Los opositores advierten que dichas leyes, que se contarían entre las más restrictivas de la comunicación en línea en el mundo democrático, podrían tener consecuencias imprevistas, como la censura de la prensa y una disminución en la inversión en Australia.
El gobierno presentó las propuestas de ley en respuesta a los ataques del 15 de marzo en Christchurch, en los que un supremacista blanco australiano al parecer utilizó una cámara montada en un casco para transmitir en vivo la masacre de 50 feligreses en dos mezquitas.
El gobierno quiere que la Cámara de Representantes apruebe la ley el jueves, el último día de sesión del Parlamento antes de las elecciones programadas para mayo.
"Debemos actuar juntos para asegurar que los agresores y sus cómplices no aprovechen las plataformas por internet con el objetivo de propagar su violencia y propaganda extrema, estas plataformas no deben convertirse en un arma para el mal", dijo el fiscal general Christian Porter al Parlamento mientras presentaba la ley.
El vocero de la oposición Mark Dreyfus dijo que la ley sería aprobada el jueves con el apoyo de su Partido Laborista a pesar del recelo. Si el Laborista ganara las elecciones, la ley sería revisada por un comité parlamentario.
La propuesta de ley fue aprobada por el Senado sin debatir, con apoyo del partido de la oposición la noche del miércoles.
La ley criminalizaría a las redes sociales si no eliminan "aberrante contenido violento" rápidamente. El crimen sería punible con hasta tres años en prisión y una multa de 10,5 millones de dólares australianos (7,5 millones de dólares estadounidenses) o 10% del ingreso anual de la plataforma.
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