Con la finalidad de continuar la lucha contra el Covid-19, el gobierno ha extendido hasta el 18 de abril las medidas de distanciamiento social y el toque de queda.
No hay dudas de que en crisis como la actual la población se siente reasegurada cuando el estado implementa acciones que hacen sentido.
En tales situaciones, y como ha sido nuestro caso, la ciudadanía apoya las iniciativas públicas aún si ellas implican restricciones y penurias. Sin embargo, si las medidas tomadas por el gobierno no parecen resolver la crisis y esta se prolonga, el disgusto puede apoderarse de la población y el incumplimiento de las medidas establecidas puede extenderse, agravándose el problema.
No hay dudas de que en crisis como la actual la población se siente reasegurada cuando el estado implementa acciones que hacen sentido.
En tales situaciones, y como ha sido nuestro caso, la ciudadanía apoya las iniciativas públicas aún si ellas implican restricciones y penurias. Sin embargo, si las medidas tomadas por el gobierno no parecen resolver la crisis y esta se prolonga, el disgusto puede apoderarse de la población y el incumplimiento de las medidas establecidas puede extenderse, agravándose el problema.
Dadas las condiciones materiales de existencia de los dominicanos, en nuestro país este último escenario está asegurado de no darse avances significativos en la lucha contra el virus para el 18 de abril: la mayoría de la población depende de actividades informales que no pueden desarrollarse desde la casa y que están siendo diezmadas de manera vertiginosa por la paralización de la economía y por el requerimiento de distanciamiento social. El creciente número de arrestos debido a la violación del toque de queda y la avalancha de gente que se agolpó cuando abrieron el Mercado Nuevo de la calle Duarte, son indicadores ominosos. En el sector formal tenemos que, al 9 de abril, ya habían sido suspendidos 434 mil trabajadores, los cuales no recibirán su salario. Ello representa el 20% del empleo formal, 10% de la fuerza de trabajo y 30% de quienes cotizan a la seguridad social.
Aparte de una marcada lentitud de parte del gobierno en su reacción inicial al Covid-19 (el primer caso se detectó el 2 de febrero y no reaccionaron hasta el 16 de ese mes), el problema que nos tiene navegando sin brújula es la bajísima cantidad de testeos que se han realizado con relación al tamaño de la población. Entre el primer caso detectado el 2 de febrero y el 9 de abril solo se habían aplicado 6,358 pruebas, un número minúsculo, cuando la recomendación es que el testeo sea masivos a fin de establecer de manera certera como se mueve el virus en la población. En consecuencias, el real número de infectados ha de ser mayor que la cifra oficial. Además, las cifras de muertos por el Covid-19 dadas por las autoridades pudiesen estar subestimando el total real, ya que se informan de fallecimientos que no se les reportan. Ello implica que la tasa de mortalidad pudiese ser mayor al 5% que se indica, una tasa muy elevada de por sí.
El resultado es que enfrentamos un monstruo cuyas dimensiones realmente desconocemos al día de hoy, por tanto, no es posible precisar por cuánto tiempo necesitaremos las medidas de distanciamiento social y de limitación de la actividad productiva, ya que el espacio temporal de ellas establecido por las autoridades no está basado en un conocimiento sólido de donde estamos en la lucha contra la epidemia, de que tanto ella se ha propagado ni de cuando podemos anticipar el aplanamiento de la curva de infecciones. Caminamos a oscuras por tiempo indefinido. A esto debemos agregar que la vuelta a la normalidad, cuando ocurra, no puede darse de golpe ya que ello pudiese generar una nueva explosión de la epidemia.
El testeo es crucial para definir la magnitud del efecto de la epidemia debido a que se estima que entre el 25% y el 50% de las personas con el Covid-19 pueden no manifestar síntoma alguno, pero pueden esparcir el virus. El caso más dramático de las consecuencias de no haber realizado el testeo a tiempo y en la magnitud requerida es la catástrofe que el virus está causando en los EEUU. Este caso es de particular interés, ya que muestra que incluso existe un período de tiempo a partir del momento en que se detecta el virus en el país cuando las pruebas deben aplicarse de masivamente a la población. Si esa ventana de oportunidad se pierde, la epidemia no puede ser contenida y se expande de manera galopante.
