La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer la intensidad de la represión contra los manifestantes por parte de las autoridades de Nicaragua y confirmó que 264 personas han fallecido desde el inicio de las protestas en abril, algo que el Gobierno nicaragüense rechazó.
En su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, criticó "la profundización de las formas de represión contra los manifestantes" por parte de las autoridades locales, una conclusión que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega desacreditó.
Abrao corroboró que desde el comienzo de las protestas en abril hasta la fecha de hoy 264 personas han perdido su vida y más de 1.800 han resultado heridas.
Además, censuró que los detenidos por las autoridades nicaragüenses han sido víctimas de "violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladados a la sede de la Policía Nacional".
Ante estas incriminaciones, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, acusó a la CIDH de no ser objetiva en la elaboración del análisis, minutos después de la presentación de Abrao durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
"Es un informe apresurado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua", sostuvo Moncada.
La de hoy no ha sido la primera vez que el Gobierno de Ortega ha desprestigiado la labor de la Comisión en Nicaragua, donde la CIDH está presente de manera permanente a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país centroamericano en la última semana de junio.
De hecho, a mediados de junio, Moncada tachó de "parcial" y "subjetivo" el informe que presentó en aquel entonces la CIDH sobre la violencia registrada en Nicaragua desde abril.
Durante su intervención de hoy, el representante nicaragüense quiso "reafirmar el compromiso sostenido" de su Ejecutivo con el respeto y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
A pesar de su insistencia en la poca autenticidad del análisis del organismo liderado por Abrao, únicamente Venezuela de los 35 países que forman la OEA siguió ese discurso.
En este sentido, la secretaria de la misión venezolana, Sara Lambertini, aseveró durante su turno que Nicaragua está sufriendo "una ola terrorista" cuyo único objetivo es materializar un "golpe de Estado" contra un Gobierno, el de Ortega, "legítimo, democrático y constitucional".
"En Nicaragua, minorías violentas altamente organizadas y financiadas desde el exterior y movilizadas por un ideología de odio han actuado de un modo cruel y barbárico, secuestrando a cientos de inocentes e incendiando muchas propiedades", comentó Lambertini.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró "inadmisible" el ataque de paramilitares a la población nicaragüense, que dijo que "ha costado la vida a muchas personas".
Almagro opinó que la violencia como herramienta política "hace perder legitimidad inexorablemente a cualquier propósito ético-político".
Otras naciones, como Estados Unidos, México y Colombia, condenaron la represión por parte de las autoridades contra la sociedad nicaragüense y lamentaron "la falta de avances" en el diálogo para mejorar la situación.
Estos países censuraron también las agresiones físicas que sufrieron los obispos de la basílica de San Sebastián, en la ciudad nicaragüense de Diriamba.
Tras esos ataques, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional, suspendió esta semana las mesas de trabajo creadas para superar la crisis, que arrancó hace 84 días.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el Ejecutivo comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo de la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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