SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional dijo que constituye una violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente la condición de algunas cárceles del país por lo que ordenó a la Procuraduría General de la República la ejecución de acciones positivas que permitan a los privados de libertad el respeto de sus derechos fundamentales.
El Constitucional ratificó de manera parcial la sentencia emitida por la Cámara Penal de La Romana mediante la cual se ordena tomar las medidas necesarias a los fines de descongestionar la cárcel preventiva de Caleta y la que está ubicada en el Palacio de Justicia de dicha así como eliminar el estado de hacinamiento en el que viven actualmente los presos preventivos y detenidos de dichos centros.
“Este Tribunal Constitucional considera que cuando en un Estado social y democrático de derecho el sistema penitenciario y carcelario no cuenta con una infraestructura adecuada y suficiente, existe sobrepoblación, ofrece mala alimentación y acceso a los servicios de salud a las personas privadas de libertad, las expone a riesgos que afectan su dignidad humana e integridad personal, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser objeto de barreras y obstáculos infranqueables, lo que constituye una violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente”, refirió en la sentencia 555/17.
Varió el plazo de 30 días, que otorgó el tribunal para el cumplimiento de la misma, por 180, e impuso un astreinte de RD$20 mil por cada día de retraso, porque le corresponde a la Procuraduría General la ejecución de acciones positivas que permitan a los privados de libertad el respeto de sus derechos fundamentales, tales como derecho a la integridad física, a la salud, a la vida.
En el fallo del tribunal de La Romana, a requerimiento de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, se ordenó además, hacer un levantamiento de la cantidad de presos privados de libertad; y que aquellos con medida de coerción privativa de libertad, sean trasladados a los centros de rehabilitación creado por el Estado para tales fines.
De igual forma proveer por lo menos dos veces alimentos a los presos preventivos y detenidos en dichos centros, pudiéndose lograr con un acuerdo interinstitucional con el comedor de no ser posible, por la vía necesaria.
Además ordenó la destrucción de la tabla puesta en la celda 0 de la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia, ya que se pudo confirmar que dicha celda no tiene ventilación ni iluminación.
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