado asumía los riesgos y pérdidas del contrato.
Pero, ¿por qué el Gobierno seguía pagando tanto dinero por una planta apagada? La respuesta estaba en los altos precios del Fuel Oil 2, combustible que utilizaba la generadora, lo que la hizo inoperable por más de una década.
A la firma del contrato, el precio de barril de petróleo era de US$28, sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de múltiples crisis económicas el costo alcanzó los US$120, por lo que producir energía con Cogentrix era “demasiado costoso”.
El “tira y jala”
Operar Cogentrix con los altos precios del petróleo le salía más caro al Estado que cubrir el déficit que generaba mensualmente el contrato, por lo que la CDEEE planteó convertir la planta a gas natural con el fin de abaratar los costos energéticos.
Y aquí iniciaron años de “tira y jala” entre la empresa y el Gobierno, en los que se trataba de renegociar un nuevo contrato que no fuera tan lesivo para el erario público.
En 2014 el exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, afirmó que existía una “posibilidad de conversión de la planta Cogentrix”, pero para esto necesitaba garantizar el suministro del gas natural y acatar las disposiciones de los dueños de la generadora.
Las “migajas” de Barrick
El 25 de marzo de 2002 se suscribió un contrato que comprometió los recursos naturales del Estado a cambio de que el país recibiera sólo el 3% de todas las ganancias: el Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM) con la Barrick Gold Corporation.
Durante la gestión del expresidente Hipólito Mejía, el Gobierno junto al Banco Central de la República pactaron con la empresa Placer Dome Dominicana Corporation la suscripción de un contrato minero para la explotación de 25 millones de onzas de oro en Pueblo Viejo, Cotuí.
El contrato original, que posee una duración de 25 años con posibilidad de renovación automática, establecía que la empresa invertiría US$300 millones en una planta de proceso metalúrgico y le garantizaba al Estado cerca del 50% de los beneficios.
Cuatro años después, en 2006, la Barrick Gold Corporation compró todos los activos de Placer Dome, y con ellos el derecho a explotar suelo dominicano dando continuidad al contrato.
Sin embargo, el interés de la Barrick no era proseguir con el acuerdo anteriormente establecido, por lo que pugnó para cambiar ciertos aspectos del contrato mediante enmiendas que terminarían beneficiándole. Tres años después de su nueva adquisición, la Barrick le pidió al presidente Fernández modificar el contrato para eliminar el 25% de participación en las utilidades netas y dejar apenas el 3.2% del retorno neto para el Estado dominicano. Esto se hizo efectivo a partir del 11 de noviembre del mismo año.
El 27 de febrero de 2013, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, el expresidente Danilo Medina tildó de “inaceptable” el contrato con la Barrick Gold.
El gobierno logró un contrato final con la compañía canadiense donde se le concedía al Estado RS$11,615 millones hasta 2038 y el 51% de los beneficios.
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