Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retiró este martes a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo, a menos de una semana de ser relevado por Donald Trump, quien en su primer mandato colocó a la isla en ese listado que conlleva severas sanciones.
Biden tomó esta decisión para propiciar la liberación de varios presos cubanos como parte de un proceso que cuenta con la mediación del Vaticano, informaron a la prensa altos cargos de la Administración estadounidense.
El mandatario saliente suspendió también la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de Estados Unidos la expropiación de sus propiedades en Cuba y levantó algunas sanciones financieras.
«Desde el comienzo de la Administración Biden-Harris, la política de Estados Unidos hacia Cuba se ha centrado en empoderar al pueblo cubano para que determine libremente su propio futuro y promover el respeto de los derechos humanos», dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Esa premisa, añadió, ha guiado las políticas «para reunificar a las familias cubanas, fortalecer los lazos culturales y educativos entre Cuba y Estados Unidos, permitir que las remesas fluyan más libremente al pueblo cubano y aumentar el apoyo a los empresarios cubanos independientes».
Fuentes de la Administración de Biden explicaron que han recibido en los últimos años peticiones de varios socios, como la Unión Europea (UE), España, Brasil, Colombia, Chile y Canadá, para retirar a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo.
Cuba anuncia la liberación de 553 presos
El Gobierno cubano anunció la liberación de 553 personas «sancionadas por delitos diversos», tras la intermediación del Vaticano con el Ejecutivo insular.
De acuerdo con un comunicado de la Cancillería del país caribeño, el presidente, Miguel Díaz-Canel, comunicó la decisión al papa Francisco «en los primeros días de enero» después de «un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la ley». La medida, agregó la nota, se aplicará «gradualmente».
La ONG Prisoners Defenders (PD) ha cifrado en 1.148 la cantidad de presos por razones políticas en Cuba al cierre de noviembre de 2024. La excarcelación anunciada este martes representa poco menos de la mitad de ellos.
Por otro lado, la organización Justicia 11J aseguró a finales del año pasado que 554 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas, continuaban entre rejas con penas de hasta más de 20 años de prisión.
«El Gobierno de Cuba se ha mantenido en comunicación con el papa Francisco y con sus representantes y, como en el pasado, ha informado a Su Santidad sobre procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, práctica que es común en nuestro sistema de justicia», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual forma, el Ejecutivo insular subrayó que entre 2023 y 2024 «más de 10.000 personas» encarceladas recibieron «distintas modalidades de beneficio previstas en la ley». Y que esta decisión va acorde al «espíritu del Jubileo Ordinario», el gran evento católico que se celebra cada 25 años.
Gobierno Cuba califica el anuncio como «decisión en la dirección correcta»
En un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla subrayó que se trata de un paso «muy limitado» sobre una política «cruel e injusta». «La guerra económica permanece», agregó.
Además destacó que permanecen vigentes «el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas» de EE.UU. contra Cuba, reforzadas con un paquete de nuevas medidas durante el primer mandato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció en las redes sociales «a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por EE.UU. de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo», junto «a otras dos medidas adoptadas», lo que «ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas».
En ese sentido, cita entre otros ejemplos «la persecución ilegal y agresiva contra los suministros de combustible», así como la persecución de acuerdos de cooperación médica internacional de Cuba con otros países, la prohibición y represalias a las transacciones financieras internacionales y las amenazas a los buques mercantes que atraquen en la isla.
La declaración de Exteriores asegura que la guerra económica «persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación» de la economía cubana con un alto costo humano para la población, y que además es «un estímulo a la emigración».
Considera que la decisión de la administración Biden «corrige, de modo muy restringido», y señala que «ocurre ahora, a punto de producirse un cambio de Gobierno, cuando debió haberse materializado hace años, como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos».
Esperanza en llegar a acuerdos
Asimismo, no descarta que el Gobierno estadounidense «podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones», en una referencia al inminente cambio en la Casa Blanca y la llegada al Ejecutivo de Washington de Trump y su nuevo secretario de Estado, Marco Rubio.
La Habana sostiene que «seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito» que a su juicio orquesta Washington.
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