Santo Domingo, 19 jul (Prensa Latina) Las reacciones de organizaciones sociales contra la aprobación del Código Penal, por considerarlo un retroceso y distanciado de los derechos fundamentales de los sectores vulnerables, marcaron la semana en la República Dominicana, trascendió hoy.
La Oficina para el Desarrollo de la Mujer y el Círculo de Abogadas Minerva de la provincia Hermanas Mirabal expresaron la víspera su rechazo al proyecto del nuevo Código Penal en discusión en el Senado.
En una carta enviada al presidente de la República, Luis Abinader, sostuvieron que el documento perpetúa omisiones históricas, abre puertas a la impunidad y atenta contra los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables.
En ese sentido, mencionaron la prescripción de los delitos sexuales contra los menores de edad y el artículo 112, que otorga una exención de responsabilidad penal a las iglesias.
AUSENCIA TOTAL MENCION DESPENALIZACION DEL ABORTO
Calificaron de “grave” la ausencia total de cualquier mención a la despenalización del aborto bajo las tres causales, en un país donde, añadieron, tantas menores enfrentan embarazos producto de violaciones o está en riesgo la vida de la gestante.
Por otro lado, consideraron que la tipificación del feminicidio sigue siendo inadecuada pues no se reconoce como un crimen autónomo, con lo cual se obstaculiza una respuesta efectiva del sistema judicial ante la forma más extrema de violencia de género.
En la misma línea, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) consideró una “vergüenza y retroceso” el Código Penal aprobado por el Senado en primera lectura.
Calificó de “aberración” el texto por excluir las tres razones por la que se puede interrumpir el embarazo en el país sin consecuencias penales.
PROPUESTA FUE DEJADA SOBRE LA MESA EN EL SENADO
Estas son cuando existe peligro para la madre, malformación del feto y cuando la gestación sea como resultado de violación o incesto. La segunda lectura del proyecto, prevista para el martes pasado, fue aplazada por el Senado.
La nueva propuesta legislativa, que fue dejada sobre la mesa por el Senado durante una sesión extraordinaria celebrada la víspera, contempla penas de hasta 40 años de prisión para delitos considerados de extrema gravedad, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada y las infracciones muy graves de guerra.
El proyecto incluye 124 modificaciones al texto aprobado en primera lectura, con cambios que endurecen sanciones y tipifican nuevos delitos.
rc/mpv
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