SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, y el comerciante Manuel García Mejía sometieron a la justicia al viceministro de Obras Públicas, Elías Santana y al gerente de la constructora Cogusa SRL, Rafael Guzmán Méndez, acusados de complicidad en irregularidades que, según afirman, se han cometido en la contratación del proyecto de ampliación de la Autopista de San Isidro.
En dicho proceso también están siendo procesados el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión y dicha constructora.
El sometimiento fue interpuesto ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusados de estafa, asociación de malhechores, prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y usurpación de funciones.
También por violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sobrevaluación de la obra por más de 600 millones de pesos.
Hernández, también presidente de la Fundación Primero Justicia, y García Mejía calificaron como escandaloso que Obras Públicas haya admitido públicamente que la ampliación de dicha autopista fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación.
Dijo que esto viola las leyes de Compras y Contrataciones antigua 105-67 y actual la 340-06, alegando que se trata de una adenda a un contrato del 2001, que data de 22 años atrás, regido por la anterior Ley.
“Sin embargo, confirmamos que el párrafo del artículo 18 de la Ley de Compras antigua, la 105 del año 1967, por la que se rige dicho contrato, prohíbe de manera expresa la sesión de cualquier tipo de contrato para obras viales”, expresaron.
“Asimismo, la Ley de Compras actual, la 340-06, tampoco permite la cesión de más del 50% de ninguna obra sin la realización de un proceso de compra, por lo que han cometido una franca violación a las legislaciones antiguas y vigentes”, agregaron.
Hernández agregó que otra mentira del Ministerio de Obras Públicas fue la de declarar que las modificaciones de la obra fueron aprobadas por asambleas populares lo que ha sido desmentido por los dirigentes comunitarios, empresarios y el mismo de Santo Domingo Este.
Solicitaron a la PEPCA profundizar las investigaciones sobre este caso y a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones ordenar la suspensión inmediata de los desembolsos de recursos para dicha obra.
PRESUNTA SOBREVALUACION DE LA OBRA
Hernández solicitó nuevamente la investigación sobre una presunta sobrevaluación por más de 600 millones de pesos, debido a que la obra fue reducida de tamaño, lo que reduce sustancialmente el costo de la misma.
“Se informó inicialmente que los trabajos de ampliación de la carretera realizados por la constructora Cogusa SRL tendría un ancho total de 41.70 metros, con isletas, jardinería y ancho de carriles de 3.50 metros, para lo cual se presupuestó RD$800 millones y un monto extra de RD$2,000 millones para las expropiaciones de terrenos, pero luego sin explicación alguna, ni conocimiento público, el ancho de la autopista fue reducido a 33.70 metros y se eliminaron la isleta central, los espacios verdes y el arbolado lateral», expresaron.
CONSTRUCTORA COGUSA
Solicitaron también a las autoridades indagar por qué ”Constructora Cogusa, S.R.L.”, que según sus documentos constitutivos tiene como especialidad la construcción de apartamentos; con un capital accionario de 500 mil pesos, se le haya adjudicado una obra de más de 2.800 millones de pesos, sin darse a conocer algún proceso de Licitación Pública, y que el costo haya sido aumentado en más de 600 millones de pesos sin explicación alguna.
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