La austera dama que concluyó una carrera digna como Jueza de la Suprema Corte de Justicia humillada en el Consejo Nacional de la Magistratura, el jueves se estrenó como miembro de ese órgano y este domingo, como responsable de la persecución penal sus subalternos están solicitando encarcelamiento para ex funcionarios y parientes del ex presidente Danilo Medina.
Esas medidas, para colmo psicológico, se radican ante el Tribunal de Atención Permanente que preside un Juez que se presentó, en esa misma ocasión, como candidato para la Suprema Corte de Justicia retirándose con un discurso admonitorio al sentirse rechazado por el entorno presidencial que entonces controlaba el CNM, “profetizando” que un día, Medina Sánchez y su entorno, desearían que su causa fuera conocida por él, en cuyo caso actuará apegado a la ley: Eso está sucediendo hoy.
La situación judicial abierta desde el pasado domingo con los allanamientos y aprehensiones, durante la noche, de ex funcionarios y particulares, dieron lugar a que el lunes Medina, afectado emocionalmente y contrario a su talante habitual, declarara “cobarde” la forma en que se realizaron los arrestos.
Ese día y el siguiente, en ocasión del suicidio –lamentable– de Cesar Prieto, mucha gente condenó la forma aparatosa, puesto que no se detenía a narcos, ni terroristas violentos y nadie compró el argumento de que están destruyendo pruebas, pero en el fondo, cuando menos en el caso del hermano, la mayoría está persuadida de su culpabilidad.
Abinader se ha mantenido juiciosamente al margen, empero, Leonel reaccionó –erróneamente– declarando que el PLD… se emborrachó, algo cierto, pero que quizás no debió decir él.
Ahora esta primera batalla judicial –alimentada por las redes y la prensa- se centra en indicios, peligro de fuga y en normas procesales: Eso es lo que verá el Juez, por el momento. Luego se analizará lo vertido en el acta de acusación y su sustento, habrá mucha presión mediática pero la ciudadanía debe recordar que el juicio no se inicia este domingo; algunos podrían recibir medidas de coerción económica o domiciliaria y, eso no implica culpabilidad, ni inocencia.
En ciertos medios, fruto de la designación de la JCE y de la elección del miembro del CNM a cargo del Senado apuntan a un acuerdo táctico entre el PRM y la FP, que de esta forma aúnan esfuerzos para destruir al PLD: Sería un grave error –político y humano- que Leonel ayude a destruir a Danilo, quien está siendo aniquilado por otros: En la muerte del enemigo que está agonizando a manos de otro, no se debe participar.
Sería error además porque puede hacer que, una parte del PLD y de la opinión pública, presionen por persecución al PLD de los 16 años –que presidió Leonel- y no de los últimos 8, propiedad de Medina.
Esa tesis de alianza táctica tampoco conviene a Abinader –quien luce ajeno a las actuaciones de los fiscales– puesto que a la oposición PLD y FP, la mantiene débil la opinión pública a través de los medios y ahora a través de la justicia: Gana sin hacer nada, no tiene que pagar el precio de perseguir y, las persecuciones judiciales a los líderes políticos han sido funestas para el país: La Amenaza a Antonio Guzmán determino su suicidio y el juicio –mostrenco- a Jorge Blanco resultó en una pesadilla para Joaquín Balaguer que solo terminó el día de su muerte… y costó al país más de lo que se ha estimado.
Desde luego que este no es el mismo país del periodo 1986-90 y, es por eso que, las condenas se deben procurar con respeto al debido proceso y, en particular, de los demás derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho al honor, la intimidad y el buen nombre: En el país algunos creen que existe la justicia popular, eso está prohibido, no basta por ejemplo que creamos a Alexis Medina Sánchez –quien con su estilo de vida se burló de todos– culpable, a él hay que respetarle sus derechos o no somos distintos.
Otra cuestión nueva que seguramente se discutirá cuando se ventile el tema de las pruebas en que se sustenta la acusación es que una parte central de las imputaciones se fundan en actos administrativos –concursos, contratos, libramientos, etc.– que hasta donde sé, posiblemente no han sido declarados incorrectos por la jurisdicción administrativa o remitidos –con dictamen- por la Cámara de Cuentas y, sin eso, el Juez Penal no debe darse atribuciones que la Constitución y la Ley no le otorgan: Qué tal que la Justicia Penal diga que son dolosos y la Administrativa dictamine que son correctos!
El juego apenas empieza.
Supongo que el siguiente round en el triste camino –actual- del PLD será no perder la capacidad de control de mayorías especiales en la Cámara de Diputados, algo que puede suceder con la pérdida de 7 diputados.
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