La decisión de la Junta Central Electoral, JCE, ante la presión de los partidos políticos y el síndrome provocado por la suspensión de las elecciones municipales debido a los errores técnicos que se cometieron, atiza que se proclamen elecciones en el exterior el 5 de julio.
Se trata de un apuro que tiene al pleno de la JCE en una especie de “cámara de consejo”, ante un problema espinoso que compromete su credibilidad, el tira y hala entre los partidos y la política exterior, ya que están involucrados oreos estados.
Es posible que los afanes por las elecciones suspendidas y las que se llevaron a cabo posteriormente así como la pandemia del COVID-19 le hayan quitado balance a la JCE para organizar debidamente las elecciones en el exterior que implican gran logística.
Si por la presión de los partidos fuera, especialmente por los de oposición, la JCE habría tomado la decisión de hacer las elecciones en los Estados Unidos, España y otros países que en lenguaje diplomático han dejado saber los inconvenientes debido a la pandemia.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en carta que firma su abogada y asistente general, Beth Garvey, señala que “apoya el derecho de todos los newyorquinos a participar en el proceso de la democracia, incluyendo a aproximadamente 250 mil ciudadanos de la República Dominicana, quienes actualmente residen en el estado de Nueva York”.
Tanto en esa carta como en otra recibida al parecer por la Cancillería, se le recuerda a las autoridades dominicanas la necesidad de que las elecciones tengan lugar en un ambiente de respeto a la distancia física y a las medidas para enfrentar la pandemia.
La advertencia de las autoridades de NY, que ha sufrido más que ningún estado de la Unión el embate del COVI-19, sería sido suficiente para que la JCE suspendiera las elecciones en esa ciudad, para lo cual necesitarán más de 20 mil voluntarios y un presupuesto enorme.
La Cancillería de España le ha dicho a su contraparte dominicana que “no podía confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial en su territorio”, al tiempo de recordarle que las votaciones podían hacerse por correo que funciona normal.
El canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado afirma que Canadá ha expresado de manera escrita su disposición de no permitir un proceso electoral presencial. Ese país está siendo víctima de la pandemia y como otros prefiere que las votaciones sean por correo.
Sin los servicios aéreos regulares entre los países, la JCE tendría que gastar un monto increíble de dinero que no saldrán de otro lado que de los fondos de los contribuyentes, no así de los recursos asignados a los partidos mensualmente y de lo cual no dan informes.
Paliza se queja
El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza politiza el tema al denunciar que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, no quiere que hayan elecciones en el exterior, donde en total se cuentan más de medio millón de electores.
La impresión que se aprecia al oír las opiniones de los opositores a la candidatura de Gonzalo Castillo que es respaldada por el presidente Medina, es que las votaciones en el extranjero serían la tabla de salvación de la candidatura de Luis Abinader, del PRM.
Eso no parece coincidir con la versión de varias encuestas en el sentido de que el empresario se encuentra puntero en las preferencias electorales. Abinader, contrario a otros opositores, no se opone a que las votaciones tengan lugar por correo.
La casuística no ayuda tanto a los que se aferran al voto en el exterior. La abstención electoral fue de 51.30% en los comicios de 2016. Es obvio que sea incógnita si la pandemia del COVID-19, que habría matado a más de 1000 dominicanos en Nueva York, podría alentar un desgano y una mayor abstención que lo usual.
La JCE ha tratado de “curarse en salud”, conociendo la difícil situación de su eventual proclama, al decir que el organismo “tiene la voluntad firme de cumplir con lo que manda la ley”, pero “no podemos olvidar la situación del mundo, la situación de la pandemia”, citas del presidente Julio César Castaños Guzmán.
En los Estados Unidos el presidente Trump ha amenazado con retener los fondos federales a los estados de Michigan y Nevada por la obstinación de sus gobernadores en respaldar el voto por el sistema postal, como forma de evitar aglomeraciones de votantes debido a la pandemia y a lluvias catastróficas la semana pasada.
Los ciudadanos de los dos estados irán a las elecciones primarias el próximo 4 de agosto y a las presidenciales el 3 de noviembre. En ambas aparecerá el nombre de Trump, que es hasta el momento el único candidato que postularía el Partido Republicano. Allá, contrario a RD, se cree que el voto preferencial favorece al que gobierna.
Hasta la Iglesia ataca
La Iglesia o por lo menos el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte le reclama a la JCE “que debe de emplear todos los medios para garantizar el voto en el exterior”. La Iglesia también ha presionado en lo que podría entenderse como un involucramiento en asuntos políticos.
Cualquier elector dominicano vería como razonable tal interferencia si fuera “comprensivo” con la noción de la separación de Iglesia y Estado y con la realidad de que si bien la institución espiritual se involucra en la política en favor de la democracia, no la practica puesto que El Vaticano es una autocracia absoluta.
Cuando se aprobó el tema del voto de los dominicanos en el exterior, los legisladores no tomaron en cuenta, no ya la pandemia extraordinaria por la que pasa el mundo, sino si eso podría interesar a los países donde viven los dominicanos. Desanidar esos países cada cuatro años es una muestra de mala voluntad.
Estados Unidos condiciona que si se celebran las elecciones presenciales en su territorio sea observando las normas de seguridad y las derivadas de la pandemia, porque conoce también cuán amigos de la garata son los dominicanos, que se enfrentan en Nueva York como en Madrid en rifarrafes cuando las visitan los políticos.
Los legisladores no tomaron en cuenta la posibilidad de que en el futuro y debido a la inmensa población de haitianos residentes en la República Dominicana, se pidiera que así como los dominicanos pueden votar en el exterior, los haitianos tengan el mismo derecho aquí que en sus país.
Ni los políticos ni el padre Castro se han detenido a pensar cuánto le costará a la JCE las elecciones presenciales y a los Estados Unidos que tienen que dar protección a numerosas mesas electorales que son manejadas por personal de la Junta no acreditados porque, otra irregularidad, es que las juntas en el exterior funcionen aparte de las misiones diplomáticas.
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