El colapso de infraestructuras de electricidad y telecomunicaciones en Puerto Rico tras el paso del huracán María dejó en situación crítica al Gobierno, con liquidez solo hasta final de mes y una millonaria deuda esperando.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que el costo de los daños causados por el huracán María se sitúa entre 80.000 y 100.000 millones de dólares, una carga demasiado pesada para una economía sumida en una profunda crisis desde hace una década y que mira a Washington como única forma de salir adelante.
Recurriendo a vocabulario taurino, el huracán María dio la puntilla a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos de poco más de 3,4 millones de personas que atravesaba por una situación precaria, agudizada por el impacto del devastador huracán.
La isla sufre una pesadilla debido al colapso de la actividad comercial, la paralización del turismo -una de sus principales fuentes de ingresos- y las dificultades que supone cumplir con su deuda pública en un escenario de inactividad económica que paraliza la recaudación de impuestos.
Rosselló confirmó que la Hacienda de la isla está a punto de quedarse sin liquidez, lo que ocurrirá tan pronto como a finales de mes, a lo sumo principios de noviembre, con la incógnita de qué va a pasar, de cómo se van a pagar las nóminas de los funcionarios o cumplir con los proveedores.
Rosselló ha dicho, repetido una y otra vez en un mensaje dirigido al Congreso en Washington, que Puerto Rico necesita la misma flexibilidad y ayuda financiera que si se tratara de cualquier otro estado de EE.UU. y no, como no se cansa de decir, una colonia del país norteamericano.
El joven gobernador -no llega a los 40 años- advierte que si el Congreso en Washington no diseña un "paquete" financiero acorde a la situación de Puerto Rico, cuyas infraestructuras están literalmente desparramadas por los suelos de la isla, se avecina una peregrinación en masa a EE.UU. que despoblará la isla.
José Villamil, uno de los economistas más reputados de Puerto Rico, dijo a Efe que si bien a corto plazo, durante un periodo aproximado de un año, la llegada de ayuda para la reconstrucción de fondos federales y del dinero de los seguros creará una sensación de crecimiento será solo un efecto temporal.
"Recuperar el sistema eléctrico llevará 2 o 3 años y las viviendas destruidas otros 2 años. El impacto -negativo- a nivel de crecimiento afectará a largo plazo", según Villamil.
En cuanto a la multimillonaria deuda de más de 70.000 millones de dólares que arrastra la isla, el economista aseguró que no se puede eliminar, pero que en su opinión el Gobierno federal tendrá que asumir una parte.
Un recorrido por las principales calles de la capital muestra un panorama desolador con la gran mayoría de comercios cubiertos todavía por maderas que se colocaron hace más de dos semanas ante el paso del huracán.
Centros comerciales como The Mall of San Juan de la capital ni siquiera han abierto sus puertas y Plaza las Américas, el más grande del Caribe, lo hace de forma limitada en horario y tiendas.
La firma Saks Fifth Avenue, con tienda en The Mall of San Juan, ofrece a sus empleados la posibilidad de reubicarse en otros establecimientos de la empresa fuera de la isla.
Los supermercados son los únicos establecimientos que, de momento, operan, aunque muchos siguen sin abrir sus puertas.
Uno de los sectores más afectados por el huracán es el turístico, ahora mismo inexistente por el cierre de hoteles y las limitaciones de los aeropuertos.
El Aeropuerto de San Juan parece que recupera la normalidad, pero las conexiones transoceánicas son pocas todavía.
Además, la aerolínea española Air Europa no volverá a operar hasta 2018, dada la prevista caída de turistas y los problemas operativos en el aeródromo de San Juan.
Varios hoteles del área turística de la capital han interrumpido sus operaciones por desperfectos y no hay fecha de reapertura.
El director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, José Izquierdo, no aclaró si las operaciones del establecimiento de la cadena española Meliá en Río Grande, municipio de la costa este, finalizarán, tal y como fue divulgado a través de las redes sociales.
La situación de la multitudinaria deuda es otro de los problemas acuciantes, actualmente bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que rige en la isla.
