Aun cuando los desarrolladores del Aeropuerto Internacional de Bávaro han dicho que ese proyecto tiene carácter eminentemente privado y que nada costará al Estado dominicano, el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) le aprobó exenciones fiscales totales durante 15 años a esa obra del Grupo ABRISA, según consta en documentos a los que tuvo acceso este diario.
Esto, a su vez, sienta un precedente y lo coloca en un rango especial al constituirse en la primera vez que ese organismo concede tales privilegios a un aeropuerto privado en el país.
Así, con estas facilidades, la viabilidad financiera del proyecto depende, exclusivamente, de incentivos fiscales que le fueron concedidos, incluso, antes de ser emitido el decreto aprobatorio del Poder Ejecutivo el martes 21de julio, una ventaja que no tienen sus potenciales competidores.
La aprobación de estos privilegios fiscales, siempre conforme a la documentación a la que accedió Listín Diario, tuvo lugar el 16 de julio y la licencia ambiental aportada entre los documentos de apoyo tiene fecha del mismo día.
En la resolución 6796 de la Comisión Aeroportuaria (CA), en la que da un “no objeción” al proyecto, sometido por los promotores a Confotur, se señala en su artículo primero que la “inversión total estará bajo la responsabilidad y costo exclusivo de su promotor Grupo ABRISA y de la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro”.
En el decreto de aprobación firmado por el presidente Danilo Medina, el considerando tercero repite la afirmación de la Comisión Aeroportuaria sobre la responsabilidad de la carga total de la inversión.
Sin embargo, según las conclusiones del Ministerio de Hacienda, como parte del análisis costo-beneficio del aeropuerto de Bávaro, hecho a solicitud del Confotur, “en ausencia de los incentivos tributarios el proyecto no sería financieramente rentable, debido a que este no compensa la inversión inicial realizada”.
Y más adelante se advierte de que “los incentivos tributarios representarían un sacrificio fiscal para el Estado de RD$4.403.9 millones durante los años considerados, de los cuales el 73% corresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impuesto sobre los activos; el 4.0%
al impuesto a la transferencia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las importaciones.”
Sobre todo esto se considera que la merma en los ingresos fiscales, a consecuencia de la generosidad fiscal adoptada por el Confotur en la sesión presidida por el ministro de Turismo, Francisco Javier García, podría ser mucho mayor.
Contratos y las ventajas
De acuerdo a los contratos suscritos por el Estado con los demás aeropuertos privados, las ventajas concedidas también les corresponderán a ellos, es decir que habría que otorgar las mismas exenciones y por igual período a los aeropuertos de La Romana, Punta Cana y Santiago.
De acuerdo a los contratos suscritos por el Estado con los demás aeropuertos privados, las ventajas concedidas también les corresponderán a ellos, es decir que habría que otorgar las mismas exenciones y por igual período a los aeropuertos de La Romana, Punta Cana y Santiago.
En las conclusiones del Ministerio de Hacienda se indica que “los beneficios indirectos del proyecto a la sociedad ascenderían a RD$222.1 millones, por lo que estos cubren el 5.0% de los incentivos a otorgar. Es decir que los beneficios indirectos que aportaría el proyecto son inferiores al sacrificio fiscal generado por el Estado”.
Según los promotores del proyecto aeroportuario en Bávaro, que ya operaron la concesión de Las Américas y posteriormente vendieron “con pingües beneficios”, invertirán US$272.3 millones a ser cubierto el 61% con los aportes de sus accionistas, y el restante 39% a través de un financiamiento con el sector bancario, a una tasa de 8% anual, pagadero en un período de siete años, con dos de gracia.
Todas las aprobaciones oficiales se concedieron en un periodo de 10 meses, pese a la pandemia y el estado de emergencia, y la decisión de Confotur se produjo sin que los beneficiarios cumpliesen con todos los requisitos previstos.
Se ha destacado el hecho de que la representación de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) solicitó infructuosamente, en la reunión de Confotur, que sólo se concediera una aprobación provisional del proyecto, “toda vez que el mismo carecía de los permisos correspondientes, como lo era el decreto de aprobación de concesión del que debe disfrutar toda infraestructura portuaria”.
Además, tampoco fueron sometidos los permisos municipales ni otros especificados en la Ley de Fomento al Desarrollo turístico, como un “anteproyecto arquitectónico, así como los detalles preliminares de ingeniería del mismo, preparado por un profesional o firma reconocida de profesionales dominicanos aptos, legalmente en ejercicio” y, como aplica en este caso, “un plan de contingencia para prevenir y controlar los derrames de combustibles”.
Los no beneficiarios
Los aeropuertos no están señalados directamente como beneficiarios en la Ley 158-01 de incentivo turístico. Aún si, como decidió Confotur, el aeropuerto cae dentro de las “actividades turísticas” contempladas en el artículo 3 de la Ley 158-01, esta establece en su artículo primero que se aplica a “los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad”.
Los aeropuertos no están señalados directamente como beneficiarios en la Ley 158-01 de incentivo turístico. Aún si, como decidió Confotur, el aeropuerto cae dentro de las “actividades turísticas” contempladas en el artículo 3 de la Ley 158-01, esta establece en su artículo primero que se aplica a “los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad”.
Una ojeada al párrafo I de la legislación lleva a conocer que esta concibe los incentivos como parte de “un proceso racionalizado del desarrollo de la industria turística en todas las regiones de gran potencialidad” y que “no han alcanzado, a la fecha, el grado de desarrollo esperado, o que pueden ser desarrolladas y mantener estándares y niveles de competitividad ya establecidos internacionalmente”.
En la zona Este, constituida como la de mayor desarrollo turístico del país, operan ya los aeropuertos de La Romana y Punta Cana, con capacidad para atender la demanda por los próximos 30 años, y se construye un aeródromo en Nisibón.
El nuevo aeropuerto del Grupo ABRISA se situaría a dos minutos de vuelo del de Punto Cana y, como ya se ha hecho norma, el Estado tendría que dotarlo de equipos técnicos que una fuente consultada estimó en unos US$40 millones.
Según fuentes, el sector público deberá cargar con una nómina de 500 personas para migración, seguridad, aduanas y controles fitosanitarios, entre otras obligaciones públicas.
Informes señalan que un nuevo aeropuerto no necesariamente incentivará el número de visitantes que vienen a ese polo turístico por vía aérea, y que el año pasado sumaron un volumen de 7.1 millones en aproximadamente 47 mil vuelos.
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