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SANTO DOMINGO.- La corrupción en República Dominicana tiene un costo anual estimado en unos RD$26,000 millones o el 0.7% del PIB en 2017, según estudio de la organización internacional Oxfam cuyos resultados fueron dados a conocer este miércoles.
El informe, que lleva por título “Se buscan: recursos para garantizar derechos”, indica que dicho volumen es 3.5 veces superior a lo dedicado este año en el Presupuesto General del Estado a educación inicial y más dos veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable.
La presentación del documento estuvo a cargo de Rosa Cañete y Rafael Jovine, autores del mismo.
Calcula que para el 2017 el volumen de recursos malgastados sobrepasaría los RD$90,000 millones, lo cual equivale a cerca del 13% del gasto total del Gobierno Central.
Estima también que el Gobierno malgasta el 2.5% del PIB al año, siendo el uso político de la nómina pública (o “botellas”), la que concentra el 53% del volumen total del malgasto.
Dice que esas partidas podrían reasignarse a educación, vivienda o salud, sectores en los que durante años la inversión pública ha sido insuficiente.
Plantea que esos recursos serían suficientes para financiar políticas públicas urgentes de cara a la garantía de derechos a toda la población por igual.
Las otras áreas identificadas van desde corrupción, entidades que duplican funciones, consejos y comisiones que no muestran actividad, uso clientelar de instituciones y gasto desmedido en publicidad y propaganda.
De acuerdo al informe, por concepto de las denominadas “botellas” existe un espacio fiscal ascendente a unos RD$39,000 millones en el año 2017, equivalente al 1.1% del PIB.
“Si el estado desarrollara una auditoría para eliminar las botellas entendemos que podrían liberarse más recursos de los que reclama Casa YA para financiar una política de vivienda”, sostiene.
Por concepto de entidades que sobran, identifica indicios de duplicidades de funciones en, al menos, 77 instituciones públicas: 34 dependencias sectoriales y 43 consejos/comisiones.
“En principio se trata de un estudio exploratorio y amerita que cada caso sea estudiado a profundidad pero que abre la posibilidad de un ahorro potencial de casi RD$13,000 millones equivalente al 0.4% del PIB lo cual es casi 11 veces superior a lo asignado a vivienda social en el mismo año, así como 9 veces superior a lo previsto para servicios hospitalarios”, expresa.
En cuanto a los gastos con alto potencial de ser dispuestos para uso clientelar, como la publicidad, los viáticos o los fondos para uso discrecional del Presidente se proponen medidas que tendrían un ahorro potencial de más de RD$5,000 millones o el 0.1% del PIB.
“Si este malgasto se reorientara hacia políticas públicas que garanticen derechos, el déficit que actualmente enfrenta el presupuesto público para cumplir con los objetivos que se planteó la Estrategia Nacional de Desarrollo fuera significativamente inferior”, sostiene el estudio.
De eliminarse el malgasto, se podría financiar con los recursos del presupuesto nacional el 45% de lo necesario para educación, salud, vivienda y seguridad social en el año 2020, plantea la organización, según dice.
Esta investigación forma parte de la campaña «Cambiemos las Prioridades», que se ejecuta conjuntamente con Casa Ya, iniciativa de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, que demanda al Estado invierta el 1% del PIB a la sectorial de vivienda durante 10 años.
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