Santo Domingo.– Más de 400 personas privadas de libertad con trastornos mentales permanecen actualmente en los centros penitenciarios del país, según datos de la Dirección General de Prisiones.
La cifra evidencia una situación crítica marcada no solo por el hacinamiento y la falta de espacios adecuados, sino también por la escasez de profesionales de salud mental en el sistema penitenciario.
El tema volvió al centro del debate tras el reciente homicidio de una madre y su hijo en San Felipe, Villa Mella, presuntamente a manos de Daniel Moisés Cordero, un exconvicto de 30 años que había cumplido cinco años de prisión en La Victoria por un caso de violación.
Cordero, quien según su familia mostraba comportamientos inestables desde su salida del penal hace cuatro meses, confesó el crimen a las autoridades.
Los cadáveres de Anatalia Rodríguez, de 60 años, y Pedro Daniel Cordero, de 29, fueron hallados con heridas contundentes en la cabeza. Dos barras metálicas ensangrentadas fueron recuperadas en la escena. Familiares alegan que el agresor necesitaba atención psiquiátrica desde hacía tiempo.
Su hermano mayor afirmó que "no salió bien de la cabeza de esa cárcel", y que había recomendado buscar ayuda profesional para él.
La psiquiatra Francis Báez, quien visitó La Victoria tras el incendio de marzo de 2024, describió las áreas destinadas a estos reclusos como espacios sin separación entre internos psicóticos, consumidores problemáticos de sustancias o pacientes con depresiones severas.
"A todos los meten juntos", explicó, indicando además riesgos estructurales como la presencia de camarotes o cableado expuesto, que pueden facilitar autolesiones o agresiones.
Contradicción con estándares internacionales
El juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Báez, señaló que la situación viola las Reglas Nelson Mandela, que establecen que las personas con enfermedades mentales graves no deben permanecer en prisión y deben ser trasladadas a centros especializados.
Indicó también que en el país no existe un hospital psiquiátrico penitenciario, lo que agrava el problema.
Muy pocos psiquiatras y psicólogos para 25 mil internos
La nómina de la Procuraduría General correspondiente a octubre indica que hay 149 profesionales de salud mental, de los cuales solo 13 son psiquiatras. De estos, 10 están asignados a los 44 recintos penitenciarios del nuevo y viejo modelo.
En cuanto a psicólogos, existen 70 en total, pero únicamente 27 trabajan dentro de los centros penitenciarios. Esto significa que, en la práctica, hay un psicólogo por cada 925 privados de libertad.
La psiquiatra forense Giselle Gómez considera que el sistema penitenciario "carece de profesionales expertos" y advirtió que no se debe asignar personal sin especialización penitenciaria. "Zapatero a sus zapatos", dijo, al señalar que el trabajo con reclusos con patologías severas requiere formación específica.
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología, Abril Arias, reconoció la escasez de psiquiatras a nivel nacional, pero resaltó que la falta de psicólogos en cárceles se debe más a decisiones institucionales que a inexistencia de profesionales disponibles.
Tratamientos insuficientes y medicamentos costosos
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, afirmó que los internos con patologías psiquiátricas reciben "muy pobremente" el tratamiento necesario, en parte por el costo de los medicamentos y por la falta de terapias continuas.
Considera que las recientes habilitaciones de espacios para personas con trastornos mentales son "un buen intento, pero solo eso".
Para la psiquiatra forense Gómez, un paciente con esquizofrenia o trastornos crónicos difícilmente puede recibir tratamiento adecuado en un ambiente de insalubridad, violencia y alimentación deficiente.
Especialistas coinciden en que un recluso con un trastorno mental grave sin tratamiento puede representar un riesgo elevado. Puede autolesionarse, agredir a otros internos o provocar motines.
El abogado César Alcántara, defensor de Jean Andrés Pumarol —otro caso reciente de violencia vinculada a enfermedad mental— reconoció que aunque su cliente recibe medicación y visitas familiares, el pabellón psiquiátrico del CCR de San Pedro tiene "muchísimas carencias".
El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, ha reconocido públicamente que el sistema "está en crisis", especialmente desde 2016, cuando se abandonó el modelo de reforma.
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