SANTO DOMINGO.- La firma española INDRA, que suministrara los escáneres utilizados por la Junta Central Electoral (JCE) en las elecciones pasadas, se ha visto envuelta en el escándalo de corrupción de la Comunidad de Madrid por presunta financiación irregular al Partido Popular (PP).
Fruto de la investigación, la Guardia Civil española allanó hoy las sedes tanto de INDRA como de la empresa OHL, por orden del juez Eloy Velasco, que tiene a su cargo en la Audiencia Nacional la investigación sobre la adjudicación de contratos públicos.
En la República Dominicana la empresa INDRA tuvo a su cargo el suministro de los escáneres para el escrutinio y transmisión de datos en las elecciones de mayo del 2016. La contratación por parte de la JCE de la firma española fue criticada por varios partidos y finalmente el día de los comicios, la mayoría de los problemas enfrentados tuvo que ver con deficiencias técnicas de los equipos.
Medios españoles informaron hoy que las actividades de la empresa pública de aguas “Canal de Isabel II” en Latinoamérica, investigadas en un caso de corrupción, son hoy objeto de análisis por la Justicia.
La Guardia Civil detuvo la víspera a una docena de personas vinculadas al Canal de Isabel II, entidad presidida por Ignacio González entre 2003 y 2012, año en que accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid, una región de más de seis millones de habitantes.
González fue uno de esos detenidos, el más relevante desde el punto de vista político ya que fue dirigente nacional del Partido Popular (PP, en el gobierno) que el mismo miércoles le suspendió de militancia.
Entre los demás detenidos figuran exdirectivos del Canal, empresa que surte de agua a la región madrileña y que en la pasada década llevó a cabo inversiones y adquisiciones en compañías de varios países latinoamericanos, incluida la República Dominicana, donde tiene como filial la firma AAA Dominicana, presidida por Ángel Rondón Rijo.
En concreto se analiza la compra de sociedades por parte de Inassa, filial del Canal que gestiona contratos de agua en varios de países suramericanos y en torno a la cual gira gran parte del caso.
Son esas actividades las que están siendo investigadas por la Justicia española en el marco de la operación Lezo, impulsada por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que algunos de los implicados se hayan podido repartir dinero supuestamente desviado de esas inversiones.
Además, se investiga si en algunos casos se inflaron las cifras pagadas por la compra de empresas cuyo valor real era claramente inferior.
Mientras tanto cobra fuerza el debate político, que sitúa en el centro de las críticas al gobernante PP (centroderecha), del que Ignacio González también fue dirigente, mientras su mentora política y antecesora al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaraba hoy como testigo en el juicio del llamado caso Gürtel.
En el Gürtel se investiga una trama de empresarios que pagaban comisiones a políticos a cambio de contratos de administraciones públicas.
Una parte del caso pretende averiguar si hubo desvío de fondos al PP y si este partido tenía una contabilidad paralela.
Hoy mismo la Guardia Civil registró las sedes en Madrid de las multinacionales OHL e Indra por orden del juez Eloy Velasco, que desde la Audiencia Nacional indaga la vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.
No hay comentarios:
Publicar un comentario