WASHINGTON. La desesperación, la angustia y la incertidumbre de los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS) clama ante el Congreso de EE.UU. en busca de una solución urgente y permanente como parte de la reforma migratoria.
“Si quieren sacar a mi madre del país tendrán que hacerlo por encima de mi cadáver”, aseguró hoy a Efe Benjamin Connor, un ciudadano estadounidense de 21 años, hijo de una beneficiaria de este programa.
El TPS es un estatus migratorio que el Gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles, y que protege actualmente a más de 300.000 personas, la mayoría centroamericanos.
Como parte de una oleada de concentraciones en el país, más de un centenar de personas acudieron hoy a las instalaciones del Capitolio en Washington para clamar ante los legisladores y pedirles que introduzcan en las negociaciones migratorias una solución permanente para los llamados “tepesianos”.
La rabia y el miedo, reflejados en unos ojos enrojecidos y vidriosos, acompañan a Connor en sus palabras cuando reflexiona sobre la idea de que su madre hondureña sea deportada del país que le concedió TPS en 2001.
“La posibilidad de que le vayan a patear fuera del país, a pesar de que ha hecho tanto bien a EE.UU., es algo que me asusta hasta la muerte”, afirmó Connor sobre su madre, que acumula años de trabajo en un hospital de Los Ángeles, California.
A pesar de que Honduras no está entre los países a los que el Gobierno de Donald Trump ha cancelado este programa, la madre de Connor siempre le pregunta “¿qué vamos a hacer?” si llegado el momento, su TPS fuese cancelado.
Hasta la fecha, la Administración ha suprimido los permisos para Haití, Nicaragua y El Salvador, y ha dejado para otro momento la decisión sobre Honduras.
También 21 años tiene Carlos Galán, que llegó a Estados Unidos antes de cumplir su primer año en 1997 y que ahora defiende sus derechos, los de su madre y los de quienes también son beneficiarios del TPS.
“Si nos tocara regresar a El Salvador no sabríamos adonde ir. Mi madre lo dejó todo, allí no tenemos familia. Esta es nuestra familia, está aquí, esto es nuestra vida”, incidió a Efe el joven salvadoreño.
Galán no concibe la idea de volver a su país de origen con su madre y teme por su seguridad en este territorio en caso de que tuviera que regresar: “Honestamente, no sé si sobreviviría un año allí”, dijo.
La preocupación de Galán, que tiene un hermano nacido en Estados Unidos, se basa en las condiciones en las que su padre tuvo que abandonar el país entonces, ya que recibió asilo a causa de las amenazas de muerte que recibía ejerciendo como Policía.
“Somos estadounidenses, la única diferencia es que no tenemos la ciudadanía”, lamentó, por su parte, Nancie Adolphe, “tepesiana” procedente de Haití que teme al “limbo” en el que viviría si no se alcanza una solución para el programa.
Por su parte, Reina Soto, también salvadoreña y beneficiaria del TPS, enfatizó que no han llegado a territorio estadounidense “como delincuentes” sino que migraron “para tener una mejor vida, para ayudar a nuestras familias”, y reclamó al Poder Legislativo y Ejecutivo que lo tengan en cuenta.
Soto también destacó la incapacidad de los países emisores para acoger de vuelta a aquellos poseedores del estatus que se vieran forzados a volver a su lugar de nacimiento: “No lo estaban cuando nos fuimos y mucho menos ahora”.
Mientras la Acción Diferida (DACA) -programa que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños- ha centrado el debate sobre la reforma migratoria, los “tepesianos” piden no ser olvidados y que su plan esté sobre la mesa.
Precisamente, la reforma migratoria es uno de los aspectos que está complicando la aprobación de los presupuestos federales debido a las diferencias entre demócratas y republicanos, además de las peticiones de refuerzos en la seguridad fronteriza que entona personalmente el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Javier Pachón Bocanegra
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