Golpear el mallete para imponer una medida de coerción, dictar apertura a juicio, imponer una condena, o simplemente anular certificados de títulos de propiedad, ha dado notoriedad a muchos jueces.
La trascendencia de los casos, ya sea por su complejidad, o por tratarse de crímenes horrendos que han consternado a la población, es lo que más realce ha impregnado a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado” como dispone la Constitución. Los magistrados que ejercen en materia penal son los que más trascienden, por ser los casos que más interesan a la opinión pública.
En las últimas décadas, sobre los hombros de decenas de jueces ha recaído la responsabilidad de decidir casos relevantes que han mantenido en vilo a los dominicanos, desde el hecho hasta la condena.
La asignación de expedientes sobre sucesos que han conmocionado el país, permite develar el rostro y los nombres de los magistrados, cuyos fallos en ocasiones son aplaudidos, cuando llenan las expectativas, pero a veces reciben repudio cuando se considera que no decidieron conforme a la magnitud del hecho.
Mientras duran los procesos judiciales, los magistrados han estado bajo la lupa de la ciudadanía desde la fase de instrucción, cuya decisión compete a tribunales unipersonales, ya que en la etapa de fondo y de apelación corresponde a una jurisdicción colegiada.
Su rol y formación
Para ingresar al Poder Judicial se requiere aprobar un concurso y luego durar dos años en un programa de formación continua en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Del 2002 al 2019 se han formado 476 jueces en 19 promociones, los cuales han sido asignados de inmediato a juzgados de paz. Las mujeres son las que más se han interesado por pertenecer a la judicatura, pues 326 han egresado de la ENJ (68%). Llegar al último eslabón, que lo constituye la Suprema Corte de Justicia (SCJ), suele ser la meta de los que se montan en el tren judicial, aunque para ocupar un puesto allí no solamente es necesario hacer carrera, porque hay una cuota que se reserva a los abogados de ejercicio.
Protagonistas
Caso Emely Peguero
El miércoles 16 de septiembre del 2020, el nombre de la jueza Carmina Caminero, de la Cámara Penal de San Francisco, sonó con más frecuencia. Fue la magistrada que dispuso la libertad de Marlin Martínez, implicada en el asesinato en el 2017 de la adolescente Emely Peguero, un hecho que conmocionó al país.
La jueza acogió un recurso de habeas corpus que impuso Marlin, por haber cumplido más de la pena de dos años que le impuso la Corte de Apelación de la provincia Duarte. Se trata de una jueza con 11 años de ejercicio, egresada en el 2009 del programa de formación de la ENJ.
No fue la única jueza que intervino en ese proceso. El Segundo Tribunal Colegiado de San francisco de Macorís, presidido por la jueza María de los Angeles Concepción, fue que le impuso cinco años de prisión a Marlin, pena que luego fue reducida a dos en la Corte de Apelación, y 30 años a su hijo Marlon Martínez. Esta magistrada también entró en el 2009 a la judicatura.
Pero a quien correspondió dictar apertura a juicio e imponer la medida de coerción fue a la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción, Isolina Contreras Peralta, quien forma parte del poder judicial desde el 2005.
Caso de la Red de Figueroa Agosto
Hay que recordar el rol que jugó en el 2010 la magistrada Clarivel Nivar cuando instruyó el proceso seguido a los integrantes de la red de narcotráfico que presidía el puertoriqueño José David Figueroa Agosto, la cual fue desmantelada a partir de un operativo realizado en el sector La Esperilla del Distrito Nacional, en el que fueron incautados 4.6 millones de dólares en una yipeta.
La jueza Nivar emitió el auto que envió a juicio de fondo a ocho implicados, en noviembre de 2010.
Pero luego de manejar ese expediente, se vio afectada por varios hechos violentos que ocurrieron alrededor de ella y de su familia, que provocaron incluso que cambiara de residencia y se le asignara seguridad para su protección, como el asalto a su vivienda y el asesinato de un hermano.
En una entrevista, comentó que conocer el caso Figueroa Agosto representó un reto para ella. Nivar se graduó como jueza en el 2005 y comenzó a trabajar ese año en el Tribunal Especial de Tránsito de San Cristóbal. Correspondió a jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la jueza Giselle Méndez, imponer la condena en este caso, que consistió en 15, 12 y 5 años de prisión. Méndez está en la judicatura desde el 2005, iniciando por el juzgado de paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, y ha tenido la responsabilidad de conocer otros procesos judiciales que conmocionaron a los dominicanos.
