La procuradora general de Argentina le presentó ayer la renuncia al presidente Mauricio Macri, quien le reclamaba un paso al costado a la funcionaria acusada de supuesta administración fraudulenta.
Alejandra Gils Carbó presentó su dimisión para que se haga efectiva el 31 de diciembre en una carta dirigida al mandatario. La funcionara había sido procesada semanas atrás por un juez federal por supuesta administración fraudulenta.
“Estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del ministerio público fiscal”, escribió Gils Carbó en la carta difundida por el sitio oficial fiscales.gob.ar.
La funcionaria defendió su labor como jefa de los fiscales al señalar que ha “trabajado incansablemente... al jerarquizar esta institución como una autoridad de la nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia”.
Tras conocerse la decisión el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó al canal de cable Todo Noticias que se está “dando curso a esta renuncia”. Agregó que “es algo que el gobierno había pedido y valoramos el paso que ha dado la procuradora”, el cual habilitará un proceso de reformas que busca “fortalecer” el sistema penal.
El ministro de Justicia indicó que es probable que “en estos días el presidente acepte la renuncia”.
El gobierno había pedido a la jefa de fiscales que se tomara una licencia hasta que se resolviera su situación legal luego de que el juez federal Julián Ercolini la considerara sospechosa de haber actuado en perjuicio de la administración pública en la compra de un edificio en Buenos Aires para la Procuraduría en la que se habrían cometido irregularidades. Gils Carbó, en el cargo desde 2012, sostiene que es inocente.
Fiscales que apoyan a la procuradora han cuestionado su procesamiento al que consideran una “persecución judicial” contra sectores que no dan la razón al gobierno.
El oficialismo pide desde hace tiempo el apartamiento de Gils Carbó, a quien ha acusado de ser una suerte de operadora de la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) que evitó investigaciones contra sus funcionarios y promovió causas contra allegados al gobierno de Macri por supuestas irregularidades.
La renuncia se produjo una semana después del triunfo de la coalición liderada por Macri en las elecciones legislativas y de un reciente fallo de un fuero federal que abrió la puerta para remover a la procuradora sin juicio político.
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