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Efemérides

54grado.com : Hoy es viernes 22 de marzo del 2019. Faltan 284 días para el 2020. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1849. El presidente Manuel Jiménez González, tras dejar el poder a cargo del Consejo de Secretarios de Estado, marchar hacia Azua a enfrentar la posible invasión haitiana de Faustino Souluque. 1865. El general Pedro Antonio Pimentel es escogido como Presidente de la República. 1907. El senado norteamericano rechaza la conversión acordada entre los gobiernos de Estados Unidos y la República Dominicana, para llega a acuerdos sobre la deuda externa dominicana que asciende a 30 millones de dólares. 1914. Sobrevuela por primera vez un aeroplano sobre la ciudad de Santo Domingo. 1940. Por agotamiento de los empleados, el director del periódico La Nación, don Rafael Vidal, decide no publicar el Viernes Santo la edición número 52, lo que trae como resultado que todos los periódicos adopten la medida de no publicarse ese día. 1953. Es inaugurada la Base Aérea “Presidente Trujillo”, localizada en Ciudad Trujillo, la que luego fue trasladada a la comunidad de San Isidro, donde se encuentra actualmente. 1962. Los gobiernos de EEUU y República Dominicana firman cuatro nuevos acuerdos mediante los cuales se destina la suma adicional superior a los RD$7.2 millones, para establecer un sistema de préstamos a bajos intereses para pequeños agricultores y el sector educativo. 1965. El coronel Rafael Fernández Domínguez escribe una carta al ex capitán Héctor Lachapelle, desde Santiago de Chile donde fue enviado por el Triunvirato, en la que le afirma estar listo para regresar al país tan pronto el grupo militar que lidera se lo indique. 1967. El presidente Joaquín Balaguer nombra a Luis Amiana Tió, secretario de Estado de Interior y Policía, con el propósito de investigar el atentado contra el Gral. Antonio Imbert Barrera, su compañero del tiranicidio. 1974. Es creada e integrada una comisión especial para hacer un estudio a fondo sobre la verdadera situación de la drogadicción en el país. 1973. Se produce el último combate entre la guerrilla encabezada por Francisco Caamaño Deñó y las fuerzas regulares, en Los Mogotes, en el que resultaron muertos los combatientes Mario Nelson Galán Durán y Ramón Payero Ulloa, logrando escapar Hamlet Hermann y Claudio Caamaño Deñó. 1993. Llegan al país como asilados políticos, José Manuel Urbina Lara y Guillermo Oporto, tras mantener ocupada durante trece días al embajador y al personal de la embajada de Nicaragua en Costa Rica. 2004. Un grupo de dirigentes del PRSC, denominado Consejo Presidencial Reformista, encabezado por el ex canciller Carlos Morales Troncoso, firma un pacto electoral con el PLD, con miras a las elecciones de este año. 2008. El obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo, monseñor Francisco José Arnaiz, cree un grave error la intervención de la Iglesia Católica en la política partidista. - La pesista Yudelquis Contreras gana tres medallas de oro en el Torneo Panamericano en Perú. 2016. Fallece en Santo Domingo a los 78 años de edad, tras sufrir un accidente automovilístico en la Provincia Peravia, el héroe de la gesta constitucionalista Claudio Antonio Caamaño Grullón, quien además participó en la expedición de 1973 junto Francisco Caamaño Deñó y otros guerrilleros. 2018. El Tribunal Superior Electoral declara nula, a través de su sentencia 002-2018, las modificaciones estatutarias realizadas por el Partido Revolucionario Dominicano, realizadas el 3 de diciembre de 2017, así como la Convención Extraordinaria “Pedro Franco Badía”. - El Pleno de la Junta Central Electoral aclaró que “se trata de un error el caso de un acta de nacimiento en la que Ramón Rogelio Cruz Fermín (Padre Rogelio) aparece como padre de un declarado”. Efemérides Internacionales: 235. Los soldados asesinan al emperador Severo Alejandro. 1506. En España, el rey Fernando el Católico, de 53 años edad y viudo de Isabel I de Castilla, se casa con Germana de Foix, con apenas 17años, sobrina del rey francés Luis XII. 1508. El rey Fernando el Católico nombra a Américo Vespucio piloto mayor. 1531. Felipe VIII de Inglaterra es reconocido como jefe de la iglesia anglicana. 1765. Inglaterra sin la aprobación de las colonias americanas impone el Stamp Act. 1793. El imperio alemán declara la guerra a Francia. 1917. Estados Unidos es la primera nación que reconoce el gobierno provisional de Rusia. 1965. México y EE. UU. firman un acuerdo para resolver el problema de la salinidad del río Colorado, que destruye las cosechas mexicanas. 1978. El acróbata Karl Wallenda muere al caer desde un cable tendido entre dos hoteles de San Juan, Puerto Rico. 2002. El Gobierno mexicano se enfrenta diplomáticamente con el Gobierno de Cuba por primera vez en la historia desde el triunfo de la Revolución cubana, llevando a un rompimento de relaciones entre las dos naciones. 