Con solo tres mujeres al frente, la Procuraduría General de la República ha sido dirigida por 37 abogados desde el fin del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que han tenido la responsabilidad de dirigir la investigación y diseñar las políticas de persecución penal en los últimos 59 años.
A unos les tocó armar expedientes penales que centraron la atención de la ciudadanía, por el impacto que tuvieron, dado la magnitud y el tipo de hechos que motivó un sometimiento judicial, difícil de borrar de la memoria de los dominicanos.
A los procuradores generales les corresponde trazar a los procuradores adjuntos o fiscales apoderados de los casos las líneas de persecución, pero en ocasiones, han subido al estrado para pedir sanción.
Algunos tuvieron el coraje de renunciarle al presidente de turno cuando no estaban de acuerdo con el manejo dado a un expediente, principalmente de corrupción.
Se recuerda el caso del entonces procurador Virgilio Bello Rosa (2000-2003), que le renunció en enero del 2003 al entonces presidente Hipólito Mejía, por desacuerdo con el tratamiento que se le estaba dando en la Fiscalía del Distrito Nacional, bajo la gestión de Máximo Aristy Caraballo, al caso de lavado de activos atribuido al exjefe de la avanzada del primer mandatario, Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico).
También por disgustos por la puesta en libertad de varios exfuncionarios del gobierno de Leonel Fernández que fueron sometidos a la justicia por irregularidades en el programa de Empleos Mínimos (PEME).
En el caso de Ramón González Hardy (1986-1987), fue sustituido por el entonces presidente Joaquín Balaguer luego que el mandatario cuestionó en los medios la lentitud para llevar el caso de Jorge Blanco, según recogen reportes de medios de comunicación.
Miriam Germán Brito, juramentada el 16 de agosto de 2020, es la número tres del reducido grupo de mujeres que han desempeñado ese cargo, que completan Semiramis Olivo de Pichardo y Pura Luz Núñez Pérez.
Olivo de Pichardo permaneció en el cargo dos años, desde el 15 de mayo de 1988 al 14 de mayo de 1990. Núñez Pérez menos de un año, del 14 de abril de 1987 al 14 de marzo de 1988.
Responsabilidades
Expedientes de corrupción, principalmente contra funcionarios de pasadas gestiones de gobierno, inmobiliarios, soborno, lavado de activos, y narcotráfico han sido los principales procesos penales con los que han tenido que lidiar los últimos procuradores generales.
Y al parecer esa será la tendencia que continuará la recién designada Miriam Germán Brito, pues desde ya decidió asumir varios expedientes de corrupción que habían sido enviados a la Fiscalía del Distrito Nacional por su antecesor Jean Alain Rodríguez, debido a que, según entendió la jefa del ministerio público, fueron enviados de “forma discrecional sin seguir ningún tipo de parámetros razonable que lo justificara”.
Entre ellos figuran los casos de sobornos de Odebrecht, la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto nacional de Atención Integral a la primera Infancia (INAIPI), el caso de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), entre otros.
Un reclamo de justicia y de cero impunidad le dio la bienvenida a Germán Brito, quien fue nombrada por el presidente Luis Abinader, con la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, ex fiscal del Distrito Nacional, para demostrar que cumplió con la promesa de designar a un ministerio público independiente, aunque todavía son nombrados por decreto del Poder Ejecutivo.
Germán Brito llegó al frente del ministerio público después de más de 40 años de servicios en el Poder Judicial, donde ingresó en el 1974 como jueza de paz y concluyó en el 2019, como presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el último peldaño de la carrera judicial.
Soborno, corrupción y narcotráfico
Al penúltimo procurador Jean Alain Rodríguez (2016- 2020) le correspondió armar el expediente sobre soborno y lavado de activos de Odebrecht, uno de los casos de mayor relevancia, cuya investigación inició en diciembre de 2016 y todavía está en los tribunales.
Salió sin ver el final del proceso penal, debido a que aún está pendiente de ventilarse el juicio de fondo, en el que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la jueza Gisselle Méndez, establecerá la culpabilidad o no de los encartados.
Ese caso de soborno por 92 millones de dólares que admitió pagar la constructora brasileña involucra a un empresario, a varios ex funcionarios y ex legisladores.
