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Rafael Germosén Andújar, excontralor general de Republica Dominicana, dijo en la audiencia donde se conoce la medida de coerción por la operación Anti-Pulpo que está ahí defendiendo su honor aun sabiendo que su condición de salud corre peligro por lo tensos que son estos procesos.
Ante su defensa frente al juez, José Alejandro Vargas Guerrero, Germosén Andújar expresó que está en la mejor disposición de contribuir a que este proceso se aclare para recuperar su dignidad, su integridad y carrera como servidor público y empleado privado y como padre de familia.
El excontralor de la República en el período 19 de octubre de 2012 hasta el 16 de septiembre de 2016, pidió al juez que se tome en cuenta su accionar como ciudadano porque por 15 años fue gerente de auditoría interna del Banco de Reservas, asegurando que todos los bienes que tiene fueron adquiridos con financiamiento y con el esfuerzo de él y su esposa con quien lleva 25 años de casado.
En este momento, la voz de Germosén Andújar se entrecortó y empezó a llorar al hablar de sus tres hijos con edades de 23, 14 y 12, manifestando al juez que es “imposible fallarle a mi familia y a la sociedad y todos los que están sentados ahí saben y pueden justificar que en ningún momento he cometido ningún delito o fraude en contra del Estado ni en contra de ningún ciudadano”.
Aseguró que en ninguno de los casos que se están mencionando, su firma estuvo presente.
Agregó que el Ministerio Público hablaba de que él había otorgado dispensas por alrededor de RD$236 millones a través de una solicitud que le hiciera el exministro de Salud Pública y también imputado, Freddy Higaldo y que la Contraloría había emitido libramientos que no tenía presupuestos.
“Lo primero es que la Contraloría no emite libramientos a nombre de ninguna institución del Estado. Lo segundo es que es imposible que se pueda aprobar un libramiento si no es con el presupuesto correspondiente. Si es cierto que recibí una solicitud de dispensa del ministro de Salud Pública y en ese dossier venían alrededor de 25 procesos de compra que de una manera u otra había obviado uno que otro artículo de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas”, puntualizó.
Admitió que si aprobó una dispensa al Ministerio de Salud Pública cuya violación a la Ley consistía en que no habían publicado los procesos de compra y contrataciones en un diario de circulación nacional, pero si lo habían colocado en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP).
“Yo firmé ese libramiento que me tramitaron y respondo por él, sin embargo, quiero aclarar que en la estructura organizativa de la Contraloría General de la República existen dos funcionarios que son el muro de contención y de validación de cada uno de los libramientos que llegan a esa institución, el director de revisión y análisis y el de auditorías. Ellos le daban la dispensa de aprobar o no esos libramientos”, justificó el exfuncionario.
Sostuvo que él no está evadiendo su responsabilidad, sino citando el proceso preciso que se llevaba a cabo en la Contraloría al destacar que el Ministerio Público ha dicho que esas dispensas iban con el propósito de fortalecer a Juan Alexis Medina. “Yo desconocía eso”, dijo al añadir que Medina tenía relaciones con los directores de los departamentos citados arriba.
Con respecto a la OISOE, comentó que los pocos contactos se dieron en una reunión con el exdirector de esta entidad, Francisco Pagán, donde también participaron el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, y la exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, para decirle a él que necesitaban la certificación de los contratos de construcción o remodelación de los 56 hospitales.
“Yo no aprobé ni un solo pago ni de equipamiento ni de remodelación de ninguno de estos hospitales (…) Por eso me destituyeron”, concluyó.
Dijo que su desvinculación se produjo en menos de 15 días despés de la reunión.
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