“Eventos contaminantes ocurridos durante años en perjuicio del río Ozama y los conglomerados humanos circundantes”, fue el alegato de la denuncia por delitos ambientales del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) contra la empresa Seaboard Transcontinental, propietaria de la barcaza que opera sobre el río Ozama.
Pero a pesar de que el Insaproma reveló, a través de un comunicado de prensa, que los señalamientos legales fueron depositados ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales el pasado día 4 de este mes, el gerente general de la entidad, Armando Rodríguez, dijo desconocer cualquier demanda y afirmó que no han sido notificados sobre los señalamientos legales.
Rodríguez declaró a la prensa que no están violentando la ley e invitó al equipo legal que hizo la imputación, a presentar las pruebas.
“Quien diga que nosotros vertimos materiales al río desconoce nuestra forma de operar, o simplemente está mintiendo”, añadió Rodríguez, y apuntó que tienen todos sus permisos en orden y vigentes, y presentan sus informes de impacto ambiental periódicamente.
Asimismo, indicó que son auditados por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) y actualmente la empresa opera normalmente.
Rodríguez valoró como “absolutamente falsos” los señalamientos sobre contaminación en el río Ozama que se han filtrado a través de distintos programas radiales.
“Podemos abrir las puertas para que ustedes (refiriéndose a la prensa) pasen y vean las operaciones. Ahí no hay ningún misterio, de hecho estamos en la carretera frente a todo el mundo”, manifestó el empresario.
Explicó, además, que Seaboard no emite “ningún tipo de contaminación dentro de los parámetros establecidos”, por lo que argumentó que debe tratarse de laceraciones a intereses económicos ya que no entiende “la situación que está ocurriendo con el río”.
Según una nota del Insaproma, Seaboard violentó varios artículos de la Ley General sobre Medio Ambiente (64-00), y piden una investigación y se ponga en marcha la acción pública contra la empresa.
Plantearon también que en 2017 el Mimarena declaró que “las instalaciones representan, desde el punto de vista térmico, un peligro ambiental” y que el mantenimiento de estas operaciones en la ribera del Ozama es “contradictorio con los esfuerzos que se han establecido desde el Estado para su recuperación ambiental”.
SEPA MÁS
Fiscales visitan
Ayer, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente informó que realizó un descenso a las áreas donde se encuentra instalada la barcaza de generación Estrella del Mar II, actuando en virtud de la denuncia interpuesta por Insaproma, por supuestos delitos ambientales.
Investigación
El objetivo fue “iniciar una investigación con respecto a los posibles impactos que pudiera estar generando en el rio Ozama”, dijo el fiscal Jose Espinal Beato.
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