Ese expediente le ocupó bastante tiempo a la Procuraduría en la gestión de Jean Alain Rodríguez, quien al despedirse del cargo, el 17 de agosto, instó a la administración que le sucedió a trabajar para lograr una condena en los tribunales.
Otro caso que surgió en la gestión de Rodríguez, que constituyó un escándalo, fue el de la trama de corrupción en la venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de la provincia Santo Domingo. Fueron acusados ex funcionarios del gobierno y del sistema judicial, así como empresarios, a través de la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (PEPCA). El proceso está en fase preliminar.
En la administración de Rodríguez también surgió en el 2017 el escándalo de soborno por 3.5 millones de dólares para la compra de aviones Supertucano, el cual todavía está en etapa preliminar.
En el área inmobiliaria, le correspondió liderar la demanda de nulidad de los títulos de propiedades de terrenos expedidos a particulares en Bahía de Las Águilas, durante la gestión en el IAD de Jaime Rodríguez Guzmán, la cual fue acogida por la Octava Sala Penal de la jurisdicción original del Distrito Nacional. El fallo que dispuso la nulidad fue ratificado en apelación y en la SCJ.
En el ámbito del crimen organizado, el desmantelamiento de la red que presidía César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, fue uno de los más sonados, en agosto del 2019, pero aunque fueron detenidas varias personas, incluyendo su esposa Marisol Franco, el cabecilla logró escapar de la persecución en el país, generando conjeturas sobre su salida, lo cual ensombreció las investigaciones. Fue apresado en Colombia meses después, y posteriormente enviado Estados Unidos, que lo reclamaba para ser juzgado allá.
Su antecesor, Francisco Domínguez Brito (2014-2016) promovió la reapertura de expedientes de corrupción que involucraba a legisladores.
En septiembre del 2012, logró que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia revocara el auto emitido por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) que dispuso el archivo definitivo de los presuntos actos de corrupción atribuidos al senador Félix Bautista cuando dirigió la Oficina Supervisora de obras del Estado (OISOE).
El caso no prosperó porque el legislador fue favorecido con un no ha lugar en fase de instrucción, decisión que fue ratificada por la sala penal de la SCJ, y luego el procurador no recurrió el Pleno de la SCJ alegando desconfianza en los jueces.
Este expediente produjo un enfrentamiento entre el entonces procurador Domínguez Brito y el legislador.
Otra investigación que logró reabrir fue la de presuntos actos de corrupción contra el entonces senador Amable Aristy Castro cuando presidió la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana, logrando que la SCJ dejara sin efecto el auto que disponía el archivo definitivo.
En ese caso tampoco tuvo éxito porque fueron rechazadas las pretensiones en la etapa de instrucción en la jurisdicción privilegiada de la SCJ y confirmada la decisión en las siguientes instancias, incluyendo un recurso de revisión que sometió la Procuraduría ante el Tribunal Constitucional, por extemporáneo.
En la primera gestión de Domínguez Brito (2004- 2006), fue desmantelada la red de narcotráfico que dirigía Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien fue apresado el 18 de diciembre de 2004, durante una operación en la que se ocuparon 1,387 kilos de cocaína. Quirino fue extraditado a Estados Unidos a solicitud de la procuraduría al igual que varios integrantes de la red, entre ellos el coronel Lidio Arturo Nin Terrero. Quirino recobró su libertad en el 2014, luego de cumplir una pena de 9 años en un tribunal de Nueva York.
Crimen organizado
En la gestión de Radhamés Jiménez Peña (2006-2012) fue desmantelada la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía el puertorriqueño José David Figueroa Agosto, en septiembre del 2009.
En el operativo en que se descubrió esa red fueron decomisados 4.6 millones de dólares en un vehículo propiedad de Figueroa Agosto, quien se escapó de la persecución policial, siendo capturado luego en Puerto Rico junto a su compañera Sobeida Félix Morel. Figueroa Agosto fue extraditado a Estados Unidos y Félix Morel a República Dominicana, donde fue condenada, al igual que otros implicados, por lavado de activos.
Al procurador le tocó trazar la política de la persecución de los involucrados en ese expediente, incluso haciendo las coordinaciones con las autoridades de Puerto Rico para la captura de José David Figueroa Agosto y su pareja Sobeida Félix Morel en el 2010. Luego de esa captura, el procurador Radhamés Jimenez Peña, destacó el éxito para el avance y combate del crimen organizado, lo cual enfatizó que eso significaba que había voluntad y compromiso de las autoridades para combatir principalmente el crimen organizado.