2005. En Minnesota (Estados Unidos), un joven estadounidense -admirador de Hitler- mata a sus abuelos, a cinco compañeros de instituto, a un profesor y un vigilante antes de suicidarse. 2006. El presidente dominicano Leonel Fernández es recibido en el Parlamento Británico, donde acudió acompañado por el entonces Primer Ministro de esa nación, Tony Blair. 2010. La diócesis de Ratisbona, en Alemania, lanza nuevas acusaciones contra cuatro curas y dos monjas en incidentes que supuestamente ocurrieron en los años setenta. - Los ex presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George W. Bush llegan a Haití para conversar con representantes del Gobierno sobre la reconstrucción del país antillano tras el terremoto del pasado 10 de enero y ayudar esa nación, a través de la Fundación Clinton-Bush. 2014. El teólogo argentino Humberto Miguel Yáñez, el arzobispo de Boston, Sean Patrick O’Malley, entre otros, son nombrados por el papa Francisco para integrar una comisión de expertos que protejan los niños en las instituciones de la Iglesia. 2015. Fallece a la edad de 91 años, Lee Kuan Yew, tenido como el fundador del Singapur moderno, ayudando a transformar el somnoliento puerto en una de las naciones más ricas del mundo. 2018. Un juzgado de Seúl emite una orden de arresto provisional contra el expresidente surcoreano Lee Myung-bak, acusado de evasión fiscal y haber aceptado más de 10 millones de dólares en sobornos cuando fue jefe de Estado entre 2009 y 2013.

                                                                 

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lunes, 23 de abril de 2018

Finjus aboga por más consenso en proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres requiere de un mayor consenso entre los actores oficiales y sectores sociales vinculados, a fin de que su versión final tenga una mayor profundidad y especificidad para alcanzar la eficiencia y eficacia necesarias en la lucha contra este grave flagelo.

“Es cada día más claro que el Estado dominicano ha mostrado, en los últimos años, una gran incapacidad para contener, prevenir y minimizar los daños que provoca la violencia de género en toda la sociedad. Los niveles que ha alcanzado, tanto en víctimas mortales como en el daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y el impacto negativo que este fenómeno tiene en todas las áreas sociales, ameritan que el Estado asuma el compromiso de diseñar, ejecutar y sostener políticas públicas exitosas, que respondan adecuadamente a nuestra realidad y que enfoquen el problema desde una perspectiva integral, con responsabilidad y con los recursos suficientes”, expresa Finjus en un documento enviado a los medios.
Para la institución, “este es el momento en el que las políticas a aplicar para enfrentar la violencia de género han de ser transversales y verdaderamente eficaces. Para ello, un proyecto de ley que aborde integralmente esta materia, puede significar un importante paso de avance; lo cual sumado a la creación de las capacidades operativas concretas por parte de los poderes públicos, podría traducirse en resultados positivos y distintos a los obtenidos a lo largo de la historia reciente”.
Tal como ha sido presentada, la iniciativa otorga a la Procuraduría General de la República una suerte de dirección de las acciones de prevención de estos delitos puntuales, lo que ha creado reticencia en el Ministerio de la Mujer, que considera que dicha dirección ha de ser asumida por ese organismo y no por un organismo de persecución de la criminalidad.
Sobre estas divergencias, la Finjus entiende que la violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, la idea de un potencial hecho punible, y, por otro lado, como el resultado de patrones socio-culturales que responden a conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra. Asimismo, que conviene revisar la iniciativa legislativa en cuanto a la factibilidad y eficacia de la centralización que pareciera ser atribuida al Ministerio Público en tanto órgano rector en la labor de diseño y formulación de las políticas públicas en contra de este flagelo”. “En ese sentido, una atención integral, que busque contrarrestar este flagelo, debe considerar la interacción entre el órgano encargado de regir la política de Estado contra la criminalidad y la entidad responsable de fomentar y lograr la equidad de género”,
A continuación el texto íntegro de la Finjus
Finjus llama a alcanzar mayores consensos en el Estado y la sociedad en proyecto de ley sobre violencia contra la mujer
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres requiere de un mayor consenso entre los actores oficiales y todos los sectores sociales vinculados, a fin de que su versión final tenga una mayor profundidad y especificidad para alcanzar la eficiencia y eficacia necesarias en la lucha contra este grave flagelo.
