El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), advirtió hoy que el fallo del Tribunal Superior Administrativo que deja sin efecto la resolución de la Junta Central Electoral sobre la distribución de los diputados para las próximas elecciones del 15 de mayo, pone en riesgo la institucionalidad del país.
En ese sentido, manifestó su preocupación por el curso de los acontecimientos políticos ocurridos en los últimos meses y la dificultad manifiesta de los principales partidos políticos del sistema de apegarse a los procesos institucionales, organizados y democráticos, para la elección de sus representantes de cara a las próximas elecciones.
Hizo énfasis en la necesidad de la aprobación de la Ley de Partidos que establezcan claramente las reglas del juego requeridas por el sistema y de esa manera garantizar una democracia sólida y perdurable.
En el actual proceso electoral resalta la carencia de un orden democrático en los partidos políticos, los cuales apenas han realizado procesos parciales de primarias para elegir unos pocos candidatos.
El organismo dijo que en los procesos que se han podido realizar se han producido conflictos que han impedido definir la mayor parte de los candidatos, poniendo énfasis en los actos de violencia generados, empañando el curso de lo que debió ser una fiesta democrática.
De igual forma, calificó de alarmante lo que parecería ser una marcada tendencia a la implementación de decisiones contrarias a los lineamientos constitucionalmente establecidos.
Un ejemplo de esto es la decisión de recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo para apelar la resolución de distribución de los diputados emitida por la Junta Central Electoral de conformidad con el acápite 1 del artículo 81 de la Constitución de la República Dominicana y el censo de 2010.
La Constitución de la República Dominicana, ordena que los 178 diputados y diputadas sean distribuidos en virtud de la densidad de la población, y entiende que estos cambios están relacionados con el incremento poblacional de las provincias receptoras de estas diputaciones y la disminución poblacional de las provincias reducidas. En tal virtud, en estas elecciones deben ser redistribuidos 9 diputados, como lo establece la Junta Central Electoral mediante resolución 06/2015.
“La arriesgada decisión de suspender los efectos de esta resolución, por parte de un tribunal de dudosa competencia, para favorecer a intereses particulares, afecta no sólo la seguridad jurídica, sino la constitucionalidad misma de la elección de una cantidad importante de legisladores. Esto puede llevar a que se cuestione la legalidad y constitucionalidad de la integración de la Cámara de Diputados, la validez de los actos que realizan y las legislaciones que dicho órgano pueda aprobar a partir de agosto de 2016”, indica el organismo en un comunicado enviado a los medios.
Advirtió que con su planteamiento lo que busca es expresar el sentir de una parte importante de la sociedad dominicana, en especial de sus agentes económicos que apuestan por un sistema de partidos sólido, que sea un canal eficaz para el logro de las aspiraciones e intereses de los diversos sectores del país, preservando el alto grado de legitimidad requerido para constituirse en el garante de la legalidad de las actuaciones del Estado.
Hizo un llamado para que se respete lo establecido por el numeral 1 del artículo 81 de la Constitución de la República Dominicana que establece que los 178 diputados de todo el territorio nacional sean distribuidos de conformidad con la densidad poblacional.
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