La Investigación Especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) a la construcción de la segunda línea (B2) del Metro de Santo Domingo, confirmó irregularidades en la asignación de 132 contratos por la suma de 6 mil 296 millones 778, mil 314 pesos en la administración de Diandino Peña.
De acuerdo con la auditoría, los investigadores no pudieron encontrar evidencias de convocatorias a licitaciones públicas, comparación de precios, licitaciones restringidas y compras de urgencias en los contratos adjudicados a un grupo de compañías en el periodo 2013 y 2014, que debieron estar disponibles en la página de trasparecía del portal Web de la OPRET y de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado.
De su lado, Edwin Feliz Brito, encargado del Departamento Legal de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte respondió a los auditores de la CCRD, "esta administración (la actual) solo puede informar “las razones por las cuales ” de los asuntos tramitados, autorizados y firmados a partir de la fecha de juramentación de las autoridades designadas a través del decreto número 371-20, de fecha 20 de agosto de 2020 que designa al director ejecutivo de esta entidad".
En el informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas señala que la Ley 340.06 de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios del Estado y sus modificaciones establece en el Articulo 3 lo siguiente:
“Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a los requerimientos de cada proceso. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. La utilización de la tecnología de información facilita el acceso de la comunidad a la gestión del Estado en dicha materia’'
Entre las empresas contratistas beneficiadas con obras asignadas irregularmente, conforme a la Investigación especial de la Camara de Cuentas, figuran Sistemas Avanzados de Tarjetas y Telecomunicaciones, S.R.L. (SATT), T & R Software Solutions, S.R.L., Diaz, Simó & Asociados, S.R.L.; Servicios Generales de Construcción Núftez Campusano, S.R.L. (SERGECONS), Mp Uniformes De Empresas, S.R.L, Consorcio Cosme Rosario & Asocs., S.R.L. (CORYSA).
Igualmente están las compañías Consultores y Constructores Sanitarios, S.R.L, Constructora R.E., E.l.R.L, Imbert Luna & ASOC, Constructora Estrella Javeras, S.R.L.; J Fortuna Constructora SRL. Horizon Consultants, S.A, Scrviaccro. S.R.L, Constructora J.F, SRL., Consorcio Trains Dominicana y otras tantas.
Los contratos asignados a estas empresas para la construcción de la segunda linera del Metro de Santo Domingo, se firmaron bajo las supuestas modalidades de licitación nacional, comparación de precios, licitación restringida y declaración de urgencia, pero según la investigación, no se hallaron evidencias que confirme que los contratos hicieron bajo estas modalidades.
El Articulo 8 de la referida Ley 340-06 de Compra y Contrataciones expresa: “La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas deberá efectuarse mediante la publicación, al menos, en dos diarios de circulación nacional por el término de dos (2) días, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación. Cuando se trate de licitaciones internacionales deberán disponerse, además, avisos en publicaciones de países extranjeros, en los plazos, con la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación(…).
La auditoría
La gestión de Diandino Peña al frente a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) incurrió en irregularidades por más de 30 mil millones de pesos en la construcción del Metro de Santo Domingo, según el informe de una investigación especial de la Cámara de Cuentas, que auditó a esa institución desde enero de 2013 a diciembre de 2017.
La pesquisa se realizó tras dos investigaciones presentadas por El Informe con Alicia Ortega en 2017, la primera que culminó con la destitución de Peña.
Entre los hallazgos, la Cámara de Cuentas detalla una serie de incumplimientos que incluyen expedientes de contratos por RD$14,638,152,328 “carente de documentación soporte”, además de otros procedimientos de contrataciones por RD$6,296,778,314 “sin evidencia de publicaciones a convocatorias”, como lo exige la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
La investigación también presenta procesos valorados en RD$5,022,079,047, que dicen fueron “ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados”.
Con relación a las expropiaciones para la construcción del Metro, la auditoría revela pagos por RD$606,330,944 que “superan los montos de la evaluación” de los terrenos y otros RD$27,551,733 por “desalojos y traslados sin documentos justificativos”.
Fallo tribunal
El pasado viernes 14, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró este viernes inadmisible la acción de amparo interpuesta por el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, para que le ordenara a la Cámara de Cuentas darle acceso a un informe de su gestión en esa institución.
El tribunal, conformado por los jueces Antonio Sánchez Mejía, Franny González y Alina Mora, adoptó la decisión tras acoger la petición del Ministerio Público, que estuvo representado en el proceso por la procuradora fiscal Rosa Alba García, de la Dirección General de Persecución.
El medio de inadmisión fue planteado por las partes accionadas, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Procuraduría General Administrativa y la Cámara de Cuentas, “por ser notoriamente improcedente”.
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