Es cada día más claro que el Estado dominicano ha mostrado, en los últimos años, una gran incapacidad para contener, prevenir y minimizar los daños que provoca la violencia de género en toda la sociedad. Los niveles que ha alcanzado, tanto en víctimas mortales como en el daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y el impacto negativo que este fenómeno tiene en todas las áreas sociales, ameritan que el Estado asuma el compromiso de diseñar, ejecutar y sostener políticas públicas exitosas, que respondan adecuadamente a nuestra realidad y que enfoquen el problema desde una perspectiva integral, con responsabilidad y con los recursos suficientes.
La mayoría de las políticas públicas que han sido implementadas en esta temática en el país en los últimos años han mostrado graves insuficiencias en el conocimiento apropiado de los operadores de sistema sobre la magnitud del problema y las causas que lo generan. Han mostrado asimismo la falta de personal especializado para la atención de las víctimas, la falta de coordinación interinstitucional en el logro de las metas y objetivos y finalmente en la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y lo peor, de los enfoques en que ha sido abordada la problemática.
En ese sentido, desde FINJUS consideramos que este es el momento en el que las políticas a aplicar para enfrentar la violencia de género han de ser transversales y verdaderamente eficaces. Para ello, un proyecto de ley que aborde integralmente esta materia, puede significar un importante paso de avance; lo cual sumado a la creación de las capacidades operativas concretas por parte de los poderes públicos, podría traducirse en resultados positivos y distintos a los obtenidos a lo largo de la historia reciente.
El Proyecto de Ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, representa una iniciativa loable de cara a la gravísima problemática que constituye el auge de la comisión de este delito. En el contenido del proyecto se reflejan presupuestos interesantes como la colaboración interinstitucional, el manejo de datos estadísticos concretos y la articulación y coordinación de políticas sectoriales en el seno de las distintas instancias de los poderes públicos y el Estado a través de un sistema integral que planifique en base a ejes transversales.
Sin embargo, esta iniciativa de ley ha encontrado cierta reticencia por las competencias que atribuye, pues otorga a la Procuraduría General de la República una suerte de dirección de las acciones de prevención de estos delitos puntuales. Con relación a ello, el Ministerio de la Mujer considera que dicha dirección ha de ser asumida por ese organismo y no por un organismo de persecución de la criminalidad.
En cuanto a las divergencias planteadas, es preciso puntualizar que la violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, la idea de un potencial hecho punible, y, por otro lado, como el resultado de patrones socio-culturales que responden a conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra. En ese sentido, una atención integral, que busque contrarrestar este flagelo, debe considerar la interacción entre el órgano encargado de regir la política de Estado contra la criminalidad y la entidad responsable de fomentar y lograr la equidad de género.
El artículo 169 de nuestra Ley Sustantiva establece que “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad República Dominicana. Constitución Política. Artículo 169. Subrayado nuestro.”. De igual manera, la Ley No. 86-99, que crea la Secretaría de Estado de la Mujer (hoy Ministerio), establece en su artículo 1, que este organismo es “responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres Ley de Creación de la Secretaría de Estado de la Mujer No. 86-99. Artículo 1..”
De ambas disposiciones puede colegirse que el Ministerio Público define políticas contra la criminalidad, lo cual contiene el delito de violencia de género; mientras que el Ministerio de la Mujer coordina la ejecución de políticas y planes dirigidos a lograr la equidad de género y que la mujer pueda ejercer sus derechos ciudadanos a plenitud.
La Ley No. 133-11 Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 7 el alcance y las especificidades de la formulación de la elaboración de la política criminal por parte del Ministerio Público al indicar que “(...) es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11. Artículo 7. Subrayado y resaltado nuestro.” y que “(...) para garantizar su eficacia y vinculación, las políticas preventivas y de control serán articuladas bajo la responsabilidad directa del Procurador General de la República en colaboración con los otros órganos e instituciones que corresponda.
De ahí que pudiese entenderse que corresponde expresamente a la Procuraduría General de la República la función de elaborar las políticas contra la criminalidad y de articular las políticas de prevención y control que comprende con la colaboración de otros organismos involucrados en estos fenómenos.
