El Ministerio de Obras Públicas no renovará los contratos para la adquisición de cemento asfáltico AC-30, al estabelcer que estos se realizaban de forma irregular.
Al respecto, a partir de la fecha, estos serán adjudicados mediante procesos de licitación, como establecen las leyes, y en apego a los términos de competitividad e igualdad.
Esto fue informado ayer al país por Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Roberto Herrera, viceministro de Obras Públicas, y Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, en una rueda de prensa el Palacio Nacional.
“Tradicionalmente, el negocio de AC-30, o cemento asfáltico, ha estado regulado mediante contratos que el Poder Ejecutivo considera inequitativos, en algunos casos ilegítimos, y hasta leoninos”, dijo Peralta Romero.
Agregó que es decisión del Poder Ejecutivo disponer que las contrataciones de ese producto estén “reguladas mediante los principios de transparencia, equidad e igualdad”.
Carlos Pimentel manifestó que en los contratos sometidos a análisis se observó que estos no contienen cláusulas para regular la vigencia, modificación, terminación, resolución, arbitraje, nulidad, sanciones y solución de controversias, lo que viola el artículo 28 de la ley 340-06, por lo que Obras Públicas pondera la posibilidad de terminarlos de manera unilateral.
Además, indicó, “se trata de contratos diferentes que no están vinculados unos con otros. Los contratos validados por la pasada administración para la compra de asfalto, y que no serán renovados, se realizaron al margen de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y apoyados en normativas derogadas, usando una modalidad de adendas para mantenerse haciendo negocio con el Estado dominicano en la venta de cemento asfáltico”, explicó.
Pimentel precisó que en lo adelante las empresas tendrán que concursar en licitación competitiva e igualdad de condiciones, donde participen todos los proveedores de ese producto, “de modo que todos tengan la oportunidad de participar y de esa forma dinamizar el comercio de AC-30” en el país”.
Destacó que la pasada gestión de Obras Públicas mantenía contratos con varias empresas para suministrar cemento asfáltico AC-30 o PG-76, a su entera discreción, una práctica amparada en un supuesto motivo de excepción que permitía la contratación exclusiva, en violación de la citada ley y sus principios.
Roberto Herrera afirmó, por su parte, que aunque los contratos fueron registrados por la Contraloría General de la República, con vigencia desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 21 de diciembre de 2018, “en su contenido no se verifica que esto haya sido convenido entre las partes, lo que conjuntamente con las demás omisiones señaladas, podría constituir una causa de invalidez del acuerdo, conforme a la citada disposición legal”.
Herrera no especificó la cantidad de empresas que mantenían modalidad de contratación, ni el monto en que se establecieron los pagos, pero detalló que los documentos no contienen cláusulas para regular su vigencia, modificación, terminación, resolución, sanciones y controversias.
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