El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal acusado en la investigación del Ministerio Público denominada Operación Calamar, contrató a un lobista estadounidense con la intención de sembrar dudas sobre las motivaciones políticas del proceso judicial.
El objetivo sería elevar hasta Washington las quejas "del tratamiento" contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense.
Guerrero, quien se encuentra detenido con medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva, llegó a un contrato de representación con el exlegislador estadounidense republicano Connie Mack IV. El acuerdo para actuar en favor de Guerrero fue firmado por las empresas Axis Holdings, radicada en Puerto Rico en representación de Guerrero, y Liberty International Group LLC, de Connie Mack. De acuerdo con el documento que fue depositado como parte del proceso de debida diligencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En sus acciones de lobismo, Mack dirigió el 13 de junio de este año una carta a Isiah Parnell, actual encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, en la que gestiona una cita con Parnell para discutir "el arresto y la detención ilegal" de Donald Guerrero.
La carta a Parnell incluye copias a tres altos funcionarios del Departamento de Estado: a Brian Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Todd Robinson, subsecretario de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley; y Katherine M.R. Beaber, directora de la oficina de asuntos del Caribe. También a la administradora de la USAID para América Latina y el Caribe, Marcela Escobari y al jefe de misión actuante de la embajada de los Estados Unidos, Alexander Titolo.
Se recuerda que el encargado de negocios de la embajada de EE.UU. es un diplomático de carrera que asumió el cargo en República Dominicana en mayo de este año.
Lo que dice el lobista
En la misiva enviada a Parnell, Connie Mack dice que en el caso de Donald Guerrero "el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados".
La carta dice que a Abinader le resulta conveniente que "la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora estén presos o bajo amenaza de prisión". Alega, además, que es sospechoso que "el término de 18 meses de prisión preventiva venza poco después de las elecciones del próximo año (2024), apartando a sus opositores de cualquier actividad política hasta ese momento".
Mack, actuando a favor de Guerrero, señala que "los arrestos masivos y las redadas (que se realizaban en los años 90s contra los ciudadanos) se han vuelto contra los políticos". Alega específicamente que, la procuradora adjunta, Yeni Berenice, "es evidente que no solo ha abusado de su cargo; sino que ha convertido a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en un arma política".
Operación Calamar
Los exministros del Gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, son los dos principales acusados en la investigación. Ambos esperan en la cárcel que se deposite la acusación formal por los delitos que se les señala por la supuesta estafa al Estado con más de 19,000 millones de pesos.
El Ministerio Público alega que Donald Guerrero utilizó como complemento a la estructura gubernamental para hacer procesos ilegales de deuda pública y con ello distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano y con ello beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los periodos 2019-2020, que iban a ser utilizados posteriormente para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La Operación Calamar incluye un grupo de veinte imputados entre los que están el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Ángel Lockward y otros abogados privados.
La solicitud de medida de coerción señala que los involucrados supuestamente realizaban libramientos irregulares, previos a las elecciones del 2020, por pago de terrenos declarados de utilidad pública y cuyas litis tenían varias décadas sin resolver. También por "la estructurada operación de soborno" a ingenieros para que entregaran "montos millonarios" que se utilizaron en la campaña interna del PLD, así como crear una estructura sistemática de extorsión sobre bancas de loterías. Tras declararse complejo el expediente Calamar, la jueza Kenya Romero incrementó los plazos ordinarios para realizar acusación.
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