Ahora bien, más allá de definir competencias absolutas respecto a este tema que, de entrada, obliga a la cooperación de todas las instancias del Estado a la ejecución de una planificación que surja homogeneizada tanto desde la Procuraduría como del Ministerio de la Mujer, conviene revisar la iniciativa legislativa en cuanto a la factibilidad y eficacia de la centralización que pareciera ser atribuida al Ministerio Público en tanto órgano rector en la labor de diseño y formulación de las políticas públicas en contra de este flagelo.
Es menester considerar que uno de los mayores problemas del modelo de centralización de competencias en la elaboración estratégica de iniciativas legislativas y políticas públicas, se encuentra al momento de su formulación, ya que la misma centralización no permite una debida coordinación efectiva con los distintos actores. Es por ello que entendemos que se debe apostar a la instalación de un modelo con responsabilidades articuladas que no hagan las instancias incumbentes dependientes de la voz de un órgano que, hasta por su misma naturaleza, no puede conocer las particularidades sectoriales de las demás entidades.
La distribución de funciones con una buena coordinación interinstitucional permite una mayor eficiencia a cada una de los actores, los cuales tendrán objetivos precisos y mecanismos apropiados para que cada órgano cumpla con su función, a fin de cuentas la vinculación y coordinación transversal entre órganos del Estado, resulta fundamental para lograr una eficacia mayor en la ejecución de las políticas de que se trate.
Reiteramos que, en la violencia de género inciden factores culturales, sociológicos, históricos y sociales, que rodean el contenido meramente jurídico que pudiera hacerse al respecto; a modo de ilustración, resultaría engorroso atribuir al órgano persecutor de la criminalidad el diseño de políticas especializadas para la atención de violencia de género desde las unidades de atención sanitaria. Diferente fuera que desde salud pública se diseñe un plan y/o políticas enfocadas a ese sector que sean discutidas en la mesa de trabajo del sistema de apoyo donde de manera genérica podrán valorarse los ejes transversales de prevención del crimen y de equidad de género.
La labor del Ministerio Público, dentro de ese sistema de apoyo, debe enfocarse en lograr una coordinación para aplicar las políticas correspondientes a la prevención del delito, fomentando que los demás ministerios y/o entidades asuman responsablemente lineamientos que permitan combatir las causales de la violencia contra la mujer. Entendiendo que, en materia de manejo de la criminalidad, son los encargados de indicar las estrategias que correspondan.
De su lado, el Ministerio de la Mujer, como entidad que busca lograr la equidad de género, debe estar inmersa en todas las iniciativas que afecten directa o indirectamente a las mujeres y sus familias; su rol debe materializarse desde la procura de hacer reconocer y visibilizar la transversalidad del tema de género en todas las políticas públicas del país a ser ejecutadas por los distintos ministerios e instancias gubernamentales.
En definitiva, el Estado reconoce que todo acto de violencia y discriminación contra las mujeres tiene que ser enfrentado de manera integral y multidimensional, facilitando que las mujeres se conviertan, a través de los órganos e instituciones oficiales y privados, en parte de las iniciativas que diseñen y ejecuten propuestas de soluciones a estos males.
Al haber explicado los aspectos jurídicos, sin dejar de lado la factibilidad del asunto, desde FINJUS expresamos nuestro deseo de que este proyecto legislativo recorra el camino del consenso social y, más allá de su marco formal, puedan definirse los detalles sustantivos que hacen de las normas un instrumento de operativización de políticas integrales. De este modo, podrán generarse los apoyos y la legitimidad que puedan dar al país una respuesta conjunta e institucional frente a esta grave problemática que preocupa enormemente a toda la población dominicana.
Finalmente, consideramos que como en toda sociedad democrática, es necesario que una ley de esa naturaleza sea producto del conocimiento amplio de todos los sectores involucrados, de forma que las mejores iniciativas y propuestas sean debatidas y adoptadas por los órganos correspondientes, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
Solo así podremos convertir las leyes, políticas públicas y propuestas ciudadanas en herramientas de cambio en todas las áreas que lo requieren, pero de manera muy especial en el campo de la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres donde el Estado dominicano ha mostrado graves dificultades, debilidades y deficiencias. La sociedad dominicana desea que en este caso específico y en otros similares, reine la coordinación interinstitucional e intersectorial y que en los diferentes órganos del ámbito estatal predomine la inteligencia y el diálogo para articular sus respectivas competencias en una causa tan imperiosa como la erradicación de la violencia contra la mujer.

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