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Cuando su hija tenía cuatro años, Jennifer Jean abrió una pequeña empresa de catering en Bourdon, un distrito de clase media-baja de la capital de Haití, Puerto Príncipe.
Desde sus inicios en bodas o actos corporativos ocasionales, el negocio prosperó y Jean llegó a ganar hasta 1,000 dólares al mes, una cantidad suficiente para pagar las facturas y enviar a su hija, ahora adolescente, y a su hijo de siete años a una buena escuela privada.
Pero entonces llegaron los apagones, que imposibilitan las tareas básicas. Sin refrigeración, tiene que comprar hielo en la calle para mantener fría la comida que prepara.
“Antes podías sacar tu auto a cualquier hora de la noche, a la 1 o las 2 de la madrugada”, dijo Jean, que está pensando en emigrar a Estados Unidos. “Ahora todas las calles están oscuras. No sabes qué te vas a encontrar”.
Gracias al programa de ayudas venezolano Petrocaribe, Haití llegó a recibir unos 60,000 barriles de crudo al día en condiciones mucho más favorables que las de mercado. Más de la mitad de los costos del petróleo, que se vendía com un fuerte descuento, podían devolverse a 25 años con un interés del 1%, lo que supuestamente permitía que el gobierno utilizase estos beneficios para fomentar el desarrollo económico. A cambio, Haití respaldaba a Venezuela ante Estados Unidos en foros regionales como la Organización de los Estados Americanos.
Pero a medida que el gobierno del presidente Nicolás Maduro hacía frente a la caída de la producción del petróleo y a sus propios problemas económicos, Caracas dejó de enviar miles de millones de dólares en petróleo subvencionado a países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo Haití, donde el fin del crudo barato produjo importantes cortes en el suministro eléctrico.
Por otra parte, la Oficina de Monetización de Programas de Ayuda al Desarrollo de Haití (BMPAD por sus siglas en inglés), se topó pronto con sus propias dificultades. Tras empezar a comprar crudo en los mercados internacionales, el departamento dijo este año que se quedó sin fondos operativos y dejó de entregar de forma regular el combustible necesario para las estaciones eléctricas que mantienen las bombillas encendidas.
Ahora, la mayor parte de la población de Haití tiene electricidad durante apenas tres horas al día.
Durante la noche, la actividad casi se ha paralizado mientras aumentan el número de robos armados a vendedores callejeros o en viviendas aprovechando la oscuridad. Las gasolineras pasan días vacías, lo que dificulta que muchos haitianos puedan acudir a su trabajo, hacer recados o llevar a sus hijos a la escuela. Los hospitales confían en generadores de emergencia para funcionar.
“No podemos encontrar gasolina para nuestros vehículos. Los clientes no vienen. Las ventas están bajando en todos los sectores”, explicó el empresario Reginald Boulos, cuyo fondo de inversión gestiona importantes supermercados y concesionarios de coches.
La crisis de combustible está empujando a la economía haitiana al borde de la recesión. El crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 fue del 1,5%, menos de la mitad de lo que esperaba el gobierno. Y los economistas dicen que es probable que este año la cifra se repita. La inflación anual alcanzó un estimado del 17% y un galón de gasolina se vende en el mercado negro por entre seis y 12 dólares.
Los distribuidores de combustible reciben del estado alrededor de 27 centavos por cada galón de gasolina subvencionada que venden a los consumidores. Esto ayuda a que el precio oficial del galón se mantenga en torno a 2,5 dólares. Pero el arruinado estado haitiano lleva meses sin pagar los subsidios y en un momento dado llegó a acumular una deuda de cerca de 71 millones de dólares, lo que llevó a los empresarios a pedir el final del complejo sistema de compra del petróleo estatal.
La solución a la crisis es cuando menos compleja. Cuando el presidente, Jovenel Moise, intentó eliminar las ayudas al combustible el 6 de julio y elevar el precio de varios productos derivados del petrolero entre un 38% y un 51%, los manifestantes salieron a la calle en todo el país pidiendo su dimisión. La propuesta se retiró de inmediato, y el Fondo Monetario Internacional ofreció entonces un préstamo de 96 millones de dólares a un interés bajo a la nación más pobre del hemisferio occidental.
Los disconformes están enojados también por la corrupción. Una investigación del Senado halló que más de 2,000 millones de dólares en beneficios del programa Petrocaribe desaparecieron o fueron robados, lo que derivó en una campaña ciudadana que durante meses pidió más pesquisas y procesamientos.
“La escasez está generando pánico. La economía se ve perjudicada. La mejor solución es liberalizar el mercado y regularlo para evitar estos problemas”, apuntó Maarten Boute, director general de Digicel, el mayor proveedor de telefonía celular del país.
Otros países de la región gestionaron bastante mejor el final de Petrocaribe. Jamaica tiene un desempeño económico récord aunque Cuba, por su parte, sufre escasez de comida y combustible, aunque no tan graves como en Haití.
El gobierno de Moise pidió a la BMPAD, al Ministerio de Finanzas y a empresas energéticas privadas que propongan vías para abrir más el mercado del petróleo. Sin embargo, el director de la BMPAD, Fils Aimé Ignace St Fleur, dijo que la agencia no abandonará su rol de supervisor en la importación y tarifado del petróleo al por mayor.
“El estado se reserva el derecho a intervenir directamente en el mercado”, manifestó.
Pero en el distrito de Bourdon, Jean dice que su situación es cada vez más complicada.
No puede encontrar gasolina, el precio de un taxi se multiplicó por dos y sus hijos tienen que forzar la vista para estudiar con un hilo de luz.
“Sin electricidad estamos en una situación muy difícil”, apuntó.
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