El presidente Abinader terminará bien el año pero apurado por la pandemia, las apresuradas cancelaciones de servidores públicos y porque una dependencia aprobó sin consulta la idea de “contratar” por 100 millones de pesos a un grupo de músicos populares.
Abinader no tiene nada que ver con esos acontecimientos sino que son obra de las circunstancias, los miembros de su Gabinete, que al parecer no han ponderado las directrices que contienen sus discursos tanto en la campaña electoral como después del 16 de agosto.
La rebeldía de una minoría bullanguera le está dañando el punto al mandatario. Especialmente los jóvenes son ahora la mayoría de los infectados con la COVID-19 que tiene al país en ascuas por un vaticinado rebrote de la pandemia que amenaza colapsar los hospitales.
Ya el presidente Abinader no sabe con qué palabras dirigirse al público para que comprenda la gravedad de la situación y ha tenido que mantener el estado de emergencia que ya había impuesto el gobierno anterior y últimamente flexibilizar las medidas sanitarias.
En dos corrientes, la de muchos empresarios y sector turístico que quieren que la economía se abra de par en par, los científicos y el Colegio Médico Dominicano que proponen apretar las normas vigentes, el presidente busca complacer a todos pensando en el bien del país.
El presidente anunció que el país será de los primeros en iniciar la vacunación entre los países de la región. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña informó que el primer pago para el cargamento inicial de las vacunas alcanza la suma de US$8 millones. Se pretende adquirir vacunas para 10 millones de personas.
Con la apertura controlada que ha tenido la economía, el Banco Central dice que las remesas han aumentado durante el año, que la inflación se mantuvo con ligeros cambios en el período enero-noviembre y que el incremento en la deuda pública se debe a la pandemia.
El BC informa que el índice de precios al consumidor, IPC, registró una variación de 0.60% en el mes de noviembre con respecto a octubre de 2020 y destaca que al considerar la serie analítica de la nueva base referencial, la inflación interanual, medida desde noviembre 2019 hasta noviembre de 2020, se situó en 4.40.
Las cancelaciones
En las últimas semanas se han producido muchas cancelaciones de empleados y funcionarios públicos especialmente en el ministerio de Educación, en el cual han sido desvinculados 39,500 empleados según publicó e ayer el Diario Libre.
El país ha cambiado mucho. En la Era de Trujillo no se producían cancelaciones en Navidad, aunque los desafectos de ese régimen corrían peor suerte que los despidos. Durante los regímenes de Balaguer se siguió la práctica de no echar a la gente de sus puestos en Navidad.
Al parecer el ministro de Educación, Roberto Fulcar es un hombre psicorrígido. Él no ha explicado las razones por las cuales fueron despedidos tantos empleados administrativos, si fue porque encontró las nóminas sobrecargadas o si son personas que serán jubiladas.
Balaguer fue astuto tras asumir el poder en su tramo final de 10 años, luego de derrotar al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y trazó su plan a partir de las denuncias de supuestos actos de corrupción cometidos en el gobierno de su antecesor doctor Jorge Blanco.
Para esos fines el viejo cazurro utilizó a su contralor general de entonces, José Antonio Guzmán Álvarez con quien se presentaba en la televisión para explicar detalladamente lo que había ocurrido, pretendiendo sepultar para siempre al PRD, que luego aceptaría declararlo “padre de la patria”.
Durante el régimen del PRD en 1963 se acuñó la expresión “la aplanadora”, endilgada a doña Thelma Frías de Rodríguez, la dinámica senadora del Distrito Nacional y a quien le cayeron las responsabilidades de los despidos. Ella nunca pudo superar ese mal recuerdo.
Abinader sigue arriba
Pese a los aparentes traspiés en la estrategia contra el crecimiento del COVID-19, el presidente sigue con su popularidad alta porque la mayoría que lo eligió confía en su promesa de cambio y porque indirectamente la “operación anti-pulpo” lo estaría beneficiando.
Pero el presidente tiene a su favor detalles como el caso de la visita que hizo su señora, Raquel Arbaje, a un fotógrafo moribundo en el hospital de cáncer y quien le había enviado un mensaje pidiendo ayuda o al menos su visita. Ella lo visitó y oraron pero el caso era terminal y a pocas horas murió, lo que le causó gran angustia.
Las noticias de interés humano, un género muy tenido en cuenta en el periodismo, ha motivado que con la actual pandemia los casos de médicos y enfermeras valientes, de familiares que han perdido abuelos y padres y las largas filas de gente rogando por pan en los Estados Unidos, hayan ganado espacios en la prensa escrita y la televisión. El pasado lunes el presidente creó el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público con el objetivo de impulsar las políticas, directrices y mecanismos para atender los desafíos de la ética, transparencia, eficiencia y efectividad de la inversión y el gasto público.
Con mucho interés el mandatario creó además la oficina de Ética e Integridad Gubernamental, organismo encabezado por la ex vicepresidenta, Milagros Ortíz Bosch, y como ejecutivo, Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.
Los dos funcionarios creen que hay que estudiar la validez de la entrega de 100 millones de pesos que fueron repartidos a músicos, personal de oficina y técnicos. Según dijo el director de orquesta, Ramón Orlando, “ya no podemos devolverlos”. Se verá en adelante cómo corregir el entuerto.
Francisco Antonio Peña Guaba, quien dirige el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, GCPS, entregó risueño ante la prensa convocada para la ocasión los cheques a los artistas, pero hubo críticas en las redes sociales y el latigazo de algunos artistas.
Peña Guaba, en el menor de los casos, arriesgó su puesto si se determinara que no procedía la entrega a los artistas de esos 100 millones de pesos, para conciertos a futuro sobre todo porque entre los beneficiarios están funcionarios del gobierno que al mismo tiempo son artistas. El caso recordó la venta por más de RD$47 millones que hizo el ministerio de Educación a una señora en Los Peralejos, Distrito Nacional, durante la gestión del ministro Carlos Amarante Baret. Aunque la persona fue sometida y condenada a una pena menor, el dinero no se recuperó.
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