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La comida que cientos de miles de estudiantes que asisten a centros educativos públicos, podría comenzar a cocinarse dentro de los mismos planteles en caso de aprobarse una nueva iniciativa legislativa.
El proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, recibido recientemente por la Cámara de Diputados de manos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), establece una serie de acciones para controlar la alimentación que reciben los estudiantes.
La pieza, que cuenta con el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) destaca dentro de su composición que la cocción de los alimentos dirigidos a la población estudiantil del sector público se realice en cocinas dentro de las escuelas “de manera progresiva”.
Argumentando la necesidad de mantener un control con los procesos bajo los cuales se cocina la comida, así como para evitar la posibilidad de “mala cocción” que derive en malestares, el proyecto busca que todo se dé dentro de las escuelas.
En ese sentido, el proyecto establece que los suplidores podrán, desde el mismo plantel, preparar las raciones alimenticias “de acuerdo con los menús establecidos por un equipo de especialistas del Inabie”.
No obstante, en el caso de que la estructura del centro educativo no permita la instalación de una cocina, contempla que la comida sea cocinada en establecimientos que “no estén a una distancia superior a mil metros” con la finalidad de prevenir riesgos de contaminación y enfermedades.
Sobre el menú, establece que en los centros educativos se establecerá un “currículo de educación alimentario y nutricional” enfocado en “competencias” y que será llevado a cabo por las autoridades, profesionales de educación, la comunidad escolar y otros técnicos.
Según la pieza, el currículo permitiría explorar el “ambiente alimentario” y poder mejorar la alimentación de los estudiantes, así como los otros actores de la comunidad escolar.
Prohibiciones y comida “chatarra”
El proyecto, al promover una “mejor alimentación” prohíbe la venta de comida “chatarra” o ultra procesada en centros públicos y privados y en sus alrededores.
Específicamente, De ser aprobada esta normativa, quedará prohibida por ley las cafeterías en las escuelas, así como la venta de alimentos en el entorno de 500 metros de los centros educativos.
Mientras que los colegios privados que dispongan de cafeterías, casetas o vendedores particulares, deberán supervisar los productos que son consumidos por los estudiantes para garantizar la prohibición de venta de productos ultra procesados y bebidas azucaradas dentro de los colegios privados. Asimismo, estaría prohibida la promoción de alimentos y bebidas que no sean saludable para la niñez y adolescencia, en el entorno escolar.
El ámbito de aplicación de la normativa solo excluye a los colegios privados en lo referente a las disposiciones y requerimientos sobre el Programa de Alimentación Escolar que se entrega únicamente en centros públicos habilitados por el Ministerio de Educación.
Otras novedades
El proyecto también busca realizar las “acciones necesarias” para garantizar el suministro de agua potable gratis y permanente en los planteles escolares.
Por otro lado, en lo referente a violaciones, “considera una infracción toda acción u omisión de los servidores públicos y demás personas responsables en el marco de la alimentación escolar, que contravengan o infrinjan su contenido”.
La pieza obliga a los directores de los centros educativos a constituir y conformar comisiones de supervisión de los alimentos y del buen uso de los recursos destinados para la alimentación escolar.
Además, en caso de que los servidores públicos que dieran mal uso a los recursos destinados para la alimentación escolar serán destituidos y sometidos a la Justicia.
Mientras que a los suplidores se le puede revocar su adjudicación “si resultaren adjudicatarios en un proceso de compras públicas, tras haberse beneficiado de información confidencial obtenida de manera fraudulenta, también si incumplen con la obligación de entrega de los alimentos, en cuanto a calidad, inocuidad, y/o cantidad de los alimentos”.
El anteproyecto entregado a la Cámara de Diputados consta de 105 artículos y seis capítulos con los que se busca constituir una ley que garantice los derechos de los estudiantes del sistema público y privado en materia de alimentación y nutrición.
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