SANTO DOMINGO. República Dominicana.-Un general y un coronel de Las Fuerzas Armadas de República Dominicana son el centro de una investigación transnacional dirigida por la  Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) y las autoridades dominicanas, por un caso de tráfico internacional de armas.
La entidad de EEUU alertó al Ministerio de Interior y Policía sobre un supuesto tráfico de armas desde esa nación hacia la República Dominicana, y suministró como evidencia una lista de las armas que supuestamente fueron introducidos ilegalmente.
Fuentes militares dieron la información a periodistas de Acento.com.do.
Una junta de altos oficiales de los Ministerios de Defensa y el de Interior y Policía, asistida por representantes del Ministerio Público, han interrogado al general Cordero Batista de la FARD y al coronel Manuel Guzmán del ERD, en relación con el supuesto trasiego de armadas desde los EE.UU.
El general Cordero fue director del Material Bélico de las Fuerzas Armadas en 2013  y el coronel Guzmán es propietario de una tienda de ventas de armas de fuego en Santiago.
Según las investigaciones el general Cordero facilitaba al coronel Guzmán la legalización de las armas supuestamente provenientes del comercio ilegal.
Además de la comisión, los dos oficiales fueron investigados por  organismos de inteligencia militar y el departamento de Asuntos Internos, según costa en un abultado expediente sobre el proceso.
La ATF entregó una lista de 125 pistolas de diferentes marcas y calibres, compradas legalmente en Estados Unidos, pero introducidas de forma clandestina a la República Dominicana, de las cuales ya las autoridades ha recuperado 37  y tienen ubicadas otras tantas, según documentos de la fuente que ofreció la información.
La junta de generales y  el Ministerio Público allanaron la Armería Heptágono, ubicada en la avenida JP Duarte No.22 de Santiago, propiedad del coronel Manuel  Guzmán, y se confiscaron varias armas y documentos que están en proceso de experticia.
Los investigadores hicieron, además,  un descenso en el Material Bélico de las Fuerzas Armadas, ubicado en la Primera Brigada del Ejército, en el kilometro 25 de la autopista Duarte, en busca de evidencias  que pudieran vincularse al caso que se atribuye a los dos oficiales.
Fuentes del Ministerio Público explicaron que en la pesquisa se encontraron formularios alterados, que supuestamente fueron usados para solicitar la licencias de varias de las armas ilegalmente trasegadas durante la gestión del general Cordero Batista.
Según la norma dominicana, las armas  importadas con fines comerciales son depositadas en el Material Bélico de las Fuerzas Armadas, organismo que es responsable de emitir una certificación o formulario 53, que indica la fecha de ingreso y procedencia de cada arma, para que el Ministerio de Interior pueda emitir la licencia de porte y tenencia al ciudadano o empresa que lo solicite.
Según la investigación, en  el Material Bélico supuestamente se alteraban las fechas de importación de las armadas depositadas por la Armería Heptágono, para que figuraran  como  traídas antes de la emisión del decreto 309-06  del 2006 que prohíbe su importación.
El Ministerio de Interior y Policía ha solicitado por escrito a diversas armerías la recuperación y entrega de varias pistolas que fueron adquiridas por terceros como compradores de buena fe en la armería  del referido oficial, pero que figuran en la lista de la ATF de EEUU.
El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos es una agencia federal de seguridad que pertenece al Departamento de Justicia de Estados Unidos, dedicada entra otras cosas, a la investigación y prevención de las infracciones federales de derivadas del uso y trasiego ilegal de armas de fuego.
Esta agencia  inició la investigación cuando la Dirección de Inteligencia J-2 del Ministerio de Defensa apresó, en julio de este año, a la señora  Carmen  Katherine O. Castillo trasportando ilegalmente 12 armas de fuego procedentes de EE.UU. La dama fue apresada en el Aeropuerto Internacional Cibao, de Santiago.
Posteriormente, las autoridades norteamericanas confirmaron que la señora  Castillo había comprado otras 25 armas de fuego en su territorio, las cuales habrían sido introducidas por la adquiriente al territorio de la República Dominicana y  comercializadas en tiendas de Santiago.
El coronel del Ejército Manuel Guzmán se hace representar por una reconocida firma de abogados de esta capital, encabezada por un ex Procurador General de la República, del cual la fuente no reveló el nombre.