Asesinato abogado
Yuniol Ramírez.
La jueza Leonarda Quezada Belén, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Oeste, se ocupó de dictar prisión preventiva a los implicados en el horrendo asesinato del abogado Yuniol Ramírez, hecho ocurrido en octubre del 2017, atribuido a las denuncias de corrupción que había presentado el jurista.
Al año siguiente de imponer la coerción a los implicados en ese caso, la magistrada fue ascendida a jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, según reseñó Listín Diario en esa ocasión.
Quezada Belén entró a la administración de justicia en el 2014, siendo designada como jueza de paz especial de tránsito de Monseñor Nouel, según consta en una lista de egresados de la ENJ.
La fase preliminar del caso está en curso, a cargo de la jueza Solange Raquel Vásquez Reynoso, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Vásquez Reynoso se formó como magistrada en el año 2011, y fue enviada a desempeñar el cargo de jueza de paz de Castillo.
Asesinato de monaguillo
La noticia sobre el asesinato del monaguillo Fernelis Carrión Savillón causó conmoción en agosto de 2017. El juez Julio Armando Aybar Ortiz tuvo la responsabilidad de conocerle la medida de coerción al acusado del crimen, el sacerdote Elvin Taveras, imponiéndole un año de prisión preventiva. Aybar Ortiz ingresó a la judicatura en el 2010, comenzando su labor en el juzgado de paz de Las Charcas, Azua.
El juicio preliminar lo conoció el juez Máximo Rosa Saint Hilaire, quien emitió el auto de apertura a juicio de fondo. El magistrado lleva 12 años en el servicio judicial, ingresó en el 2008 como juez de paz en San Cristóbal.
Luego, en febrero del 2019, el sacerdote fue condenado a 30 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, integrado por tres juezas: Josefina Ubiera, Flor Batista y Marleny Altagracia Santos.
Caso Chamán Chacra
En el 2018 también escandalizó el país el asesinato de la señora Reina Isabel Encarnación y sus tres hijos en el barrio Enriquillo del Distrito Nacional, por el cual fue enviado a prisión Víctor Alexander Portorreal Mendoza, conocido como Chamán Chacra, pareja de Encarnación.
La prisión preventiva correspondió imponerla al juez José Alejandro Vargas, quien en los últimos años ha intervenido en fase de instrucción en otros casos de crímenes horrendos. Ingresó en el 2005 al poder judicial y se desempeña actualmente como coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional y juez de Tribunal de Atención Permanente.
La jueza Arisleyda Méndez Batista, del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue quien envió a juicio de fondo a este imputado en noviembre del 2018. Esta magistrada entró a la judicatura en el 2009.
La condena de 30 años de prisión a Chamán Chacra le fue impuesta por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Asesinato ex rector de la UASD
El 11 de marzo del 2006 el país fue estremecido por la noticia del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, que tuvo como principal acusado al entonces presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Blas Peralta.
El juez Rigoberto Sena Ferreras, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue quien envió a juicio a Blas Peralta y a otros implicados en abril de 2017. Sena Ferreras ingresó al sistema en el 2010, como juez de paz de Villa Fundación.
La coerción en este caso fue impuesta por el magistrado Alejandro Vargas y la condena de 30 años a Peralta la dictó el Primer Tribunal Colegiado.
Los verdugos de la fosa
La aparición de cadáveres de choferes en varias fosas de San Pedro de Macorís en mayo del 2018 fue motivo de consternación.
La coerción de un año de prisión fue fijada por la jueza Farida Abud Peña, quien ingresó al poder judicial en el 2011 como jueza de paz de Las Cuevas, de San Pedro de Macorís. Luego, el auto de apertura a juicio a varios implicados en esos asesinatos fue emitido por el juez de la instrucción Jossephang Bernhardt, quien ingresó a la judicatura en el 2014 en el juzgado de paz de Quisqueya, de San Pedro de Macorís. Luego un tribunal colegiado impuso condenada de 30 y 20 años a dos imputados.
