Al defender esta semana a su régimen, tras divulgarse que hay filtraciones en el hospital doctor Moscoso Puello, remodelado recientemente, el Presidente se mostró a la ofensiva sobre otros casos en la carpeta de los políticos, como el caso Odebrecht.
Medina, generalmente, no encara las preguntas de la prensa excepto casos notorios en los cuales, ingredientes políticos aparte, la opinión pública queda impactada por la avalancha de críticas provenientes de los sectores que buscan desplazarlo del poder en el 2020.
El caso de Odebrecht ya ha motivado ríos de tinta en los medios escritos, amplios espacios en los electrónicos y abundante material para interactivos y comentaristas rentados. Su retorno a la palestra se debe a la denuncia de varios diputados opositores.Al frente de los denunciantes está la diputada Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes con el auxilio de documentos de la Contraloría General de la República dijeron que el Gobierno pagó 1,400 millones de pesos al publicista Joao Santana y esposa.
Santana fungió como asesor del presidente Medina durante la campaña electoral pasada y renunció a ese puesto cuando se anunció desde Brasil que sería sometido a la justicia por los escándalos a Odebrecht y por lavado de activo. Medina mismo comunicó esa renuncia.
Raful sometió al pleno de la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que una comisión especial investigue las contrataciones hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicaciones, DICOM, con los mencionados.
Entre analistas políticos se creería que con la denuncia sobre los pagos a Odebrecht, la oposición busca renovar un tema que ha sido muy caliente desde el año pasado en América Latina. De paso, el PRM busca fortalecer su unidad y mostrarle garras al gobierno.
La diputada Raful, bastante bien considerada por los electores del Distrito Nacional y con muchas simpatías entre el sector juvenil votante, buscaría hacer su propio liderazgo para asegurarse una plaza de indispensable en la dirección del PRM y su reelección en el 2020.
Peralta responde
En un extenso documento, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a través de quien se cree habla el presidente Medina, precisó que por trabajos de “asesoría y comunicación estratégica”, el gobierno pagó US$3,600,000.00, un millón 200 mil por cada año.
En un extenso documento, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a través de quien se cree habla el presidente Medina, precisó que por trabajos de “asesoría y comunicación estratégica”, el gobierno pagó US$3,600,000.00, un millón 200 mil por cada año.
Los pagos, de acuerdo a la carta de Peralta y de DICOM, a los señores Joao Santana y Mónica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17 con lo que se niega la denuncia de que se firmaron contratos por la suma de RD$1,400 millones.
De acuerdo al ministro Peralta, “es clara la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”.
Raful denunció que a los señores Santana y Moura se les pagó hasta el año 2017, fecha en la cual ya estaban en prisión en Brasil, a lo que el Gobierno aclaró que cuando se produjeron las contrataciones esas personas no estaban acusadas ni condenadas por delito alguno.
La petición de la diputada Raful y colegas en la que solicitaron incluir en el orden del día investigar el tema, fue rechazada por la Cámara de Diputados. No se descarta que los congresistas vuelvan a tratar el asunto en los próximos días antes de que finalice la actual legislatura.
Aunque el presidente Medina rehusó referirse al caso durante una de las varias inauguraciones de la semana que termina, reaccionó con energía a las quejas de usuarios y medios de comunicación por las filtraciones en el hospital Moscoso Puello, recién renovado.
El Presidente hizo sus comentarios durante la inauguración el miércoles de un centro clínico y diagnóstico de atención primaria en el entorno del hospital general de Azua, que beneficiará a más de 220 mil personas y una estancia infantil para 226 niños.
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