Fiscales de una decena de países de Latinoamérica y Europa pidieron ayer a los ciudadanos que sean pacientes y respalden su trabajo en el caso Odebrecht porque se trata de una trama de corrupción "especialmente compleja", y las investigaciones van a durar más de lo que la sociedad espera.
Los fiscales volvieron a hablar de presiones y hasta amenazas por sus investigaciones, las cuales, indicaron, depende mucho de la información que reciban de Brasil, Suiza y EE.UU.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, inauguró ayer en la capital un encuentro, de un solo día, que tiene como fin intensificar la cooperación judicial en el caso de los sobornos de la multinacional brasileña.
A la cita acudieron los fiscales generales de Suiza, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, así como representantes de los Ministerios Públicos de Portugal, Guatemala, México y Argentina.
"Por ser investigaciones trasnacionales requieren de mucho tiempo y de pruebas ubicadas en otros países. Es imposible que una investigación de la magnitud del caso Odebrecht pueda ser tramitada e instruida en los plazos comunes", afirmó Porcell.
La fiscal panameña ha denunciado públicamente en varias ocasiones que los tribunales panameños no le conceden prórrogas para seguir investigando los llamados "casos complejos" abiertos por la fiscalía, que abarcan no solo la trama de la constructora brasileña.
"La trama de corrupción de Odebrecht en América Latina está apenas empezando", alertó por su parte el fiscal general ecuatoriano, Carlos Baca, durante una rueda de prensa celebrada antes del inicio del encuentro.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció en diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
"Existen muchas dificultades y los tiempos de las investigaciones no son los tiempos de la prensa. Cuando se investiga a personajes políticos hay más dificultades todavía porque hay que enfrentar alguna forma de presión política", reconoció el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez.
"Muchos fiscales y procuradores estamos siendo presionados y algunos incluso hasta amenazados por estas investigaciones", añadió su par en El Salvador, Douglas Meléndez.
El escándalo ha salpicado a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios de países del continente.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que este caso es uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar el continente, y dijo que los tiempos de las investigaciones dependen de las informaciones que van suministrando Brasil, Suiza y EE.UU., que tienen más datos sobre la trama.
"Las jurisdicciones ofrecen cooperación de manera asimétrica. Algunos de nuestros países han recibido información de Brasil, otros no. Algunos han recibido información de Estados Unidos, otros no. Tal vez hay un único denominador común y es que el país que a todos nos ha ofrecido información es Panamá", indicó.
Martínez recordó además que gracias a la cooperación internacional las autoridades colombianas han podido descubrir que no solo fueron amañados dos contratos en ese país, tal y como se reveló el Departamento de Justicia de EE.UU, y que el dinero malversado "ya supera los 40 millones de dólares" frente a los 11 millones señalados en diciembre de 2016.
También acudió al encuentro el fiscal general de Suiza, Michael Lauber, quien explicó que la cooperación internacional no es tan fácil como parece, y que las fiscalías tienen que asegurarse de que los intercambios de información no vulneran las leyes de sus respectivos países.
"Tenemos que tener muy claro que, incluso en los casos más complejos, la ley tiene que ser respetada totalmente (...). Suiza no tiene la intención de guardar ningún fondo ilícito. Hemos bloqueado más de 7.000 millones de francos suizos (7.032 millones de dólares). Tenemos que encontrar caminos para repatriar esos fondos y ayudar a nuestros colegas fiscales de todo el mundo", dijo Lauber.
Los fiscales suscribieron una declaración de 7 puntos, en la que destacan la "relevancia de que las investigaciones de naturaleza penal se puedan desarrollar en un ambiente que garantice la autonomía de los ministerios públicos, es decir, libre de presiones o influencias externas".
También que "es necesario promover el uso de las redes informales de cooperación internacional y la compartición de información espontánea para facilitar el avance de las investigaciones que tiene un alcance transnacional".
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