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martes, 28 de noviembre de 2017

Piden 3 meses coerción contra 5 hombres tras decomiso de 56 armas ilegales

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra cinco hombres vinculados a dos empresas de seguridad donde se traficaba con armas y se contrataba a inmigrantes irregulares.


Las autoridades realizaron varios allanamientos en dos compañías de seguridad privada del municipio de Salcedo, así como en una sucursal en San Francisco de Macorís donde se decomisaron 56 armas de fuego sin documentación.

Asimismo, se incautaron 108 masas de revólver, un chaleco antibalas, 2 bombas lacrimógenas, 2 esposas, 33 cañones de escopeta, 20 correderas de pistola, una pulidora, una prensa, cápsulas para carabina, cápsulas para pistola calibre 45 y 5 armazones de revólver, entre otros objetos.

La medida de coerción fue solicitada al Juzgado de la Instrucción contra Frank Féliz Hernández y Julio César Encarnación de los Santos, propietarios de las compañías Guardianes G3D y Profesional Detective And Services, Security Consulti Group, respectivamente.

Asimismo, contra Héctor Tobías Alba, Ramón Polanco Reyes y Juan Manuel Zapata Paulino, éste último conocido también como José Manuel Zapata, informó el Ministerio Público en un comunicado.

El tribunal conocerá la solicitud de imposición de medidas de coerción el próximo miércoles, 29 de noviembre, por la violación de la nueva Ley sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, señala la información.

Los allanamientos se llevaron a cabo en la oficina central de la compañía Guardianes G3D y en la empresa Profesional Detective And Services, Security Consulti Group, en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, y en una sucursal de la primera que funciona en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Los imputados fueron arrestados en el transcurso de una investigación que ha permitido establecer que las armas eran adquiridas de manera ilegal.

Además, dichas compañías reclutaban a extranjeros sin documentación migratoria legal para prestar servicios de seguridad en diferentes plazas comerciales, bancos, hoteles y residencias, poniendo en peligro las vidas de los ciudadanos, porque los mismos no fueron capacitados en técnicas de seguridad.

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