Las muchas caras de la corrupción

MÁXIMO ARISTY

Santo Domingo, RD

De uno de esos edito­riales alec­cionado­res con que el legendario director del Listín Diario educaba a los dominicanos cotidia­namente, una frase reve­ladora se ha impuesto al paso de los años: todos te­nemos nuestro corrupto favorito.

Con la mordaci­dad que a menudo exhi­bía, Rafael Herrera retra­taba así la duplicidad en el combate contra uno de los azotes que ha signado la sociedad dominicana. Relativizar la corrupción se ha convertido en un medio eficiente para aco­modar los intereses par­ticulares de quienes por años han doblado como protagonistas de los mo­vimientos éticos que de tiempo en tiempo se le­vantan en el país.

En ese acomodo, la gravedad de la corrup­ción depende de quién sea culpable o a qué ca­silla de violaciones co­rresponda el ilícito. En ese ejercicio de hipocre­sía importan, sobre to­do, la condición social de los culpables, su posi­ción en el colectivo e, in­cluso, cuán abultada sea su cuenta bancaria, sin importar la provenien­cia de los caudales. Po­dría añadirse el signo po­lítico-partidista, porque siempre aquellos serán los malos; y nosotros, los buenos.

Es así como se reser­va la dosis mayor de acri­monia para el hurto de los caudales públicos y se de­jan de lado conductas tan­to o más perniciosa para la sociedad, como es amol­dar las leyes, reglamen­tos y requisitos legales a la conveniencia del lu­cro privado. Quiebras es­candalosas con la estam­pa de mañas, sinecuras desvergonzadas, tráfico de influencias, concesio­nes viciadas y compra de acciones administrativas suelen levantar menos crí­ticas, escrutinio o acción judicial que, por ejemplo, un desfalco con cargo a las cuentas públicas.

Se pasa por alto que las consecuencias de la co­rrupción son todas igual­mente corrosivas, no im­porta dónde se verifique; y que la peor de la corrup­ción es aquella que debi­lita las instituciones y les impide ejecutar las accio­nes en pro del bien común para las cuales fueron creadas. La corrupción, cual que sea, merece con­dena porque subvierte las reglas que permiten la convivencia en la igualdad ciudadana, y cuya integri­dad hay que preservar co­mo un deber supremo.

En lucha contra la co­rrupción, que abarca tanto la preservación de las ins­tituciones como de los bie­nes públicos, hay caren­cia total de espacio para los términos medios. A esa medianía se refería preci­samente Rafael Herrera con su frase demoledora. Mediatizarla con el cam­bio de posición de acuer­do a preferencias u opor­tunismo quedará siempre como una abdicación ver­gonzosa. Cabe pregun­tarles, pues, a quienes combatían la corrupción durante otros gobiernos el porqué de su postura conciliadora cuando el ministerio público bajo la nueva administración arremete contra prácti­cas a todas luces ilícitas. Y en qué difiere de una rendición de principios defender a quienes, en la búsqueda de negocios fá­ciles, se han aprovechado de procedimientos abier­tamente irregulares, con prisas y violaciones que solamente se explican en términos de abuso de po­der o de sobornos. Viene al caso, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Bávaro, aprobado en unos pocos meses y san­tificado con un decreto a tres semanas del cam­bio de gobierno. En cual­quier caso, el tufo de la corruptela asoma con sus efluvios de descomposi­ción total.

Es una línea de examen de conciencia personal extensible a nosotros, los abogados, especialmen­te a quienes han hecho de la militancia en la ética el punto culminante de su ejercicio profesional. Todo ciudadano tiene derecho a la defensa. Pero defender a los corruptos o causas sospechosas de corrupción debería ser terreno vedado para los profesionales del derecho que, como políti­cos activos o letrados, han avanzado su carrera como adalides de la lucha con­tra la corrupción. Defen­der lo que antes se ataca­ba con acritud porque el acusado es mi amigo y su empresa paga bien, lamen­tablemente confirma que todos tenemos nuestro co­rrupto favorito. Preferible pensar que no todos, aun­que sean muchos.