En el artículo publicado por el New York Times el pasado 28 de marzo titulado “The Lost Month: How a Failure to Test Blinded the U.S. to Covid-19” se explica que los chinos habían compartido con los EEUU la secuencia genética del Covid-19 el 6 de enero, y que para el 20 de ese mes ya los norteamericanos habían desarrollado un test. Sin embargo, en los EEUU no se empezó a testear por el Covid-19 entre finales de enero y principios de marzo, lo cual permitió que la epidemia se expandiese de manera explosiva. Como no se había distribuido el test del Covid-19 en los estados, los encargados de salud locales no podían utilizar una herramienta epidemiológica importante conocida como prueba de vigilancia. Ello consiste en que, a fin de ver donde se estaba escondiendo el virus, los hisopos con muestras nasales destinadas a diagnosticar la gripe común también se hubiesen chequeado por Covid-19. Todo esto implicó que se perdió la oportunidad de contener el virus, en consecuencia la caja de herramientas epidemiológica cambió. Lo que procedía era encierro, disrupción social y tratamiento intensivo con la finalidad de mitigar el daño.
En el artículo de marras se recoge la opinión del Dr. Bruce Aylward, consejero senior de la Organización Mundial de la Salud, quien afirma que testear es “absolutamente vital” para entender como derrotar la enfermedad, que la distingue de otras, su espectro, y más importante, su curso en la población. Agregando: “Tu quieres saber si la tienes o no. Tú quieres saber si la gente alrededor de ti la tiene, porque entonces puedes pararla. No puedes detenerla si no la ves”.
El caso diametralmente opuesto a los EEUU es Alemania. Para el 4 de abril éste país tenía 100,000 casos de infección (un número alto), pero tan solo 1,584 muertos, lo que arrojaba una tasa de mortalidad de 1.6%; más baja que la de China (4%), EEUU (3%), e incluso Corea del Sur (1.8). Este resultado fue producto de un testeo masivo (350 mil pruebas por semana a esa fecha) desde que se manifestó el primer caso en febrero, lo que permitió detectar más personas con síntomas leves (por ello el alto número de infectados detectados), mejorando las probabilidades de salvarlos.
¿Podíamos los dominicanos esperar que nuestras autoridades fuesen tan efectivas como lo han sido países con mayores recursos y desarrollo biotecnológico? No, pero si podíamos esperar que ellas tuviesen capacidad de previsión. Si ya en febrero el virus estaba azotando a los EEUU y a Europa, países de donde vienen millones de nuestros turistas y donde residen miles de dominicanos, era absolutamente lógico concluir que en corto plazo nos impactaría. En consecuencia, la obtención de gran número de kits para pruebas del Covid-19 era de extrema urgencia vis-a-vis la importancia extraordinaria que se le daba en países como China y Corea del Sur, a fin de no presentar la desconcertante cifra de tan solo 6,358 pruebas administradas para el 9 de marzo.
El gobierno ha gastados enormes sumas haciendo propaganda a lo mucho que supuestamente ha mejorado el sistema de salud pública. La crisis actual puede tomarse como un examen sobre la veracidad de esas mejoras que se han proclamado. El resultado no es para celebración. Como con la educación, en el gobierno parece primar la actitud de priorizar la construcción de edificaciones y no la mejora de la calidad de los servicios que las instituciones están llamadas a proveer. Por ejemplo, resulta llamativo que siendo nuestro país uno de aquellos que periódicamente son azotados por epidemias de diversos tipos, el gobierno no ha implementado programas promocionados por la Organización Mundial de la Salud, como la Supervisión Basada en la Comunidad (Community Based Surveillance), un proceso de participación activa de la comunidad en la detección, reporte, respuesta y monitoreo de eventos que afectan la salud de la población. Naciones del África, con más limitaciones de recursos que nosotros, han sido capaces de poner este programa en práctica con éxito.
Algunos se rasgan las vestiduras ante el comportamiento de miembros de los sectores populares que parecen no obedecer las normas de distanciamiento social y toque de queda. Hay quienes proponen el absurdo de una cuarentena forzada por todo el día. El problema que al parecer no comprenden los que se escandalizan ante este hecho es que el costo económico, humano y existencial de “quedarse en casa” no es el mismo para quien vive en una casa o apartamento con las comodidades de la vida moderna, recibiendo la compra a domicilio desde el supermercado y con la opción de continuar trabajando por Internet, que para aquellos que poseen en su casa solo lo esencial (o menos que eso), sobreviven saliendo a ubicar en persona los precios más bajos de lo que consumen y no tienen la opción de continuar laborando por Internet. Son dos realidades muy distintas y la vida de muchos puede depender de en cuál de ellas habite.
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