LIMA. Un día después de la caída del presidente de la Corte Suprema de Perú por el escándalo de los audios, los dardos apuntan ahora al nuevo fiscal general, quien asumió su cargo este mismo viernes, al divulgarse una comprometedora conversación con un cuestionado juez.
El flamante fiscal Pedro Gonzalo Chávarry asumió en una ceremonia opacada por la llamativa ausencia del presidente Martín Vizcarra y otras autoridades, que habían pedido anular el nombramiento a raíz del escándalo.
Una conversación telefónica entre Chávarry y el juez de la Corte Suprema César Hinostroza, suspendido por el escándalo de los audios de tráfico de influencias y venta de sentencias, provocó que el Ministerio Público convocara de urgencia a una Junta de Fiscales Supremos para decidir si procedía o no que asumiera el nuevo fiscal general.
Votó por sí mismo
A pesar del reclamo gubernamental, la junta de fiscales ratificó el nombramiento en una apretada e insólita votación.
Chávarry negó actos irregulares y se empecinó en asumir su cargo, para el que había sido elegido por tres años en junio, antes de que estallara el escándalo.
La votación había quedado en un empate y el voto a su favor del propio Chávarry -uno de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos- decidió el resultado.
La fiscalía había permanecido ajena hasta el momento al escándalo, que ya salpicó a un ministro, legisladores y varios jueces.
La difusión del audio se suma a las más de 20 grabaciones divulgadas por la prensa desde hace dos semanas y que han provocado protestas callejeras y llevado al presidente Vizcarra a anunciar una reforma judicial.
“Quiero conversar contigo para ver qué acciones tomar. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, eso es lo que quiero hablar contigo, pero no se lo digas a nadie”, le dice Chávarry a Hinostroza en el audio, en alusión a una presunta acción para remover a un funcionario de la judicatura incómodo para sus intereses.
Durante la deslucida ceremonia de juramentación, Chávarry dijo que es objeto de “comentarios carentes de fundamento”, se quejó de que los medios peruanos “no (lo) traten con respeto” y dijo que su conversación había sido descontextualizada.
La vicepresidenta peruana, Mercedes Aráoz, había instado infructuosamente a la Junta de Fiscales a anular la designación de Chávarry.
“La conversación con Hinostroza es gravísima y demuestra que debe ser investigado, y que mintió”, tuiteó la vicepresidenta.
Desde que estalló el escándalo renunciaron el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y el ministro de Justicia, Salvador Heresi, entre otros.
Además, la justicia destituyó y detuvo al presidente de una corte de apelaciones y renunciaron los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que nombra jueces y fiscales, quienes han sido procesados por estar involucrados en los audios donde hablan de venta de sentencias e intercambio de favores con nombramientos de amigos.
Según la prensa limeña, el fujimorismo -que controla el Congreso- ve con simpatía a Chávarry. El fiscal reemplazó a Pedro Sánchez, que condujo una investigación contra la líder opositora Keiko Fujimori por recibir supuestos aportes de campaña del gigante brasileño Odebrecht.
Un juez a prisión
Paralelamente, un juez dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva al destituido presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, Walter Ríos, una de las piezas claves en el escándalo.
“(Este tribunal) declara fundado el pedido de requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses, prorrogables, contra Walter Ríos”, determinó un juez supremo de investigación preparatoria tras una audiencia de cinco horas.
La defensa del expresidente de la Corte del Callao apelará la decisión. La fiscalía había pedido 36 meses de prisión preventiva. El defenestrado juez es acusado de los delitos de corrupción de funcionarios.
Ríos, el único detenido hasta ahora por el escándalo, pidió “perdón y clemencia” al comparecer ante el tribunal y se comprometió a colaborar con las investigaciones.
Otro de los implicados en el escándalo, el magistrado de la Corte Suprema Hinostroza, suspendido de su cargo, tiene impedimento de salida del país y corre el riesgo de ir a prisión.
Mientras, el Congreso celebra una sesión extraordinaria convocada por el presidente Vizcarra como primer paso de una profunda reforma judicial.
El escándalo se originó con la divulgación de unas grabaciones legales hechas por la policía a pedido de la fiscalía para seguir la pista a una organización criminal ligada al tráfico de drogas en el Callao, el principal puerto de Perú, vecino a Lima.
Además de jueces, en los audios hablan directivos del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano colegiado encargado de nombrar jueces y fiscales peruanos.
por Luis Jaime CISNEROS
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