En el núcleo de la crisis se halla la misma compañía vinculada al escándalo de corrupción Lava Jato que ha desacreditado a la clase política brasileña y ha enfurecido a la población: Petrobras. El gobierno anterior congeló los costos domésticos de la gasolina mediante un gran subsidio que pagó la compañía de energía estatal. Esto protegió a los consumidores de los altibajos de los precios internacionales de la energía y también transformó a Petrobras en una de las compañías petroleras más endeudadas del mundo. Hace dos años el presidente Michel Temer eliminó el subsidio. Pero el reciente aumento en los precios internacionales, combinado con la turbulencia de los mercados emergentes que ha hecho caer la moneda brasileña, el real, ha provocado el aumento de los costos domésticos del combustible. Los camioneros, quienes sufren por la recesión al igual que el resto del país, apagaron sus motores en señal de protesta. El país se paralizó.
La huelga tiene muchas semejanzas con las protestas callejeras de 2013, la inesperada canalización de la indignación popular por la corrupción que finalmente provocó la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Se organizó espontáneamente a través de los medios de comunicación social.
El gobierno actual se ha demorado de igual forma en comprender lo que está sucediendo o cómo responder. El Sr. Temer trató de calmar la situación al prometer descuentos al diésel de los camioneros y desvincular los precios nacionales e internacionales. Pero eso a su vez llevó a una enorme devaluación de las acciones de Petrobras, las cuales han perdido un 25 por ciento de su valor. Los opositores políticos, con la vista puesta en las elecciones de octubre, lo criticaron duramente. En Petrobras ahora también hay una huelga inspirada por la de los camioneros. Quizás la única razón por la cual el Sr. Temer, un presidente en su último año de mandato, permanece en el poder es porque su mandato termina pronto.
La huelga muestra cómo a menudo funciona la economía brasileña. Para muchos, es un pastel del que sienten tener el derecho de obtener una rebanada grande sin importar quién pierda. Llevarse esa rebanada podría incluir aceptar un soborno (como en el escándalo de Lava Jato) o mantener a Brasil como rehén por un subsidio a los combustibles. Es revelador el hecho de que la mayoría de los brasileños apoye la huelga, según las encuestas. Es más revelador que la mayoría no esté dispuesta a pagar por ello. El costo directo del nuevo subsidio que el Sr. Temer ha ofrecido se estima en US$4 mil millones. En términos de pérdida de la actividad económica, el costo indirecto es mucho mayor.
Lamentablemente, Brasil debe abordar problemas que requieren soluciones intermedias similares muy pronto. La reforma del sistema de pensiones es la más apremiante. Sin ella, los niveles de deuda pública seguirán aumentando, el riesgo soberano aumentará, el costo de las finanzas incrementará y todo el país sufrirá. El Sr. Temer, el líder más impopular en la historia del país, intentó y fracasó en hacer el trabajo. Así que el próximo presidente tendrá que implementar esa reforma; él o ella enfrentará el obstáculo adicional de lidiar con un congreso muy fragmentado. Como demuestra la indignación popular expresada en la huelga de los camioneros, para cualquiera que sea presidente, gobernar Brasil es una tarea cada vez más difícil. Los inversionistas deben fijar el precio del riesgo país en conformidad con esto.
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