Odebrecht, la empresa brasileña con tentáculos internacionales que a base de sobornos involucró a presidentes, funcionarios y legisladores de al menos 12 países en el mundo, incluyendo a República Dominicana, mantiene en vilo a la ciudadanía, que espera finalmente el castigo a la corrupción e impunidad.
El miércoles último, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, informó que estarían listos, antes de que finalice este mes, el informe y las resoluciones finales de la auditoría realizada a 11 obras ejecutadas por la constructora Odebrecht en el país.
Álvarez detalló que entre estas obras figuran la Autopista del Coral, la Autovía del Este, la Circunvalación de Santiago, el Corredor Duarte, la Circunvalación de La Romana, la Carretera Cibao-Sur, entre otras.
El escándalo internacional tocó las puertas de la República Dominicana cuando en enero de 2017, la Procuraduría General de la República, en ese momento liderada por Jean Alain Rodríguez, allanó durante más de seis horas las instalaciones de la constructora en el sector La Esperilla, de la capital, donde fueron incautadas más de veinte cajas con documentos.
El allanamiento se enmarcó dentro de las investigaciones sobre los sobornos, valorados en US$788 millones, que Odebrecht admitió haber pagado a países de la región, ante autoridades judiciales de Estados Unidos y Brasil.
En el caso de República Dominicana, Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que dio US$92 millones. Además, también reconoció que entre 2001 y 2014 los pagos le generaron beneficios de más de US$163 millones, según los documentos.
Por el caso fueron acusados en mayo de 2017, 14 empresarios y políticos de los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del pasado mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los acusados
Los imputados fueron, en principio, el empresario Angel Rondon; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exsenador de Santiago, Julio César Valentín; el exdiputado del PRD, Ruddy González; el exdirector de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), César Sánchez; el abogado notario, Conrado Pittaluga y el exdirector técnico de la Empresa Hidroelectrica Dominicana (Egehid), Bernardo Castellanos.
También el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura; el exadministrador de la Egehid, Máximo D´Oleo; el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán.
Estos estaban acusados de los delitos de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, falsedad en declaración de bienes, para los cuales el Código Penal contempla penas que van desde dos meses hasta 10 años de prisión.
Para conocer el caso en instrucción, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces, Mariano Germán, designó el 27 de mayo al juez Francisco Ortega, quien después de celebrar varias audiencias, el 7 de junio del 2017 impuso medida de coerción a 13, prisión preventiva para 7, arresto domiciliario para 3, y garantía económica e impedimento de salida a tres. Más tarde, impuso coerción al número 14.
El 8 de julio del 2017, la Segunda Sala Penal de la Suprema, actuando como corte de apelación, dispuso la libertad bajo fianza de 6, variando la prisión preventiva por garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. A otros, el cambio de la prisión la dispuso el juez de instrucción. La PEPCA, que dirigía Laura Guerrero Pelletier, había solicitado 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados.
Posteriormente fue incluido en el expediente el actual ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vásquez; sin embargo, tanto él como Alfredo Pacheco, Máximo D’Oleo, Temístocles Montás, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín y Ruddy González fueron excluidos por no encontrarse suficientes elementos de prueba en su contra.
En ese mismo mes, al decidir el Ministerio Público la apelación, la presidenta de la cámara penal de la Suprema, Miriam Germán Brito (hoy procuradora), afirmó que hay evidencias de que el ministerio público tiene dificultades para probar la acusación y advirtió de que si no mejora no tendría éxito en un posible juicio de fondo.
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