Como parte de sus principios rectores, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que propone la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su apartado 15, reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.
Sin embargo, entre los adversarios del pacto, supuesto a firmarse entre los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, los países que lo acojan perderían, precisamente su soberanía. Ello, pese a reconocer algunos, tal como se plantea en el documento propuesto, que sus decisiones no son vinculantes jurídicamente.
En la mayoría de los sectores consultados ayer prevalece la opinión de que el documento afecta la soberanía nacional y piden al presidente Danilo Medina no firmarlo, aunque abogan por una consulta a la población.
Todavía ayer, el Gobierno dominicano no tenía una postura definida en cuanto al pacto, pese a que los estados miembros de la ONU aprobaron el documento a firmar el 13 de julio pasado, con excepción de Estados Unidos, dice la propia organización internacional en su página web.
El vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, anunció ayer que el mandatario dominicano creó el viernes pasado una comisión para analizar los documentos y hacerle las recomendaciones de lugar. Dicha comisión está conformada por los ministerios de la Presidencia, del Interior y Policía, la Consultoría Jurídica y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica (Diape).
El abogado experto en asuntos migratorios Juan Manuel Rosario, es de los que considera que el país no debe firmar el pacto, uniéndose a otras naciones como Estados Unidos, Hungría, Austria, Israel, Australia o Polonia que han expresado su rechazo.
“Los 23 puntos del pacto de forma sutil esconde los verdaderos propósitos de reducir la soberanía migratoria de los estados e imponer la gobernanza migratoria”, dice Rosario que entiende que si bien el pacto no es vinculante, serviría de herramienta para seguir presionando al país para que cargue con los problemas del pueblo haitiano.
Entre otra cosas, el pacto plantea a los estados el velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada; facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente; minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos.
Para el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, en temas controversiales como este, se debe procurar un consenso maduro, responsable y sincero, de manera que la decisión que se adopte sirva de apoyo al fortalecimiento de las instituciones del país.
A favor del consenso se expresó el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, para quien el pacto mutila la soberanía del Estado y “por lo tanto, la ciudadanía debe participar en los debates”.
Radhamés González, diputado del Partido Revolucionario Dominicano, manifestó que antes de firmarse el acuerdo debe ser conocido por el Congreso Nacional, ya que se trata de un tema relacionado a la soberanía nacional.
En cambio, Iván Ogando, director ejecutivo de Flacso-RD, se mostró a favor del pacto por considerar que un país eminentemente de migrantes como la República Dominicana mal pudiera darse el lujo de no hacerlo.
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