El título III de esa ley aprobada por el Congreso en Washington establece un proceso de reestructuración supervisado por un tribunal federal después de que Gobierno y acreedores no se pusieran de acuerdo en el pago.
El Gobierno, además, está supervisado por una entidad federal establecida por la Ley Promesa.
Recurriendo a vocabulario taurino, el huracán María dio la puntilla a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos de poco más de 3,4 millones de personas que atravesaba por una situación precaria, agudizada por el impacto del devastador huracán.
La isla sufre una pesadilla debido al colapso de la actividad comercial, la paralización del turismo -una de sus principales fuentes de ingresos- y las dificultades que supone cumplir con su deuda pública en un escenario de inactividad económica que paraliza la recaudación de impuestos.
Rosselló confirmó que la Hacienda de la isla está a punto de quedarse sin liquidez, lo que ocurrirá tan pronto como a finales de mes, a lo sumo principios de noviembre, con la incógnita de qué va a pasar, de cómo se van a pagar las nóminas de los funcionarios o cumplir con los proveedores.
Rosselló ha dicho, repetido una y otra vez en un mensaje dirigido al Congreso en Washington, que Puerto Rico necesita la misma flexibilidad y ayuda financiera que si se tratara de cualquier otro estado de EE.UU. y no, como no se cansa de decir, una colonia del país norteamericano.
El joven gobernador -no llega a los 40 años- advierte que si el Congreso en Washington no diseña un "paquete" financiero acorde a la situación de Puerto Rico, cuyas infraestructuras están literalmente desparramadas por los suelos de la isla, se avecina una peregrinación en masa a EE.UU. que despoblará la isla.
José Villamil, uno de los economistas más reputados de Puerto Rico, dijo a Efe que si bien a corto plazo, durante un periodo aproximado de un año, la llegada de ayuda para la reconstrucción de fondos federales y del dinero de los seguros creará una sensación de crecimiento será solo un efecto temporal.
"Recuperar el sistema eléctrico llevará 2 o 3 años y las viviendas destruidas otros 2 años. El impacto -negativo- a nivel de crecimiento afectará a largo plazo", según Villamil.
En cuanto a la multimillonaria deuda de más de 70.000 millones de dólares que arrastra la isla, el economista aseguró que no se puede eliminar, pero que en su opinión el Gobierno federal tendrá que asumir una parte.
Un recorrido por las principales calles de la capital muestra un panorama desolador con la gran mayoría de comercios cubiertos todavía por maderas que se colocaron hace más de dos semanas ante el paso del huracán.
Centros comerciales como The Mall of San Juan de la capital ni siquiera han abierto sus puertas y Plaza las Américas, el más grande del Caribe, lo hace de forma limitada en horario y tiendas.
La firma Saks Fifth Avenue, con tienda en The Mall of San Juan, ofrece a sus empleados la posibilidad de reubicarse en otros establecimientos de la empresa fuera de la isla.
Los supermercados son los únicos establecimientos que, de momento, operan, aunque muchos siguen sin abrir sus puertas.
Uno de los sectores más afectados por el huracán es el turístico, ahora mismo inexistente por el cierre de hoteles y las limitaciones de los aeropuertos.
El Aeropuerto de San Juan parece que recupera la normalidad, pero las conexiones transoceánicas son pocas todavía.
Además, la aerolínea española Air Europa no volverá a operar hasta 2018, dada la prevista caída de turistas y los problemas operativos en el aeródromo de San Juan.
Varios hoteles del área turística de la capital han interrumpido sus operaciones por desperfectos y no hay fecha de reapertura.
El director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, José Izquierdo, no aclaró si las operaciones del establecimiento de la cadena española Meliá en Río Grande, municipio de la costa este, finalizarán, tal y como fue divulgado a través de las redes sociales.
La situación de la multitudinaria deuda es otro de los problemas acuciantes, actualmente bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que rige en la isla.
El título III de esa ley aprobada por el Congreso en Washington establece un proceso de reestructuración supervisado por un tribunal federal después de que Gobierno y acreedores no se pusieran de acuerdo en el pago.
El Gobierno, además, está supervisado por una entidad federal establecida por la Ley Promesa.
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