Santo Domingo.– Las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que reforma la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) no lograron disipar el rechazo del sector empresarial, que insiste en que el nuevo esquema de contribuciones representa una carga económica excesiva para las empresas.
En contraste, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) expresó su respaldo a la iniciativa al considerar que fortalecerá la gestión de los desechos en el país.
AIRD y Conep mantienen objeciones
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) advirtió que, pese a los ajustes aprobados por los diputados, la propuesta mantiene un sistema de aportes que obligaría al sector productivo a asumir contribuciones superiores a los RD$9,000 millones, monto que, a su juicio, equivale en la práctica a un nuevo impuesto.
El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, explicó que el artículo 36 del proyecto establece una contribución especial calculada en función del nivel de ingresos y de la actividad económica de cada empresa, sin que existan estudios técnicos que justifiquen la metodología utilizada para determinar esos montos.
El dirigente empresarial sostuvo que el sector privado respalda la necesidad de mejorar el manejo de los residuos sólidos, pero considera que la reforma debe garantizar un esquema de financiamiento equilibrado y sustentado en criterios técnicos.
En la misma línea, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) cuestionó que una parte importante del costo de la reforma recaiga sobre las empresas.
Muchas de las cuales —señala— ya enfrentan un incremento en su carga tributaria tras las recientes modificaciones al Impuesto Sobre la Renta y continúan siendo responsables de una proporción significativa de las recaudaciones fiscales del Estado.
Apoyo de comerciantes y municipios
Por el contrario, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) manifestó su respaldo al proyecto luego de las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados. Su presidente, Iván García, explicó que los cambios reducen las contribuciones que deberán pagar las micro, pequeñas y medianas empresas, una de las principales preocupaciones planteadas durante la discusión de la iniciativa.
También la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) apoyó la reforma al considerar que permitirá fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos, mejorar la disposición final de la basura y reforzar los servicios de recolección que prestan los gobiernos locales.
La organización municipal entiende que la actualización de la legislación contribuirá a enfrentar las deficiencias que presenta el sistema de manejo de desechos en gran parte del territorio nacional y facilitará una mejor coordinación entre las instituciones responsables de la gestión ambiental.
Las posiciones encontradas surgen a pocas horas de que el Senado de la República conozca las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, paso decisivo para definir el futuro de la reforma.
La Ley 225-20, promulgada en 2020, creó el marco legal para la gestión integral de los residuos sólidos en República Dominicana e introdujo el principio de responsabilidad extendida del productor, mediante el cual fabricantes e importadores contribuyen al financiamiento de la recolección, reciclaje y disposición final de los desechos.
La reforma actualmente en discusión busca modificar el esquema de contribuciones económicas para garantizar mayores recursos al sistema de gestión de residuos.
Sin embargo, el sector empresarial sostiene que los nuevos montos incrementan significativamente los costos para las empresas, mientras los municipios consideran que esos recursos son necesarios para mejorar un servicio que enfrenta importantes limitaciones operativas y financieras.
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