Corrupción
El movimiento cívico Participación Ciudadana recopiló varios expedientes de corrupción judicializados desde el 1983 hasta el 2003, en algunos de ellos los procuradores tuvieron papel activo.
Esos casos de corrupción ocurrieron estando al frente de la Procuraduría Antonio Rosario, Américo Espinal Hued, Julio César Castaños Espaillat, Ramón González Hardy, Pura Núñez Pérez, Semiramis Olivo de Pichardo, Efrain Reyes Duluc, Juan Demóstenes Cotes Morales, Luis Nelson Pantaleón González, Ramón Pina Acevedo, Abel Rodríguez del Orbe, Mariano Germán, César Pina Toribio y Virgilio Bello Rosa. Entre esos casos figura el sometimiento judicial por prevaricación, estafa y otros delitos en perjuicio del Estado en el año 1986 al expresidente Salvador Jorge Blanco y otros funcionarios de su gobierno (1982-1986), que fueron condenados, pero luego descargados en el 2001.
Este surgió en la gestión del procurador Ramón González Hardy y continuó con otros como Pura Luz Núñéz Pérez y Semiramis Olivo de Pichardo.
También surgieron los expedientes de fraude en la Lotería Nacional (2000, 1997), de fraude en Migración con el otorgamiento de permisos de salida y residencia españolas falsas, sometimiento penal del exdirector del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, por venta irregular de terrenos de Bahía de las Aguilas; el sometimiento en el 2000 por la sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo durante el periodo de gobierno 1996-2000, de la irregularidad en la construcción de viviendas por parte del INVI, en el 2001.
Otros dos casos que fueron muy sonados fueron los expedientes sobre irregularidades en el Programa Eventual de Empleos Mínimos (PEME) que involucró a funcionarios de la gestión de Leonel Fernández (1996-2000) y en el Plan de Renovación de Vehículos (RENOVE) ejecutado en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004). En la gestión de Ramón Pina Acevedo, en septiembre de 1986, fue presentada la acusación de desfalco y abuso de confianza en perjuicio del Estado del entonces diputado Rafael Flores Estrella, por irregularidades en la Secretaría Administrativa de la Presidencia en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Fue indultado en el 1988.
Repitieron en el cargo
Unos con más tiempos que otros en el que cargo, cuatro han desempeñado las funciones por más de un período, al ser designados nuevamente en el cargo en siguientes períodos.
Francisco Domínguez Brito (2004-2006 y 2014-2016), Anaiboni Guerrero Báez (Enero-agosto 1970 y 1975-1976), Miguel Angel Luna Morales (1970, y 1976-1978) y Manuel Rafael García Lizardo fueron cuatro que repitieron en el cargo (1963-1964/ 1990-1992)
Menos de un año
Otros solo duraron meses en el puesto. Tal es el caso de Abel Rodríguez del Orbe (Enero a noviembre de 1998), Ramón Pina Toribio (Febrero-diciembre 1996), Juan Demóstenes Cotes Morales (mayo-agosto 1995), Julio César Castaños Espaillat (agosto-diciembre 1986), Falvio Darío Espinal Hued (agosto-octubre 1979), Antonio Grullón Chávez ( del 1 al 5 de julio 1971), Mario Ariza Hernández (del 1 de junio al 20 de agosto de 1970), Manuel Ramón Morel Cerda (septiembre-diciembre 1965), Osvaldo Soto (septiembre-octubre 1963) y José Manuel Machado (mayo-septiembre de 1961. Este fue precisamente el primer procurador que tuvo el país en el comienzo de período democrático después del fin de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina.
SEPA MÁS
Padre e hijo
En períodos y contextos sociales diferentes, padre e hijo tuvieron la oportunidad de presidir la Procuraduría, Ramón Pina Acevedo y su hijo César Pina Toribio.
Primer procurador
José Manuel Machado el primer procurador a partir de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina y duró en el cargo de mayo a septiembre de 1961.
Procuradora actual
Miriam Germán Brito es la más reciente procuradora, designada el 16 de agosto de 2020 por el presidente Luis Abinader.
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