Asesinato taxistas
A la jueza Karen Mejía, del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, le fue asignada la medida de coerción a los acusados de integrar una banda que se dedicaba a asaltar y asesinar a taxistas, de la cual también formaban parte menores de edad que fueron juzgados en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.
En la audiencia preliminar a los 5 menores intervino la jueza Leidy Isabel Alcántara Manzueta, del tribunal de niños, niñas y adolescentes de la provincia Santo Domingo, quien ingresó al poder judicial en el 2005 como jueza de paz de Don Juan, de Monte Plata.
Luego, el juez Rafael Abreu condenó a los menores a penas de 3 y 5 años de prisión, esta última era pena máxima que contemplaba el Código de niños, niños y adolescentes. Abreu ya salió de la judicatura pensionado.
Y el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo fue que conoció el juicio de fondo a los adultos sometidos por esos asesinados, condenando a uno a 30 años y descargando a otro. Ese tribunal estaba presidido por el magistrado Julio César Lara.
Narcotráfico
A la jueza Kenya Romero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le correspondió instruir varios casos sobre crímenes horrendos y narcotráfico que impactaron en la sociedad, enviando a juicio de fondo a los acusados, entre ellos el proceso seguido al acusado de narcotráfico Bienvenido Guevara Díaz (Maconi) y otras 16 personas involucradas en el tráfico de 1,570 kilos de cocaína. Además, a los acusados de asesinar al periodista Claudio Nasco, en diciembre del 2013, y de algunos expedientes de corrupción contra exfuncionarios gubernamentales.
Romero se formó como jueza en el 2006, siendo nombrada en el juzgado especial de tránsito de la Sexta Sala del Distrito Nacional.
Red César el abusador
El juez José Alejandro Vargas fue quien impuso coerción a varios implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, desmantelada en agosto del 2019 durante operativos de la DNCD y el ministerio público. En ese operativo no fue atrapado César el Abusador, debido a que se fugó del país, pero fue capturado en diciembre de ese año en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde era requerido.
El proceso a varios implicados en esa red fue ventilado en la sala penal de la SCJ, debido a que fueron pedidos en extradición.
Asesinato niño José
Rafael Llenas Aybar
Al juez Julio César Canó Alfau le tocó conocer el juicio de fondo a los acusados del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo del 1996 en el Distrito Nacional.
En ese entonces, el magistrado presidía la Sexta Cámara Penal del Distrito Nacional, y le impuso 30 años de prisión a Mario José Redondo Llenas y 20 años a Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien ya salió por pena cumplida.
Canó Alfau es un juez de larga trayectoria en el Poder Judicial, adonde ingresó en el 1985. Actualmente preside la Cámara penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Inmobiliario.
Bahía de las águilas.
La jueza Alba Luisa Beard Marcos saltó a la palestra pública al ser asignada para conocer en el 2014 la demanda de nulidad de 1,200 certificados de títulos de propiedad expedidos de manera irregular en Bahía las Aguilas, Pedernales, cuando presidía la Octava Sala Penal del Tribunal de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional. El 25 de agosto de 2014, la jueza declaró nulas y sin ningún efecto jurídico las transferencias, operaciones inmobiliarias, refundiciones, subdivisiones, deslindes, transacciones y cualquier operación realizada desde el 1990.
Beard Marcos se formó en la promoción de la ENJ del 2006, y fue asignada al juzgado de paz de la Primera Circunscripción de Santo Domingo Este. Actualmente se desempeña como jueza del Tribunal Constitucional.
En jurisdicción privilegiada
En la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), varios jueces han tenido un rol protagónico al decidir expedientes que involucraban a funcionarios públicos y legisladores.
Lo más reciente fue la instrucción del caso de los sobornos que admitió pagar la empresa Norberto Odebrecht, para cuya fase fue designado el juez Francisco Ortega Polanco, quien impuso las medidas de coerción y dictó auto de apertura a juicio.
También le tocó un papel activo al ex juez Alejandro Moscoso Segarra, quien en el 2015 dictó auto de no ha lugar o descargo en favor del senador Félix Bautista.
En esa misma jurisdicción, el entonces juez Juan Hiroito Reyes rechazó reabrir la investigación contra el senador Amable Aristy Castro y declaró extinta la ac
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